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EL PRESIDENTE DE LA SALA DICTARÁ SENTENCIA CONFORME AL VEREDICTO POPULAR

El jurado considera al acusado del crimen de Alange culpable de asesinato

El tribunal dice que hubo alevosía, ensañamiento y aprecia tres agravantes y ninguna atenuante. Las acusaciones piden 26 años, la defensa insiste en la pena que solicitaba por homicidio, 9,5 años

 

El jurado popular que ha juzgado a G. P. por la muerte de Mirela Gheorghe, de 21 años, ocurrida la madrugada del 7 de enero de 2016 en el paraje del pantano de Alange, emitió ayer un veredicto de culpabilidad. El tribunal, compuesto por siete hombres y dos mujeres, consideró al acusado culpable de asesinato, al apreciar que hubo alevosía y ensañamiento, además de las circunstancias agravantes de parentesco, nocturnidad y violencia de género, sin que haya tenido en cuenta ninguna de las atenuantes propuestas por la defensa: de embriaguez, de confesión y de arrebato u obcecación.

El veredicto, que constaba de 48 preguntas, lo leyó en vista pública la portavoz del jurado, a petición del presidente de la Sala, tras siete horas de deliberación, desde las 10.00 hasta las 17.00 horas. Tras su lectura, las partes personadas en la causa realizaron sus consideraciones y peticiones de pena conforme al contenido de la resolución del jurado.

Así, la representante del Ministerio Público, ateniéndose al veredicto consideró que se trata de un delito de asesinato y mantuvo sus conclusiones anteriores, así como la pena solicitada de 25 años de prisión por asesinato y uno más por quebrantamiento de condena, al haber desobedecido la orden de alejamiento e incomunicación impuesta por mandato judicial.

Las acusaciones popular, en representación de la Junta, llevada por Francisco Caldera, y la particular en manos de Francisco José Conde, también mantuvieron sus conclusiones y la misma pena que el fiscal, además de un periodo de entre 5 y 10 años de libertad vigilada, así como las cantidades en concepto de responsabilidad civil, que oscilan entre 90.000 y 150.000 euros para cada uno de los dos hijos de la víctima, y entre 30.000 y 70.000 euros para cada uno de los progenitores de la misma.

La defensa, por su parte, tras escuchar a la portavoz del jurado, insistió en que seguía apreciando los hechos como constitutivos de un delito de homicidio y otro de quebrantamiento de condenada, por los que pedía 9 años y 6 meses, respectivamente.

Con estos elementos, el presidente de la Sala deberá ahora confeccionar la sentencia, ajustándose a los términos de las preguntas del veredicto del jurado, e imponiendo la pena que considere que se atiene al fallo del tribunal. La sentencia podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y ante el Tribunal Supremo, explicaron ayer los letrados de la acusación, que mostraron su satisfacción por la decisión del jurado. «Se ha hecho justicia para la familia de Mirela», manifestó Francisco José Conde.

Así mismo, Caldera consideró que la pena «deberá contemplar, al haberse constatado la existencia de tres agravantes, en el tramo superior de la mitad, según el Código Penal, teniendo en cuenta además que no se han contemplado ninguna de las atenuantes propuestas por la defensa, lo que indica que deberá estar por encima de los 20 años», afirmó.

El jurado señaló en sus respuestas a las preguntas formuladas por el presidente de la Sala, que el acusado fue el autor de la muerte de Mirela; que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse dado que se hallaba bajo los efecto del alcohol; que G. P. actuó de forma premeditada; que ejerció una fuerza que provocó en la víctima un padecimiento prolongado e innecesario; que actuó de noche y en un paraje aislado donde la mujer no tuvo posibilidad de defensa.

Además, indicaron que agresor y agredida fueron pareja estable; que no hubo arrebato u obcecación porque la agredió durante una hora, tiempo suficiente para darse cuenta de lo que hacía y parar; que no está probado que él actuara bajo los efectos del alcohol. No consideró que el acusado confesara espontáneamente; sí que sabía que se investigaba el caso y que acompañó a la Guardia Civil hasta el lugar del suceso.

Con estos elementos, entre otros, el jurado respondió a las preguntas de si era culpable, que sí; y a la de si era culpable de incumplir una orden de alejamiento; también que sí. Y finalmente, sobre si cabe pedir indulto al gobierno, manifestó que no.

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