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conclusiones definitivas del juicio que se sigue en la audiencia contra el autor de la muerte de mirela Gheorge

Fiscal y acusaciones mantienen que el crimen de Alange fue un asesinato

Aseguran que los informes forenses demuestran que actuó con alevosía y se ensañó con la víctima. La defensa se reafirma en su tesis del homicidio y los atenuantes de arrebato, intoxicación y confesión

B. C. lcb@elperiodico.com BADAJOZ
27/01/2018

 

Visto para sentencia. La última sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz contra G. P., acusado de matar a Mirela Gheorghe, su expareja y madre de su hijo, la madrugada del 6 de enero de hace dos años en el pantano de Alange, sirvió para que las partes presentaran sus conclusiones definitivas al jurado tras cuatro días escuchando a testigos, guardias civiles y peritos. La fiscal y la acusación particular y popular mantuvieron la petición de 25 años de cárcel para el acusado por un delito de asesinato y un año por quebrantamiento continuado de condena, a lo que añadieron la solicitud de que el acusado esté bajo libertad vigilada durante 5 años (fiscalía) y 10 años (acusaciones) tras cumplir la pena, así como que no pueda solicitar el segundo grado hasta haber cumplido la mitad de la misma.

Los argumentos en los que apoyaron sus alegatos fueron coincidentes. Tanto la fiscal como los abogados de la familia, Francisco Conde, y de la Junta de Extremadura, Francisco Caldera, defendieron que las pruebas aportadas por los forenses demuestran que hubo alevosía y ensañamiento por parte del inculpado, agraventes a los que sumaron los de parentesco y razón de género.

La fiscal señaló que Mirela vivió «un calvario» antes de morir y que durante al menos una hora, según el testimonio de los forenses, recibió golpes por parte del acusado «con saña, crueldad, violencia y ánimo de hacer sufrir a la víctima «de manera deliberada».

Añadió que Mirela fue atacada de forma «sorpresiva» cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol y que no tuvo posibilidad de defenderse, como, a su juicio, prueba el hecho de que el inculpado no tuviese «ninguna herida». Frente a la situación de la joven, la fiscal afirmó que G. P. no estaba afectado por el alcohol, pues condujo su vehículo hasta el pantano de Alange, y tras cometer el crimen actuó con «frialdad» deshaciéndose de las pruebas y limpiando «minuciosamente su vehículo». «Él es plenamente responsable de sus hechos, era consciente y además quería hacerlo», aseguró en su alegato. También señaló como móvil del crimen los celos, para concluir que se trata de «un típico caso de violencia de género: si no eres para mí, no eres para nadie».

Asimismo, negó como sostiene la defensa que actuara por «arrebato» y que en su caso concurra el atenuante de confesión, pues solo lo hizo cuando «ya no pudo ocultarse de la Guardia Civil. La fiscal dijo al jurado que el acusado, con 27 años, tendrá una segunda oportunidad cuando cumpla su condena, pero no será así para Mirela. «Su única oportunidad está en manos de ustedes y es que hagan justicia», concluyó.

El abogado de la familia, que sostuvo gran parte de los argumentos que aportó la fiscal, reprochó al acusado que haya estado diciendo «medias verdades para camuflar sus mentiras en la declaración», reiteró que en este crimen concurren los agravantes de ensañamiento, alevosía y nocturnidad y rechazó el atenuante de la confesión «porque todos los datos útiles que pudo aportar fue los que hizo desaparecer». Asimismo, dudó de su arrepentimento, puesto que ni siquiera se había puesto en contacto con los padres de la víctima para pedirles perdón. Además de la pena de cárcel, se solicita una indemnización de 150.000 euros para los dos hijos de Mirela y de 50.000 euros para sus progenitores, que se han hecho cargo de los niños.

También el abogado de la Junta compartió los argumentos de la fiscal y la acusación particular y aseguró que Mirela ha hablado en el juicio a través de los forenses y que su muerte fue «alevosa», porque G. P. quiso aquella noche «que su víctima estuviera indefensa y no cabe duda de que se trató de una agresión sorpresiva y a traición». Añadió que causó a la víctima un sufrimiento «innecesario» y «una muerte lenta», lo que, a su parecer, no deja duda de que el inculpado se ensañó. La víctima presentaba lesiones en 43 zonas diferentes del cuerpo, la mayoría y las más graves en la parte superior.

Por su parte, la defensa mantuvo que se trata de un delito de homicidio con las atenuantes de obcecación, confesión e intoxicación, por lo que la pena debería ser de 9 años de prisión, más seis meses por quebrantamiento de condena. La abogada del inculpado rechazó que existiera ensañamiento pues, según dijo, las pruebas en las que la fiscalía y las acusaciones sustentan sus conclusiones es el informe de los forenses que, según repitió varias veces, es «erróneo», pues se apoya en que el cuerpo de Mirela fue desplazado hasta el agua y «no pensaron en que cayó rodando». Esto, a su juicio, explicaría gran parte de las lesiones que presentaba el cadáver, que se habrían producido con las piedras de gran tamaño y cortantes que hay en el terraplén del pantano, y no porque el inculpado la hubiera estado golpeando durante una hora como testificaron los expertos.

La letrada de G. P. defendió que su cliente colaboró desde el principio con la Guardia Civil y reprochó al resto de las partes que no hubieran tenido en cuenta sus testimonios, pues su defendido incluso llegó a preguntar a uno de ellos «si Mirela estaba muerta». De ahí, que asegurara que el acusado actuó movido por los celos, de manera «improvisada» y bajo los efectos del alcohol. «no hay ensañamiento, son golpes improvisados», dijo, al tiempo que rechazó que concurriera alevosía, puesto que Mirela «no estaba indefensa».

La última palabra la tuvo el acusado, quien pidió perdón a la familia de Mirela, a la suya propia y «a todas las mujeres». «Me arrepiento muchísimo», dijo, al tiempo que aseguró que él estaba dispuesto a «pagar por lo que he hecho, pero no por lo que no hice».

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