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LA JUDICIALIZACIÓN DEL 'PROCÉS'

El fiscal del Supremo pide 9 años de inhabilitación para Homs

Considera que cometió los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia. Plantea como alternativa una pena de 8 años y 7 meses y multa de 30.000 euros

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID
11/01/2017

 

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita una pena de 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos para el diputado y portavoz en el Congreso de PDECat, Francesc Homs, por su participación en la consulta del 9-N de 2014. El ministerio público considera que cometió un delito de prevaricación administrativa y otro de desobediencia grave.

Como alternativa solicita que se le impongan 7 años y medio de inhabilitación por la prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal y una multa de cinco meses con cuota diaria de 200 euros (30.000 euros) e inhabilitación por un año y un mes más por la desobediencia grave del 410.1, en el caso de que el Supremo prefiera castigar por separado los dos delitos que considera que cometió.

En su escrito de conclusiones el ministerio público solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que abra juicio oral contra el Homs por su gestión de la consulta como consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Cataluña. El acusado "no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular", sino que "impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos a disposición del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas, y, en definitiva, potenció tras haber conocido la providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado proceso participativo”, afirma el fiscal.

Además, el fiscal explica que Homs "era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional”.

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