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La Asamblea reclama una financiación solidaria y rechaza la quita de la deuda

El PSOE, Podemos y Cs fijan sus posturas para la reforma del sistema autonómico sin apoyo del PP. Monago avisa que impulsará alianzas con otras comunidades si Vara «persiste en el inmovilismo»

ROCÍO ENTONADO region@extremadura.elperiodico.com MÉRIDA
02/02/2018

 

Han tardado tres años en encontrarse, pero PSOE y Podemos siguen tejiendo alianzas en Extremadura. Si hace unas semanas pudieron pactar los presupuestos de la Junta para 2018, ayer lograron ponerse de acuerdo en los principios básicos que la región defenderá de cara a la inminente reforma del sistema de financiación autonómica, un acuerdo al que también se sumó Ciudadanos (Cs). Solidaridad entre regiones, recursos suficientes para prestar los servicios públicos en igualdad de condiciones o un rechazo frontal a la quita de la deuda son algunos de esos preceptos que Extremadura defenderá.

Los tres grupos fijaron su posición al respecto en el pleno monográfico que se celebró ayer en la Asamblea a petición del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con el fin de llevar «una voz única» a Madrid cuando comiencen las negociaciones. Sin embargo, parece que eso no será posible, ya que el PP se desmarcó del acuerdo y su líder en la región, José Antonio Monago, avisó que, desde la oposición, impulsará alianzas con otras regiones si el jefe del Ejecutivo extremeño «persiste en el inmovilismo».

Los populares coparon todas las críticas en la sesión, especialmente cuando optaron por presentar como única propuesta de resolución el texto íntegro del informe que un grupo de expertos en la materia elaboró en julio del 2016 a petición de la Junta y con el respaldo de todos los grupos, que es a su juicio el único acuerdo válido. No obstante, tanto Podemos como el PSOE les afearon que intentaran «eludir su responsablidad política» por no aportar «nada» al debate y que trataran de apropiarse en exclusiva de este dictamen al ponerle «una portada con la gaviota». «Es una indecencia política», clamó el portavoz socialista en la Cámara, Valentín García.

El pleno comenzó con la intervención de la vicepresidenta de la Junta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, que será la representante de Extremadura en las negociaciones para el nuevo modelo. En la tribuna remarcó que el principio vertebrador del sistema de financiación deben ser las personas y no los territorios, y reclamó un reparto «equitativo y suficiente» de los fondos públicos que permita a las comunidades autónomas prestar los servicios públicos «con una amplitud y calidad equiparables».

Según Blanco-Morales, la reforma del sistema debería abordarse «no como una pugna entre comunidades o entre estas y el Estado, sino como una tarea común dirigida a mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar». «Extremadura va a defender que son los ciudadanos y no las regiones quienes pagan impuestos y los beneficiarios de las prestaciones que con ellos se costean», dijo.

SOBREFINANCIACIÓN / A su juicio, ninguna región subvenciona a otra y por ello pidió la máxima objetividad, rigor y transparencia a la hora de calcular el coste de los servicios, para «acabar de una vez por todas con el falaz reproche de que los extremeños estamos sobrefinanciados o que parasitamos a otros españoles». Así, la vicepresidenta explicó que si nuestro gasto en educación o sanidad está por encima de la media, no es porque el sistema de financiación sea más generoso con Extremadura, sino porque el número de personas que atiende está por encima de la media.

Por todo ello, a su juicio Extremadura se debe oponer a la inclusión de mecanismos que, fijando límites al principio de solidaridad, tiendan a garantizar que una región mantenga su lugar en el ránking de riqueza una vez se haya producido la redistribución territorial de los recursos. A ello se suma la insuficiencia del dinero suministrado por el actual sistema, de ahí que se reclame un modelo «que aporte fondos adicionales, corrija deficiencias y permita a las comunidades cumplir con sus obligaciones». En defnitiva, un sistema que se sostenga «no en la capacidad tributaria de las regiones, sino en la valoración de sus necesidades de gasto».

En los pasillos de la Asamblea Blanco-Morales también rechazó la posibilidad de que el Estado perdone la deuda de las comunidades autónomas tal y como ha puesto encima de la mesa el ministro Cristóbal Montoro, aunque sí se mostró a favor de una reestructuración sin intereses. «Hay que aprender de lo sucedido durante la crisis y asumir que hay que pagar las deudas y no endeudarse por encima de las posibilidades», apuntó al respecto.

Por su parte, el líder de Podemos, Álvaro Jaén, defendió una reforma del sistema que tenga como «máxima prioridad» la financiación suficiente de los servicios públicos con el mismo nivel de calidad sin tener que recurrir al endeudamento: sanidad, educación, servicios sociales y también dependencia.

A juicio de Podemos, de cara al nuevo modelo es vital que se tengan en cuenta las características territoriales que tiene cada comunidad, especialmente la dispersión geográfica y en el caso de Extremadura, también su carácter marcadamente rural. «El nuevo sistema tiene que tener como prioridad financiar a las personas», reiteró Jaén, que para ello abogó por utilizar criterios como la renta per cápita en lugar del producto interior bruto. También que las regiones que tengan más capacidad aporten más para la convergencia territorial y la cohesión social. Y al igual que Blanco-Morales, se mostró en contra de la quita de la deuda, que consideró «una trampa», sobre todo si esta se negocia en despachos a puerta cerrada.

GUERRA TERRITORIAL / En la misma línea, Ciudadanos defendió un modelo basado en la igualdad, la transparencia (sobre todo en lo relativo a los cupos vasco y navarro), la suficiencia financiera para los servicios públicos y la corresponsabilidad, para que puedan equipararse reducciones, bonificaciones y exenciones en los tributos cedidos y evitar así la competencia fiscal entre regiones. Su única diputada en la Asamblea, María Victoria Domínguez, defendió además una negociación «en la que se escuche a los expertos, no una guerra entre partidos ni territorios».

El PP por su parte, se situó al margen de la unidad que mostraron PSOE, Podemos y Cs. Su presidente, José Antonio Monago, lo quiso dejar claro: «No estamos dispuestos a ponerle precio a Extremadura para que PSOE y Podemos hagan experimentos, con sus socios de cuentas y cuentos deberán pactar», dijo a la bancada socialista. En una intervención muy crítica, Monago acusó a Fernández Vara de «rehuir el debate» al plantear el pleno monográfico y después no intervenir. Además, cuestionó la utilidad del mismo por despachar con propuestas de resolución un tema tan complejo como este, máxime cuando la Junta ya envió en noviembre un informe con sus propuestas al Ministerio de Hacienda. En definitiva, un debate, dijo, que se ha planteado «al dictado de las reales ordenanzas de Ferraz» para desgastar al Gobierno de Mariano Rajoy.

El líder popular,que acusó a Fernández Vara de convertirse en «el escudero» de Pedro Sánchez cuando antes era su «azote», le recordó que el modelo que ahora urge renovar es el que él mismo pactó con José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, defendiendo entoncesque «cumplía las exigencias, que era más justo que el anterior y que no habría que modificarlo porque nacía con vocación de permanencia». «Se equivocó y ahora la culpa es de Rajoy. Si ahora el modelo no le gusta, tenga la decencia de reconocerlo y pedir disculpas a los extremeños», dijo Monago al presidente.

El popular criticó también los «nulos avances» de Extremadura en la búsqueda de alianzas con otras regiones de características similares como Galicia, Castilla y León o Asturias y lamentó que «mientras otros se arman hasta los dientes, nosotros decidimos si vamos a la guerra con armadura de cartón, con las propuestas de Podemos que no tienen modelo de país».

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