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La atalaya

Competencias (I)

Fernando Valdés Fernando Valdés
09/10/2017

 

Hace tiempo que las comunidades autónomas se hicieron cargo de las competencias en materia de Patrimonio Histórico. Siempre pensé que eso era un acierto. El centro estaba demasiado lejos y muchos de los problemas que planteaba el día a día de su gestión se resolvían mejor desde la cercanía. Y, además, la red administrativa no era igual de densa en todas partes. En Extremadura resultaba muy sutil. Con todos sus aciertos y errores, las administraciones regionales crearon infraestructuras, normas. Pusieron un poco de orden. Eso durante un cierto período. Han pasado los años. Se nos ha echado encima la crisis económica y los colores políticos se han fosilizado. Hemos pasado en no pocas zonas, a falta de una infraestructura más diversificada, al monocultivo del turismo como único recurso posible. Y todo eso afecta a la conservación del Patrimonio. Badajoz no es el único ejemplo, pero es un caso muy caracterizado. Ni la periodista Pepa Bueno, que es oriunda, la nombró como una de las ciudades extremeñas merecedoras de una visita. Es un síntoma. La gente de aquí lleva tan grabado a fuego el complejo de inferioridad que ni lo percibe. La exitosa Noche en Blanco, amén de un pasatiempo en pequeña escala, es un motivo, después de unas cañas mejor, para engañarse. ¡Qué bonito es esto! ¡Hay que ver lo que tenemos y lo poco que lo aprovechamos! ¡Vamos lentos, pero progresamos! No nos equivoquemos. Vamos para atrás.

Ese tipo de actividades pretenden reemplazar con un hipotético turismo venidero las otras carencias económicas, para él estamos produciendo graduados universitarios que sólo encuentran plaza fuera. Los formamos para que acaben de camareros o de reponedores. Y esto también afecta al Patrimonio. Se restaura, pero no se piensa para nada en el valor profundo de nuestros monumentos, de nuestra riqueza arqueológica. Se busca la explotación fácil, el beneficio inmediato -¿para quién?-. El pretexto es, siempre, la creación de puestos de trabajo. ¿Para eso intervenimos en los monumentos? ¿Para crear trabajo de baja calidad a cambio de destrozarlos? ¿Y la administración regional, qué hace? ¿Es capaz de reaccionar, más allá de encogerse de hombros y de evitarse problemas?

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