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DESDE MADRID

El PNV, entre el 'procés' y Rajoy

Los nacionalistas vascos están ante el dilema de ser solidarios con el independentismo o apoyar los Presupuestos y evitar elecciones generales. Montoro y Rivera quieren implicar a los socialistas en la aprobación de las cuentas del 2018 para no tener que depender de los peneuvistas

JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
08/01/2018

 

El PNV es considerado, con solo cinco escaños, como el "cuarto partido" en el Congreso de los Diputados porque con su colaboración con el PP y Ciudadanos ha facilitado desde la formación de la Mesa de la Cámara baja hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del 2017. Mariano Rajoy ha logrado contar con los nacionalistas vascos para formar un "bloque mayoritario" con los 32 diputados de Albert Rivera, los dos de los partidos canarios y el grupo parlamentario que dirige Aitor Esteban. Y todo ha sido relativamente sencillo hasta que el 'procés' catalán enturbió las relaciones del PNV con el Gobierno y el PP.

Antes de que se acordase aplicar el artículo 155, los nacionalistas vascos actuaban a dos manos. Con una, decían apoyar las reivindicaciones de los secesionistas aunque sin comulgar con sus procedimientos unilaterales, y con la otra, acordaban con el Ejecutivo el cupo quinquenal, muy favorable para las finanzas del País Vasco, y comprometían, a la vez, partidas presupuestarias importantes especialmente para las infraestructuras y la industria vasca.

Ahora el lendakari Íñigo Urkullu y el presidente de la ejecutiva nacional del PNV (EBB), Andoni Ortuzar, se encuentran ante un grave dilema: seguir siendo solidarios con las fuerzas secesionistas de Catalunya y no negociar con el Gobierno los Presupuestos del 2018, lo que privaría a Euskadi de ventajas importantes e impediría, según Cristóbal Montoro, la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, o, a despecho de la vigencia del 155, abrir conversaciones con el Ministerio de Hacienda y salvar los compromisos adquiridos, facilitar la financiación de las demás autonomías y, a la postre, evitar que la legislatura se acorte y se convoquen elecciones generales en el 2019, tras la prórroga de los presupuestos del 2017. Se da un factor que desequilibra esta ecuación: en Euskadi cada día se observa con mayor reticencia, reproche y distancia el 'procés'.

Ensayo de una vía propia
Esta virtual ruptura de relaciones entre el nacionalismo vasco y el catalán tiene su explicación: Euskadi está ensayando una vía propia, negociada con el PSE-PSOE y el PP, para renovar el Estatuto de 1979 y blindar el Concierto Económico que, con gran alarma en el País Vasco, está siendo severamente criticado. Por primera vez en democracia, un grupo parlamentario (Ciudadanos) votó en contra de la Ley de Cupo y varios expertos de la Comisión que estudia la nueva financiación autonómica se han retirado de este organismo por considerar que el sistema paccionado es privilegiado e injusto. Entre ellos, Guillem López i Casanovas, que se ha encargado de impugnar las desigualdades que propicia el cupo, secundado por Ángel Lafuente y otros economistas de Fedea.

Mientras tanto, el Gobierno vasco ha creado un "fondo soberano" para comprar participaciones en industrias "estratégicas" de Euskadi, el lendakari proclama que el País Vasco es "la casa del acuerdo y el pacto", los vascos en un 77% se declaran satisfechos con su Estatuto, el Rey tiene allí más audiencia (235.000 espectadores en el discurso de Navidad) que el lendakari en su mensaje de fin de año (189.000) y este reprocha a Puigdemont que "un país no se puede gobernar por internet".

La respuesta desde Vitoria ha consistido en la propuesta de que el Concierto se extienda a otras comunidades. En ese sentido se ha manifestado Urkullu en un artículo de prensa y el que fuera uno de los gestores del sistema paccionado, Pedro Luis Uriarte, que en declaraciones públicas impulsa la idea de un pacto fiscal para Catalunya como punto de encuentro entre secesionistas y constitucionalista. El expolítico y exbanquero vasco considera que Catalunya ha "pagado un alto precio por renunciar al Concierto Económico". Andoni Zabalza ya se ha encargado de contestarles: "Generalizarlo debilitaría al Gobierno central y liquidaría el mecanismo de igualación".

En terreno de nadie
Pese a todo, el PNV  insiste en no negociar los Presupuestos hasta tanto no se levante el 155 en Catalunya, a cuyos políticos independentistas reprocha reiteradamente su comportamiento. En estas circunstancias, descartado que el PSOE -como está pretendiendo también Montoro y el propio Rivera- apoye las cuentas del 2018, el PNV se encuentra en el terreno de nadie y podría ser el responsable último de que la legislatura abortase sobre todo porque no es imposible que las elecciones catalanas se tengan que repetir con lo que ello implicaría de continuidad del artículo 155. Urkullu -tras el fiasco de su mediación con Puigdemont el pasado 27 de octubre- no se implicará directamente en la cuestión catalana.

Los nacionalistas vascos, sin embargo, tendrán que decantarse por negociar o enrocarse -con pérdida de muchos de los logros conseguidos en la negociación presupuestaria- en los dos próximos meses. Urkullu, que preside una coalición con el PSE-PSOE, no tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Vitoria, que alcanza con la colaboración del PP, gracias al cual ha aprobado los presupuestos autonómicos. El empresariado vasco -muy preocupado por la deslocalización industrial- presiona discretamente para que Urkullu y Ortuzar tomen partido por Rajoy y se desentiendan del 'procés'. La respuesta del PNV será decisiva. Este lunes Esteban, en una entrevista en Radio Euskadi, la dejó en suspenso incrementando la incertidumbre política que se vive en Madrid.

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