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problemas como núcleo urbano secundario

Vecinos de la Dehesilla de Calamón se quejan de que se frena su desarrollo

Si no cumplen las exigencias de la Ley de Suelo no pueden tener alumbrado ni mejorar sus calles. El ayuntamiento apoya eximirles de obligaciones, si asumen el mantenimiento de infraestructuras

A. M. ROMASANTA lcb@elperiódico.com BADAJOZ
26/12/2017

 

Pagan tanto IBI como si vivieran en el centro de Badajoz, a pesar de que no reciben apenas atención del ayuntamiento. Los vecinos de la Dehesilla de Calamón vuelven a sacar a palestra la complicada realidad de los Núcleos Urbanos Secundarios (NUS), donde no tienen servicios pero tampoco les permiten asumirlos. En esta urbanización con entrada por la carretera de Valverde viven alrededor de 2.000 pacenses, más que en muchas pedanías, y aunque disfrutan de las ventajas de vivir rodeados de naturaleza, motivo por el cual la mayoría instaló allí su residencia, se sienten aprisionados por las exigencias de la Administración, pues les impiden realizar mejoras en las casas, adecentar los viales e instalar por su cuenta alumbrado público.

La Dehesilla de Calamón surgió a principios de los 80 de la segregación de 300 hectáreas de la finca de secano del mismo nombre, con alcornoques y encinas diseminadas que se ha reconvertido en un espacio con más de 30.000 árboles. Pedro Sánchez, de la asociación vecinal, defiende las ventajas de esta urbanización, cuyos viales tienen un trazado rectilíneo y sus habitantes se han preocupado de mejorar su entorno. «Nuestro barrio se ha hecho a sí mismo», apunta Rubén Méndez, presidente del colectivo vecinal. Todo lo que existe lo han pagado ellos, desde el arreglo de calles (23,4 kilómetros), a la red de abastecimiento de agua, cuya infraestructura realizaron en el 2005 (les costó 1,3 millones de euros). Pero no tienen saneamiento, ni alumbrado público, ni seguridad. Sólo la Guardia Civil «pasa de vez en cuando», apunta Braulio Díaz. El ayuntamiento sí recoge la basura a diario, pero sólo tienen un punto de vertido, alejado hasta 2 kilómetros de algunas casas y situado en la cañada de Sancha Brava, por lo que la Junta les exige mantenerlo limpio de residuos, lo que les cuesta 13.000 euros al año. El problema es que vecinos de fuera vierten allí. Tampoco tienen autobús urbano. Han solicitado un microbús y Tubasa les confirmó que era viable, pero aún carecen de este servicio, fundamental para quienes que no tienen coche propio. Ahora estarían dispuestos a financiar el alumbrado, en cuyo proyecto llevan 5 años trabajando y requiere una inversión de 800.000 euros, para instalar 800 farolas. Pero no se lo permiten. El problema es que la oscuridad conlleva inseguridad.

El problema es que por exigencia de la Ley del Suelo de Extremadura (Lesotex), los NUS tienen que llevar a cabo un plan especial con un programa de ejecución que conlleve un proyecto de urbanización porque es Suelo Urbano No Consolidado. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Badajoz no puede conceder licencias para edificar, ni autorizar ninguna obra de urbanización. Tendrían que reformular el plan especial que ya presentaron en su día, cuando era Área de Admisibilidad Residencial y que la Junta no admitió. Eso supondría tener que cumplir los estándares urbanísticos, con la cesión de espacios libres, de suelo para dotaciones públicas (colegio o centro de salud) y para vivienda protegida. Los vecinos ya lo han calculado, supondría a cada uno entre 60.000 y 90.000 euros. El concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, entiende que es inasumible, pero «mientras esto siga así, yo me temo que no va a haber legalización de ningún NUS».

La solución que se le ocurre al ayuntamiento sería eximirles del cumplimiento de los estándares urbanísticos a cambio de que los vecinos constituyan entidades de conservación para mantener sus infraestructuras y no pidan servicios al ayuntamiento, salvo en dos cuestiones: el saneamiento, por los problemas de salud pública, y la seguridad. «No les vamos exigir, pero que tampoco nos pidan», aduce Rodolfo.

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