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DECLARACIÓN EN EL JUICIO DE LA EXCONSEJERA ANDALUZA

Magdalena Álvarez dice desconocer cómo se pagaban las ayudas de los ERE

Defiende que no controlaba la ejecución del gasto y que no supo de los reparos de Intervención al método para pagar las prejubilaciones

JULIA CAMACHO
26/02/2018

 

La exconsejera andaluza Magdalena Álvarez dejó claro este lunes por dónde pasa la línea de defensa de la mayor parte de los exaltos cargos implicados en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía: sostuvo que el procedimiento usado por la administración era legal, y que cualquier irregularidad se circunscribe al uso de los fondos en la Consejería de Empleo. Así, la que fuera ministra de Fomento de José Luis Rodríguez Zapatero defendió que solo confeccionaba los presupuestos, por lo que no conocía, asegura, ni tenía "por qué conocer" cómo se pagaban las ayudas a empresas en crisis o las prejubilaciones, de igual manera que no supo de los reparos de la Intervención General.

"Es un error pensar que Hacienda lo controlaba todo, lo controlaba la Intervención General", espetó a la fiscalía, que pide para ella 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La declaración de Álvarez demostró por qué sus enemigos la acusan de soberbia. Con un enorme dossier de documentos y un lenguaje técnico, plagado de datos, se dedicó durante casi tres horas a arrinconar al ministerio público por su escaso conocimiento sobre la Hacienda pública o la elaboración de presupuestos.

Su labor, explicó, se limitó a elaborar los presupuestos cuadrando las previsiones de ingresos y las estimaciones de gasto de cada consejería, un procedimiento que aprobaba posteriormente el Parlamento. Pero no controlaba, dijo, cómo ejecutaba el gasto cada departamento, ni entraba al detalle de las modificaciones presupuestarias que presentaba cada uno. En total, unas 40.000 modificaciones en una década, que, en el caso de Empleo, el fiscal atribuye precisamente al descontrol con los fondos públicos derivado de un sistema inadecuado, las transferencias de financiación.

En este punto, la exresponsable de Economía y Hacienda en la Junta de Andalucía se refirió al documento clave de la acusación, el informe de la Intervención General de la Administración del Estado, atribuyendo a una "mala interpretación" de los peritos el uso de dichas transferencias solo para compensar las cuentas de explotación de los entes autónomos, y no para el pago de subvenciones.

Un procedimiento "muy reglado"
Álvarez, que abandonó el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tras ser imputada, insistió en que no conocía la normativa de concesión de ayudas, pero que había un procedimiento "muy reglado" y fiscalización previa, como recogía la ley de presupuestos.  Y aseguró que tampoco tuvo conocimiento de los reparos de la Intervención General al procedimiento empleado por la Junta, que se solucionaba con la consejería afectada. 

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