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La abstención de PP y Podemos da luz verde a la Ley de Cámaras de Comercio

El texto permitirá convocar elecciones en verano tras ocho años sin celebrarse. El PSOE acepta gran parte de las enmiendas de la oposición y destaca el consenso

 

Luz verde a la nueva Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios. El pleno de la Asamblea dio ayer el visto bueno definitivo al texto, que salió adelante con la abstención de Podemos y el PP tras aceptar el PSOE buena parte de las enmiendas que ambos habían formulado. La diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, no votó porque ayer se ausentó del pleno a causa del fallecimiento de su hermana, al igual que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, por la muerte de su madre el martes.

La nueva ley permitirá la convocatoria de elecciones en las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz, que se celebrarán previsiblemente en julio tras ocho años sin convocarse, y reforzará su papel como entidades prestadoras de servicios a las empresas en el ámbito privado. Según explicó el diputado socialista Celestino Vegas, se trata de un texto «muy consensuado y debatido», que busca reforzar el papel de las cámaras al dotarlas de más competencias y hacerlas más participativas y transparentes.

Para ello se regulan aspectos como la paridad en sus órganos de gobierno y la obligatoriedad de publicar presupuestos, relación de puestos de trabajo o auditorías anuales. Además, se recoge la vuelta al «principio de adscripción obligatoria» de todas las empresas a la cámara de su provincia, aunque en este caso sin obligaciones económicas para reforzar el carácter representantivo de los intereses generales y no de un determinado sector. Otra de las novedades más importantes que introduce el texto, y sobre la que versaron buena parte de las enmiendas debatidas ayer, es la celebración de elecciones a los plenarios de las cámaras de Cáceres y Badajoz, que no se renuevan desde mayo y junio del año 2010.

En total, los grupos han presentado 69 enmiendas parciales al proyecto de ley (un gran número teniendo en cuenta que consta de 43 artículos), de las que 41 pertenecían a Podemos, 19 al PP y nueve al PSOE. Algunas fueron retiradas en la negociación y tras pasar por la comisión correspondiente, fueron finalmente 41 las que se debatieron en el pleno de ayer.

MESAS ELECTORALES / Entre las principales novedades introducidas, destacan dos iniciativas de PP y Podemos transaccionadas por el PSOE para que el número de mesas electorales y su ubicación se distribuyan de forma que ninguno de los electores tenga que desplazarse más de 40 kilómetros, para garantizar así la independencia de las votaciones.

También salieron adelante propuestas de Podemos transaccionadas por los socialistas relacionadas con la aplicación de la Ley de Igualdad, el incremento de la competitividad de las pequeñas empresas y el acceso a la financiación con la mediación de los bancos. Otra de las enmiendas de la formación, también transaccionada por el PSOE, recoge que el pleno de la cámara estará compuesto por 26 vocalías elegidas entre todos los electores en atención a la representatividad de los distintos sectores económicos y cuatro vocalías en representación de las empresas de mayor aportación económica voluntaria a la cámara.

Cabe destacar que el de las vocalías fue uno de los aspectos más polémicos del debate, ya que el PP proponía también incluir tres en representación de los autónomos y que fueran las organizaciones de este sector las que propusieran las litas de candidatos. Y es que, sgún explicó el diputado Hipólito Pacheco, los pequeños empresarios suponen más del 80% del censo. Para el PSOE sin embargo, se trataba de una propuesta que «podría rozar la inconstitucionalidad», de forma que Vegas abogó por la representación de los autonómos pero a través del proceso electoral.

Pacheco se mostró especialmente crítico con el proyecto de ley. Acusó a la Junta de tramitarlo «atropelladadamente» y definió la normativa como «la de la olla exprés» por la presión a que la Junta ha sometido a los colectivos de autónomos.

Por su parte, la diputada de Podemos Jara Romero reconoció que el marco estatal deja «poco margen» a la normativa extremeña, cuya tramitación trachó de «irregular» por el retraso de más de dos años y los errores del texto.

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