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45.000 extremeños sin acceso a un banco

Hay al menos 120 municipios que no disponen ya de ninguna sucursal en la región. El Banco de España cifra en 275 los cierres de oficinas desde que se inició la crisis

R. CANTERO region@extremadura.elperiodico.com CÁCERES
03/02/2018

 

Esta semana 33 alcaldes de municipios extremeños han denunciado la exclusión financiera a la que el cierre de ventanillas de Liberbank aboca a sus pueblos, todos con menos de 1.000 habitantes y con una población muy envejecida. Es el último capítulo de la realidad que se abrió con las fusiones y reestructuraciones derivadas de la crisis bancaria que ha modificado en los últimos años el mapa financiero y que se ha cebado con el mundo rural, porque ya hay alrededor de 45.000 extremeños que no tienen acceso a una oficina bancaria y uno de cada tres pueblos (al menos 121) no cuentan con ninguna sucursal en sus calles; es lo que ya se ha popularizado como la exclusión financiera.

El informe Mediterráneo Económico. El acceso a los servicios bancarios en España, que firma el catedrático de la Universidad de Valencia Joaquín Maudos ha puesto cifra a la desoladora realidad de la España rural. Según ese documento hay un 2,4% de la población que no puede acceder físicamente a los servicios financieros de una oficina bancaria en su lugar de residencia, dato que en el caso de Extremadura se eleva hasta el 4,5% y que se acusa especialmente en la provincia de Cáceres, donde la exclusión financiera alcanza al menos al 7,6% de la población y a un 41% de los municipios, según los últimos datos disponibles, correspondientes al 2015. Los cierres desde entonces no han cesado.

máximos en 2008/ El panorama que retrata dista bastante del año de referencia para este trabajo, el 2008, en el que la red de oficinas alcanzó máximos en España con más de 45.000. La población extremeña residente entonces en municipios sin sucursales bancarias era del 2,5% (27.851 personas) y había 86 pueblos sin oficina (uno de cada cuatro).

En los siete años que abarca el informe, 35 localidades más han perdido las oficinas presenciales que tenían y 17.000 extremeños han pasado a estar aislados para realizar operaciones básicas como el pago de recibos.

El retroceso en este tipo de servicios ha sido especialmente acusado en la provincia de Cáceres, a la que pertenecen 93 de los 121 pueblos que recoge este informe y casi 31.000 de los 45.000 habitantes sin acceso a una sucursal.

Por tipo de entidad, el informe refleja la importancia de las cajas de ahorro y los bancos de fundaciones bancarias (la figura en la que se convirtieron las cajas tras el rescate a la banca española) en Extremadura a la hora de facilitar la accesibilidad a los servicios bancarios, especialmente en la provincia de Cáceres, la segunda en importancia a nivel nacional: el 15,5% de la población vivía en 2008 en municipios en los que únicamente había caja de ahorros. Las consecuencias que el ajuste llevado a cabo en este tipo de entidades con la crisis (más pronunciado que en el caso de los bancos) ha supuesto que 24 localidades perdieran su única oficina.

MÁS CIERRES/ Y lo peor es que parece que el proceso de cierres puede continuar aún. El catedrático de Economía de la Uex y decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Julián Ramajo, opina que el proceso de reestructuración financiera, tanto a nivel nacional como regional, aún no se ha cerrado y por tanto, «el cierre de oficinas va a continuar, aunque posiblemente a un ritmo mucho menor que en los últimos dos o tres años». El experto arguye además que las características del ámbito rural extremeño lo convierten en «candidato natural» a los cierres.

«Desde el punto de vista empresarial, la estrategia más eficiente es situar las oficinas en aquellos núcleos urbanos cuya zona de influencia poblacional sea mayor», advierte el catedrático. Así que en los próximos años las poblaciones más pequeñas seguirán perdiendo este servicio y «aumentará la dimensión de las oficinas en los pueblos o ciudades más grandes», apunta. En línea con eso considera además que cambiará también el paisaje en las grandes ciudades de la región, donde «las oficinas bancarias tenderán a concentrarse en la zona centro o en aquellos barrios donde haya mayor concentración poblacional».

Las entidades han encontrado en la banca online el aliado necesario para contrarrestar los efectos negativos del cierre de sucursales que ha tenido lugar desde 2008. El grado de penetración de este modelo en los últimos años ha sido importante, sin embargo los alcaldes de algunos de los municipios afectados por estos cierres no comparten que ese modelo sea la solución.

«Más del 60% de nuestra población son personas mayores de 65 años y la mayoría no tienen ni tarjeta con la que operar en el cajero, cuanto menos hablarles de banca online», dice Carlos Carlos Rodriguez, alcalde de Calzadilla, uno de los que esta semana ha denunciado el aislamiento al que dirige a sus municipios el cierre de la única sucursal que había.

La oficina de la antigua Caja de Extremadura de Calzadilla se convertirá en una más de las 275 que a finales de 2017 habían cerrado sus puertas en la región según los datos del Banco de España. Y junto a este municipio, las oficinas de Aldehuela, Carbajo, Carrascalejo, Puerto de Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, Calzadilla, Santiago de Alcántara, Rebollar, Azabal, Aldehuela del Jerte, Salvatierra de Santiago, Villamesías, Herrera de Alcántara, Herreruela, Villasbuenas de Gata, Aldea del Cano y Santa Cruz de Paniagua. Además de Serrejón, Abertura, Morcillo, Santa Marta de Magasca, Santiago del Campo, Aldea del Obispo, Casas de Don Gómez, Pescueza, Piedras Albas, Segura de Toro, Mata de Alcántara, Portezuelo, Casillas de Coria, Torre de Santa María, Descargamaría y Valdehúncar, todos en la privincia de Cáceres.

CORRESPONSALÍAS/ Estos cierres de ventanillas que se materializaron principalmente en esta semana y que se completarán en los próximos días forman parte de la reestructuración anunciada en 2016 por Liberbank que afectaría a 80 oficinas en la región y a alrededor de la mitad de los 1.150 empleos que Caja Extremadura tenía en 2010, según los datos de Csica (Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas y Afines). No obstante, Miguel Ángel Rodríguez, secretario general de la Sección sindical del Grupo Liberbank, se muestra muy crítico con la reivindicación política que ha surgido a colación de las últimas clausuras de ventanillas en la provincia de Cáceres “porque la clase política votó en los órganos de gobierno que decidieron la conversión de Caja Extremadura en banco y estas son las consecuencias de las que nosotros ya les avisamos”, afirma. La conversión fue una imposición de las autoridades europeas a España en el momento del rescate bancario.

Los cierres 33 últimos cierres corresponden a oficinas conocidas como corresponsalías, que abren varias horas un día a la semana, y están atendidas por trabajadores de otras oficinas de mayor entidad. El portavoz de Csica critica los cierres y también el motivo señalado por Liberbank: el problema de seguridad que suponía que los trabajadores tuvieran que viajar con dinero entre distintas poblaciones. «Es cierto que es un riesgo, y hemos denunciado infinidad de ocasiones que estaban incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales, pero que ahora justifiquen con eso los cierres no es más que una excusa que han buscado», señala el representante sindical.

PROBLEMA SOCIAL/ La raíz de la queja política es el problema social que supone el cierre de estas oficinas y con ello la pérdida de un servicio básico para los habitantes de estos pequeños municipios, en un entorno rural castigado por la pérdida de población. A los vecinos de Calzadilla un cartel en la puerta de la oficina cerrada desde el pasado jueves les envía a la oficina de Coria, situada a 12 kilómetros del pueblo. «No es la distancia, sino que la mayoría de la gente mayor no tiene posibilidad de llegar hasta allí, bien porque no tiene coche o porque tiene movilidad reducida», lamenta el regidor.

Es el mismo problema que se plantea en otra de las localidades afectadas, Mata de Alcántara. Allí la única sucursal que ha habido en el pueblo «toda la vida», de Caja Extremadura, cerró hace ya una semana. Solo abría los viernes por la mañana y el último fue el del 27 de enero. Ahora deben acudir a la oficina de referencia para ellos, en Alcántara, a seis kilómetros de distancia. «Está cerca, pero muchos mayores, que son la mitad de la población, no tienen vehículos a su disposición o no pueden conducir, y no tienen forma de acceder a sus pensiones o sus ahorros», denuncia Luis Galán, alcalde de la localidad. Como anunciaron los 33 regidores afectados por estos cierres, Galán dio el 1 de febrero la orden de cancelar todas las operaciones con la entidad, según confirmó, después de que cumpliera el plazo dado para que Liberbank les ofreciera una solución o detuviera las clausuras.

REACCIONES/ La reivindicación de los alcaldes ha cosechado numerosas muestras de apoyo en los últimos días, en primer lugar de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, que acompañaron a los regidores en su denuncia pública.

Además el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Francisco Buenavista, expresó igualmente su apoyo a los alcaldes y señaló que el cierre de esos equipamientos financieros físicos supondrá «una discriminación social» y un «freno para la economía y el desarrollo de esos municipios», y que «contribuirá gravemente a aumentar el despoblamiento de la región».

También el grupo parlamentario Podemos registró en la Asamblea una propuesta de impulso en la que se insta a la Junta a negociar y mediar con aquellas entidades bancarias que pretenden cerrar sus oficinas en las zonas rurales de Extremadura. Pide que en caso de que las negociaciones resulten infructuosas la Junta deje de operar y cancele sus cuentas bancarias con esas entidades y que se cree una comisión para proponer y ejecutar medidas contra la exclusión financiera.

Por su parte el partido regionalista Extremeños denunció que los cierres «estrangulan a los pequeños municipios».

Igualmente la asociación Adicae manifestó que las entidades tienen la obligación de garantizar la provisión de liquidez como servicio básico vinculado a cualquier cuenta bancaria y planteó para ellos alternativas como «cajeros que van completándose periodicamente o automóviles habilitados para llevar a esa gente la provisión de liquidez»

Liberbank no respondió a los reiterados intentos de este diario por recoger su postura.

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