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La caducidad de Puigdemont

Mientras el expresidente siga sin sucesión en la Generalitat, retiene la "legitimidad" y la autoridad simbólica que perdería con un Govern efectivo

José Antonio Zarzalejos/ EL PERIÓDICO
06/05/2018

 

El expresidente de la Generalitat no se engaña sobre su futuro. Ya sabe que será la cárcel o lo que él denomina "exilio". En ambos casos, por muchos años. Si los jueces alemanes -que no tardarán en pronunciarse- lo entregan al magistrado Pablo Llarena por uno o varios delitos graves (rebelión o sedición), Carles Puigdemont será enjuiciado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, seguramente, condenado a larga pena de prisión. Si la justicia germana concede la entrega por un delito menor, el instructor de la causa  del 'procés' no la aceptará y acudirá al Tribunal de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo. Y si también en esta instancia la pretensión española es rechazada, el líder independentista estará abocado a deambular lustros lejos de nuestro país. En España se le seguirá persiguiendo por rebelión y malversación.

En círculos judiciales y políticos de la capital no se sabe cuál de las esas dos hipótesis sería más funcional desde el punto de vista político. Comienzan a tomar ventaja las tesis que destacan el "problema" de tener en la cárcel al expresidente. "El secesionismo dispondría de un símbolo permanente, de una referencia constante, de un mártir de la causa que la vivificaría". Otros interlocutores se decantan por el argumento contrario: "La imagen de España está decaída internacionalmente, el Gobierno ha erosionado la percepción del buen funcionamiento de nuestra justicia, [Cristóbal] Montoro y [Rafael] Catalá se han lucido en esa tarea, por eso es necesario una victoria del Supremo en la UE. A largo plazo, consolida al Estado aunque Puigdemont genere muchos problemas estando preso".

La inercia del olvido social
Se da, sin embargo, una coincidencia en todos los interlocutores consultados, sean políticos o magistrados: Puigdemont no volverá a ser, en ningún caso, presidente de la Generalitat y no podrá sobrevivir ni a la autonomía progresiva de un nuevo titular en la Generalitat, ni a la fortísima inercia del olvido social. "Para ser hay que estar", subrayan estas fuentes que consideran que el líder separatista solo puede prolongar su autoridad en tanto en cuanto la comunidad se mantenga en el actual vacío de poder autonómico. De ahí que muchos diagnostiquen en la capital que la repetición de las elecciones dilataría su plazo de caducidad. "Podría hacerlo. Dispone de una minoría de bloqueo, debilitaría a una ERC con Junqueras en la cárcel por tiempo indefinido y [Marta] Rovira, fugitiva en Suiza, terminaría por quebrar al PDECAT de Marta Pascal, intentaría formar un Juntos por la República que se alzase con una nueva victoria en los comicios superando a Ciudadanos y persistiría en presentar batalla al Estado con un Gobierno como el de [Mariano] Rajoy que se mantiene con respiración asistida".  

El pulso entre Puigdemont y sus irreductibles y ERC y PDECAT -incluso con sus colaboradores cercanos en la cárcel, que reclaman una investidura antes del día 22 de mayo- alberga un lógico sentido de supervivencia política para el expresidente. Mientras no se produzca sucesión en el Palau de la plaza Sant Jaume, él es para una buena parte de catalanes, el representante "legítimo" de la Generalitat, asume todo el simbolismo de la institución y mantiene enhiesto el estandarte del proceso soberanista. Una investidura, aun de una persona de su íntegra confianza, le resta activos simbólicos y efectivos, e impediría, además, una legislatura autonómica porque su testaferro no podría renunciar a las tesis secesionistas de su patrocinador y pondría al Gobierno en la tesitura que ya ha sugerido como muy posible su delegado en el Principado, Enric Millo: seguiría el 155 con "cirugía más fina". En todo caso, el Ministerio de Hacienda –y así lo confirman fuentes del departamento- mantendría la intervención sobre el servicio de pagos que se acordó antes y al margen del 155.

Sal en la herida
Por otra parte, el cuadro de la política española está tan desestabilizado y confuso que la relativa normalización catalana con una investidura que propiciase un "Gobierno efectivo" resultaría un favor a un Ejecutivo como el de Rajoy con todos los frentes abiertos. En ese contexto unos nuevos comicios que prolongasen el protagonismo de Puigdemont serían como sal sobre una herida abierta. En otras palabras, carecería de sentido que el expresidente contribuyera a solventar la crisis general del Estado, salvo que el cálculo de resultados de otra vuelta electoral no sea positivo para su proyecto. Tiene toda la lógica subversiva la actitud contraria: resistirse a ser relegado por el funcionamiento normal de la Generalitat y seguir sosteniendo con la libertad actual -relativa pero con margen- la vigencia del proceso soberanista que se hundiría lentamente en un ambiente de progresivo regreso a la institucionalidad.

Finalmente, cabría la posibilidad de constituir "en el exilio" una estructura política paralela a la Generalitat de Catalunya provista de nuevo titular "interino". Opción complicada porque no contaría con el amparo del derecho internacional y porque el mantenimiento de un entramado legitimista resultaría financieramente insostenible. Por eso, la mejor noticia para Madrid sería que en Berlín se acordase una investidura de cualquier diputado o diputada sin cuentas con la justicia porque ello significaría un punto de inflexión en el que el expresidente pasaría irremediablemente a segundo plano y se pondría fin al 'procés', al menos en su actual formulación. Se aproximaría el de Amer -por muy vicaria que fuese la nueva presidencia de la Generalitat- a su caducidad política. El propio Puigdemont es el ejemplo de un presidente inicialmente de circunstancias. El día 11 de enero del 2016, en el pleno de despedida del Ayuntamiento de Girona, afirmó que su paso por la presidencia era "solo temporal" y que no volvería a presentarse. Y ahí está. ¿Quién le garantiza que el/la que le suceda en la Generalitat no se comporte como él con Artur Mas? Los testaferros no suelen funcionar en política.

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