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pimeras comparecencias por la denuncia del grupo municipal socialista

El abogado de alcaldes pedáneos cree que hubo cobro irregular pero no delito

Aduce que los poblados son «tan insignificantes que no les podemos pedir un nivel de exigencia». Ante el juez solo acudieron dos nuevos alcaldes, que no lo eran cuando ocurrieron los hechos

A. M. ROMASANTA lcb@elperiodico.com BADAJOZ
11/07/2018

 

De poco debió servir ayer al titular del juzgado de instrucción número 2 de Badajoz la comparecencia de los alcaldes pedáneos en relación a la denuncia presentada por el grupo municipal socialista por presuntos cobros irregulares en los poblados. Estaban citados tres, que son los únicos a los que hacen referencia las pruebas documentales presentadas en la causa: Valdebótoa, Novelda del Guadiana y Gévora. Pero de Valdebóta y Novelda acudieron los actuales alcaldes, Francisco José Elías y José María Bueno, que no estaban en las fechas a las que se refiere la acusación particular, mientras que el de Gévora, Francisco Sánchez, que sí es el mismo, no se presentó por motivos de salud, según justificó el abogado de los tres, Emilio Cortés. El letrado de la acusación no quiso hacer declaraciones, como tampoco el portavoz del grupo municipal socialista, que firmó la denuncia,

A preguntas de los medios, la defensa reconoció que «es posible que haya alguna irregularidad de tipo administrativo (que no se está dirimiendo en este proceso), yo no digo que la actuación sea pulcra, pero otra cosa es que tenga significado penal», por la gravedad de lo que haya podido suceder. Este abogado defendió por otro lado que el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, carece de protagonismo procesal en este asunto, aun siendo los alcaldes pedáneos sus delegados en los poblados. «No sé si será el último objetivo de la acusación particular, lo desconozco, porque yo no me dedico a la política», manifestó la defensa.

SOBRESEIMIENTO / Esta abogado va a solicitar el sobreseimiento para que los dos alcaldes que comparecieron ayer pierdan su condición de investigados y debe ser la acusación particular la que proponga que declaren los anteriores. El alcalde actual de Valdebótoa entró en mayo del 2017, cuando cesó el anterior, Manuel Matito. Y el de Novelda sustituyó en agosto del 2016 a Manuel Vázquez. Los hechos denunciados por el PSOE se produjeron en el 2013, el 2014 y el 2015, aunque según el abogado, la acusación «es muy difusa». La denuncia se refiere a cobros por la instalación de veladores, puestos de mercadillo, alquiler de locales municipales y uso de instalaciones deportivas, que no eran fiscalizadas por el Ayuntamiento de Badajoz, del que dependen los poblados, ni se ingresaron en las arcas públicas.

Las citaciones de ayer resultaron por tanto estériles en su contribución a una investigación que, según el abogado de estos tres alcaldes ,«no tiene demasiado sentido» pues, en su opinión, no se termina de entender muy bien el encaje penal de los hechos, «aún en el caso de que fuera ciertos». A su parecer, esta forma de actuar en los poblados podría tratarse de una «costumbre consistente en que las personas que instalaban sus casetillas hacían una aportación voluntaria a la pequeña pedanía». Para este abogado, considerarlo delito es como «poner puertas al mar, como si queremos tributar las propinas». Cortés tiene claro además que «no se puede estar interviniendo por cuestiones tan vanas como éstas, cuando a lo mejor lo máximo que va a poder probar la acusación particular es que en un año se han conseguido 800 o 900 euros por este concepto. Es tan insignificante que llama la atención que haya un procedimiento abierto por este motivo», defendió.

Este juzgado decidió sobreseer esta causa porque no encontró indicios de delito, pero la Audiencia Provincial ordenó continuar la investigación tras recurrir el PSOE. Según este abogado, esta decisión está motivada no porque la audiencia entienda que haya delito, «sino porque ha considerado que antes de archivar el asunto se tendría que haber escuchado a los investigados para que expongan sus razones, y en esa fase estamos».

Cortés adujo que el encaje penal que se puede buscar es «un precepto muy residual que existe en el Código Penal que castiga al que exija tasas que no estén previstas en la normativa». En su auto, la Audiencia Provincial lo menciona expresamente: exacciones ilegales (artículo 427 del Código Penal). Pero el abogado sostiene que no se ha demostrado que los pagos se hayan exigido sino que eran voluntarios, y además las pedanías no tienen normativa propia. «Son localidades tan absolutamente insignificantes que no podemos pedirle un nivel de exigencia como a la alcaldía de Tokio», comparó.

Según este abogado, «todos los pagos que se han realizado en este marco están fiscalizados por la Intervención del Ayuntamiento de Badajoz, «o sea que no hay nada extraño, ni oscuro ni nadie se ha ido a Canarias con este dinero». Lo dijo a pesar de que en el procedimiento obra un informe de la Tesorería del Ayuntamiento de Badajoz, según el cual no existían cobros o ingresos en las arcas municipales procedentes de tasas cobradas en los poblados. Emilio Cortés aseguró no haber visto este informe.

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