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EL EXPOLIO DEL PALAU

El juez ordena el ingreso en prisión de forma inmediata para Millet y Montull

El fiscal pidió prisión al sostener que existe riesgo de fuga por los medios económicos de los imputados y la elevada pena impuesta

J.G ALBALAT
05/02/2018

 

El expresidente del Palau de la Musica, Félix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, ingresarán en la cárcel durante este lunes. Así lo ha acordado el tribunal de la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona que hace unos 20 días les condenó. Los magistrados han decidido enviarlos de forma inmediata a la prisión, tal y como ha solicitado en una vistilla la Fiscalía Anticorrupción. Los que fueron máximos representantes de la entidad cultural irán a la prisión de Brians 1 (Sant Esteve de Sesrovires). Será la primera vez que dos pisen un centro penitenciario por el saqueo del auditorio y la intermediación en el pago de comisiones de Ferrovial a CDC. Estuvieron 13 días entre rejas, pero por otro proceso judicial, el del frustrado hotel de lujo que planeaban construir cerca del auditorio, y por el que, al final, el Tribunal Supremo los absolvió.

El mismo tribunal que ahora ha acordado para ellos prisión provisional condenó a Millet nueve años y ocho meses de prisión y a Montull siete años y seis meses de cárcel por varios delitos. Los magistrados consideran que atendiendo las penas impuestas a los que fueran directivos del Palau de la Música existe un "evidente riesgo de fuga". A su entender, ni su avanzada edad ni su estado de salud (Millet va en sillas de rueda y Montull padece una dolencia cardiaca) son razones suficientes para no acordar el ingreso en prisión de forma provisional y durante el tiempo en que el Tribunal Supremo pueda resolver los recursos que han presentado contra la sentencia dictada el pasado 15 de enero por la Audiencia de Barcelona.

La fiscalía también ha reclamado en esta vistilla otras medidas cautelares para la exdirectora financiera de la entidad cultural, Gemma Montull, condenada a cuatro años y seis meses de cárcel, y para el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, penado con cuatro años y cinco meses de prisión. En concreto, ha reclamado para estos la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias en el juzgado. El tribunal ha atendido también esta solcitud.

Gravedad de los hechos

En la vistilla, la fiscal Marta Marquina ha justificado la prisión incondicional sin fianza para Millet y Montull por la elevada pena impuesta y el riesgo de fuga, así como por la "gravedad de  los hechos" que "afectan al interés general y al erario púnico". La acusación pública ha sostenido que el riesgo de fuga es evidente por los medios económicos de los que fueran máximos responsables del Palau, a la vez que ha argumentado que la avanzada edad de Millet y Montull y la merma física que pueden padecer no disminuye la posibilidad de que huyan de la justicia y tampoco impiden que entren en un centro penitenciario. Para sustentar este aspecto, la fiscal ha detallado que en las prisiones catalanas ingresan cada año personas mayores de 75 años.

El Palau de la Musica, por su parte, se ha adherido a la petición del fiscal. No así la acusación popular de la Federació d'Associacions de Veins, que se ha opuesto al entender que no se ha aportado elementos nuevos que hagan necesario el encarcelamiento de Millet y Montull. A estas dos personas el juez que instruyó la causa ya les retiró el pasaporte y les obligó a comparecer en el juzgado cada cierto tiempo. A Gemma Montull, además, se le impuso una fianza de 500.000 euros.

Turbo en una silla de ruedas
El abogado Abraham Castro, defensor de Millet, ha recordado que no existe riesgo de fuga de su cliente, por su estado de salud, su falta de medios económicos y el arraigo familiar. "Como no le ponga un turbo a la silla de ruedas, no sé dónde va a ir" ha asegurado el letrado, a la vez que ha recordado que el expresidente del Palau ha puesto a disposición de la justicia todos sus bienes para reparar el daño causado y ha confesado haberse apropiado de fondos. Y ha insistido que Millet pudo haber huido en su día y que no lo hizo, sino que, en cambio, aportó "hasta el último céntimo". "Ha estado nueve años sin fugarse", ha espetado, para después añadir que si defendido siempre ha comparecido cuando le ha citado la justicia.

El letrado Jorge Navarro, que defiende a Jordi Montull, también se ha referido al estado de salud de su cliente, que ha entregado a la justicia sus bienes y ha cumplido con las comparecencias en el juzgado que acordó el magistrado que instruyó la causa. El abogado, además, representa a Gemma Montull, que ya en su día tuvo que depositar una fianza de 500.000 euros. Sobre la petición del fiscal sobre esta exalto cargo del Palau ha dicho que es "innecesaria".

La abogada Judit Gené, que defiende a Daniel Osàcar, ha aludido, igual que lo han hecho los principales investigados, al delicado estado de salud del que fuera extesorero de CDC y que éste nunca ha tenido la intención de sustraerse a la acción de la justicia. "La sentencia fue un mazazo contra él", ha reconocido.  

Comisiones ilegales

La sentencia hecha pública el pasado 15 de enero sostenía que CDC cobró comisiones ilegales por al menos 6,6 millones de euros de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras pública en Catalunya. Tanto el partido como la empresa utilizaron para canalizar esos fondos el Palau de la Música y la complacencia de los que eran hasta el 2009 sus máximos directivos, Félix Millet y Jordi Montull. De ahí que los magistrados condenaran a la formación política por haberse financiado ilegalmente durante una década (1999-2009) y acordó el decomiso de esos 6,6 millones. Los ejecutivos de Ferrovial acusados fueron absueltos, entre otras cosas, por la prescripción del delito. CDC ha anunciado que presentará recurso al Tribunal Supremo, al igual que las defensas de los principales implicados. La fiscalía hará lo propio con la exculpación de los directivos de la constructora.

Millet y Montull, "con la necesaria colaboración de Gemma Montull", además, pergeñaron un entramado delictivo alrededor del Palau que les permitió desviar y apoderarse de más de 23 millones de euros entre el 2000 y el 2009. Los tres movieron fondos a su antojo para pagar gastos particulares, como obras en sus viviendas o viajes a países exóticos.

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