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45 centros educativos y medio centenar de empresas deberán instalar desfibriladores

Sanidad quiere que Extremadura sea este año «una región cardioprotegida» . La obligación será para los centros con 250 trabajadores o más de 700 alumnos

Guadalupe Moral
04/06/2018

 

En el 2009 un alumno del instituto de Jaraíz de la Vera falleció de forma súbita a las puertas del centro mientras esperaba que sonara el timbre para entrar en clase. Ese mismo año, otro joven de 25 años perdía la vida desplomado en Almendralejo mientras disputaba la liga de pádel del Club San Marcos. En el 2013 la tragedia se repetía en un campo de fútbol de Coria. Un vecino de Moraleja, que jugaba como portero, se desvaneció y perdió la vida sobre el césped. Mejor suerte corrió un pequeño de 10 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en el 2016 nada más bajarse de una atracción de la feria de Cáceres. Pudo ser reanimado por los efectivos de Cruz Roja. Y dos compañeros de clase fueron los que también salvaron la vida de un alumno del IES Norba Caesarina, en Cáceres, el pasado enero.

Cada año unos 600 extremeños sufren una parada cardiorrespiratoria repentina o la muerte súbita. Fuera de los centros hospitalarios son más frecuentes en adultos y suelen afectar en mayor medida a hombres que a mujeres. En edad pediátrica son muy poco comunes, pero ocurren. Según un estudio realizado por la Unidad Medicalizada de Emergencias de Badajoz en un periodo de siete años (del 2002 a 2009), el 1,40% de las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias registradas fueron en niños.

INESPERADO / Pero cuando se produce una situación de este tipo el cuerpo no avisa, suele ser repentina y, por eso, una rápida actuación es vital para evitar el peor desenlace. En ese contexto conocer técnicas de reanimación cardiaca y también tener a mano un desfibrilador pueden devolver la vida. Por eso, desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales ultiman un nuevo decreto que extenderá la obligatoriedad de tener desfibriladores externos automatizados (DEA) más allá del ámbito sanitario. La norma fue elaborada por un grupo de expertos durante el 2017 y se prevé que entre en vigor en el segundo semestre de este año.

Cuando esté en marcha, todos los centros educativos que superen los 700 alumnos así como los centros de trabajo con más de 250 personas deberán contar con este dispositivo. De esta forma, la obligación afectará a 52 empresas o instituciones que superan esa cifra de trabajadores, como son el propio SES, la Universidad de Extremadura, Mercadona, El Corte Inglés, Liberbank o la Siderúrgica Balboa, entre otras.

En los centros educativos será obligatorio tan solo para los 45 que ahora superan las 700 matrículas (13 en la provincia de Cáceres y 32 en Badajoz). Alguno de estos, como el Licenciados Reunidos o la Universidad Laboral de Cáceres ya disponen de este dispositivo desde hace años y otros centros, como el colegio Cervantes, en la misma ciudad y con unos 150 alumnos, está vendiendo pulseras poder adquirir uno.

Pero este centenar de empresas y colegios no serán los únicos que estén obligados. El nuevo decreto exige que haya desfibriladores automáticos también en espacios donde coincidan una alta concurrencia de personas y exista probabilidad de que ocurra una parada cardiaca. El borrador se refiere, en concreto, a centros comerciales con una superficie de venta superior a 2.500 metros cuadrados (uno por planta, si tuviera más de una), a aeropuertos, estaciones de trenes o de autobuses en las poblaciones con más de 30.000 habitantes (es decir, en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito y Almendralejo) y en los servicios de emergencias no sanitarias como bomberos, policía local y protección civil en estas mismas ciudades. Además, la obligación se extenderá a las instalaciones y centros deportivos y recreativos con un aforo igual o superior a 700 personas y a los locales y establecimientos para espectáculos públicos que puedan alcanzar los mil espectadores.

La normativa, cuando esté en vigor, regulará también la autorización por parte de la Consejería de Sanidad a las personas formadas para el uso de los DEA (hasta el 2016 se han formado más de 1.400 personas) así como a proveedores de la formación en el ámbito no sanitario. Y además, se creará un registro tanto de desfibriladores fuera del ámbito sanitario como de personal formado para su uso.

DOTACIÓN ACTUAL / La región cuenta en la actualidad con un total de 969 desfibriladores externos semiautomáticos, de los cuales 867 están ubicados en centros de salud, consultorios, ambulancias... pero hay otros 102 en espacios ajenos al ámbito sanitario tales como ayuntamientos, facultades, consejerías, en la Asamblea, hoteles, bancos, colegios e institutos, balnearios e incluso clínicas dentales, entre otros. Esta cifra supone que en Extremadura hay un desfibrilador por cada 1.000 habitantes, cuando la media en España es de tan solo dos desfibriladores por cada 100.000 habitantes, según los datos de la Consejería de Sanidad. Y a pesar de ello, la región quiere ser más ambiciosa en este tema superando incluso normas exigentes como la del País Vasco. «La evidencia científica disponible y la concienciación social ante la muerte súbida de origen cardiaco lo hacen aconsejable». El objetivo final: «que Extremadura se convierta en los próximos meses en una región ‘cardioprotegida’, avanzando decididamente en fomentar el uso de desfibriladores fuera del ámbito sanitario para mejorar las expectativas de supervivencia de los ciudadanos y ciudadanas nuestra comunidad», apunta.

Desde la administración explican que el uso de un DEA por personal no sanitario quedó establecido en la región en una normativa aprobada en el 2008 que no fijaba la obligación de contar con este dispositivo, sino que regula su uso en aquellos sitios donde la instalación fuera voluntaria. «No obstante, la experiencia acumulada desde la aprobación de ese decreto en 2008, el alto grado de concienciación de la sociedad ante el problema de la muerte súbita cardiaca y el interés de la Junta en fomentar y facilitar el uso de desfibriladores fuera del ámbito sanitario ante la posibilidad de mejorar las expectativas de supervivencia, así como el reciente Plan Integral de Enfermedades Cardiovasculares de Extremadura 2017-2021, justifican la necesidad de la tramitación y aprobación de esta norma», concluyen.

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