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El único condenado permanente

Solo un reo, asesino confeso de sus hijas, se halla bajo la 'cadena perpetua' española

MIRIAM RUIZ CASTRO
21/01/2018

 

Candela y Amaya tenían 9 y 4 años cuando su padre las asesinó con una sierra eléctrica. Antes las había adormecido, y después las remató con un cuchillo. Dos años después, David Oubel confesaba el crimen. "Reconozco los hechos”, dijo antes de que el jurado popular lo declarara culpable. En julio de 2017, el filicida de Moraña se convirtió en el primer condenado a prisión permanente revisable, la pena máxima incluida en el Código Penal en 2015. Y en el único hasta la fecha.

Apenas unos meses después, en octubre, el Congreso de los Diputados iniciaba la derogación de esta medida, a instancias del PNV, en una votación que contó con el apoyo de todos los partidos salvo el PP y con la abstención de Ciudadanos. La prisión permanente revisable parecía tener los días contados, pero mientras la Comisión de Justicia trabajaba en el texto definitivo, la Policía detenía en Galicia al presunto asesino de la joven Diana Quer.

Campaña de firmas
 “Una persona que comete un delito de esta índole, ¿qué otra pena merece?”. Rocío Viéitez, madre de Candela y Amaya, había iniciado una recogida de firmas para pedir al Congreso que no se derogara la pena a la que su exmarido había sido condenado. Su petición había recabado alrededor de 8.000 firmas, pero el caso Diana Quer las convirtió en más de 738.000 en apenas una semana.

A la campaña se han sumado familiares de otras víctimas cuyos casos habían tenido gran repercusión, como Marta del Castillo, Sandra Palo o Mariluz Cortés. Ellos mismos fueron quienes más aplaudieron la aprobación de la prisión permanente desde la tribuna de invitados cuando, en 2015, el PP se valió de su mayoría absoluta para sacarla adelante en solitario. Juan José Cortés, padre de Mariluz, había iniciado su propia cruzada a favor de la cadena perpetua —sin paliativos— hace 10 años. Recabó más de dos millones de firmas con las que arrancó al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el compromiso de endurecer las penas para los pederastas. Al final de la legislatura socialista, el PP aumentó la presión para que la cadena perpetua se incluyera en el debate, e incluso incorporó al padre de Mariluz como asesor para su reforma del Código Penal. Pero el PSOE lo tachó de “oportunista”.

La mayoría absoluta del PP trajo consigo la prisión permanente revisable, pero como ocurrió con muchas otras medidas aprobadas por los populares en solitario, la oposición la llevó al TC. La premisa es que esta figura atenta contra el artículo 25.2 de la Constitución, que exige la reinserción social. Han pasado dos años y medio, y el Tribunal todavía no se ha pronunciado. Fuentes judiciales señalan que no hay fecha para la resolución, puesto que los asuntos atrasados se van abordando poco a poco y sin calendario previsto. Eliminar de nuestro ordenamiento jurídico la prisión permanente no solo está en manos del Parlamento.

Una medida excepcional
En los casi tres años que la prisión permanente revisable lleva en vigor, la Fiscalía ha solicitado apenas un puñado de veces esta medida y solo existe un condenado en firme. “Su aplicación no es facultativa sino obligatoria”, recuerda el fiscal y presidente de la UPF Emilio Fernández, pero el Código Penal la restringe a los supuestos más graves.

Si la pena máxima se eliminara finalmente del Código Penal, el filicida de Moraña vería modificada su pena. Esto se debe a que si la nueva norma es más favorable para el reo, se aplica la retroactividad. No ha ocurrido habitualmente, como recuerda el fiscal, porque en los últimos años las modificaciones que se han hecho han sido para agravar las penas, y en este caso al ya condenado no le afecta.

La prisión permanente revisable nació cuestionada y, mientras el Congreso decide si firma su acta de defunción, las posturas parecen no haber cambiado. La Abogacía española insistía en que “una medida de semejante repercusión penitenciaria no debería aprobarse sin un consenso y debate en profundidad que justifique este endurecimiento penal”. Y desde Jueces para la Democracia consideran que “vulnera el principio de reinserción social”. “Si se cumplieran íntegramente las condenas, no sería necesaria”, defiende el fiscal Fernández. “Los hechos muy graves tienen que tener una respuesta adecuada, pero al tratarse de una ley orgánica, la decisión está en manos del Parlamento”. Si cambian las mayorías, cambiarán también las penas.

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