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¿Cadena perpetua o derecho de reinserción?

Al igual que ha ocurrido a nivel nacional, PSOE y Podemos piden su derogación y Ciudadanos se mantiene al margen. El PP extremeño también se queda solo en su moción para la defensa de la prisión permanente revisable

 

Entiendo el miedo, sobre todo porque la experiencia nos dice que esa persona puede volver a cometer los mismos delitos. Es comprensible la rabia, que nos mueve según la cercanía, principalmente si afecta de forma directa. Pero la realidad es que la prisión permanente revisable anula la reinserción, la socialización del preso tras cometer el delito, su vuelta a la vida, que se presupone que es el objetivo de estar en la cárcel». Otra cuestión es si el sistema penitenciario cumple o no su función. «El espíritu de la normativa, lo que establece la Constitución, es que con unas medidas y un castigo el reo tenga la posibilidad de reincorporarse. Pero si le dicen que hasta los 35 años no va a salir, que no va a conseguir bonificaciones ni permisos en función de su comportamiento o del seguimiento psicológico, no existirá una motivación. Y ese castigo no servirá para nada». Quien se expresa es la abogada penalista pacense Estrella Santiago. Y hace este análisis tras la polémica surgida estas semanas -a raíz del caso Diana Quer- por las opiniones a favor y en contra de que continúe en vigor la llamada por unos prisión permanente revisable y por otros «cadena perpetua», que obliga al cumplimiento íntegro de la condena durante 25 o 35 años (depende del delito) y a partir de ahí permite una revisión voluntaria a petición del preso. Esta medida fue aprobada por el PP en el 2015, que reformó el Código Penal para incorporarla.

En teoría, la reinserción es lo que da sentido a las cárceles, pero quienes trabajan de cerca con esta realidad tienen claro que hay personas que, una vez cumplida la pena, ya se teme que volverán a delinquir. Lo saben bien, por ejemplo, en el Centro de Inserción Social (CIS) Dulce Chacón de Cáceres.

La prisión permanente revisable se aplica en España para asesinatos de menores, genocidios, asesinatos terroristas y asesinatos tras violación. Desde que entró en vigor solo un reo la tiene en España, el parricida de Pontevedra que mató a sus dos hijas de 4 y 9 años y confesó después el crimen.

TÁCTICA / Pero más allá de la valoración jurídica y el debate sobre la dignidad y el derecho de los presos que recoge la Constitución, el asunto se ha convertido en una poderosa arma con la que hacer política.

Desde el PP nacional se ha enviado un argumentario a todos los parlamentos y ayuntamientos para que se presenten mociones a favor de esta figura jurídica.

Actualmente el Congreso de los Diputados tramita una proposición no de ley para derogarla por considerarse que se desprecia el principio de reinserción del penado. Fue presentada por el PNV y apoyada por toda la oposición, menos Ciudadanos, que se abstuvo. Y ahí es donde el PP quiere ahondar: aprovechar la sensibilidad del asunto para evidenciar que el partido naranja se pone de perfil. ¿Objetivo? Recuperar a parte de sus votantes con un discurso claro y contundente sobre la necesidad de que siga en vigor esta máxima pena privativa de libertad (apostar por una estrategia similar a la que el partido de Albert Rivera llevó a cabo en Cataluña con su oposición férrea a la independencia).

El PP de José Antonio Monago ha hecho los deberes en Extremadura. Al último pleno, el pasado jueves, llevó una propuesta para que el Gobierno regional apoyara esta medida, pero no obtuvo ningún apoyo (PSOE y Podemos votaron en contra mientras que la representante de Ciudadanos no estuvo en la sesión plenaria). Días antes, la portavoz del grupo parlamentario popular, Cristina Teniente, anunciaba que se presentarían mociones en todos los municipios de la región. «Hablamos de delitos muy graves, de delincuentes que reinciden y que ponen en peligro la seguridad de todos y de nuestros hijos», subrayó con contundencia.

En el debate de la Asamblea extremeña, Monago manifestó: «La defendemos porque da respuesta a un clamor social». E hizo referencia a la petición de la familia de Diana Quer en Change.org (a la que se unieron las otras afectadas), que ha reunido hasta la fecha casi un millón y medio de firmas.

Desde la tribuna también lanzó: «Tumbarla tiene mucho de táctica política y muy poco de responsabilidad». «Ni el buenismo evitará los crímenes ni las excusas serán un bálsamo para las familias desgarradas», afirmó. Y remató: «Toca pensar en los que sufren».

VIOLENCIA MACHISTA / Salió primero Álvaro Jaén, portavoz de Podemos, a contestarle: «Prisión permanente revisable es un eufemismo que esconde un término más fácil de manejar: la cadena perpetua». Acusó a Monago de usar como argumentación «el sensacionalismo puro y duro» y de «intentar instrumentalizar el dolor de las familias de las víctimas para obtener un puñado de votos». Y le reprochó que no se acuda a la raíz del problema en el caso de Diana Quer: «Es violencia machista, esa que ustedes ni reconocen ni quieren ponerle medios», aseguró en referencia a que el Pacto Nacional por la Violencia de Género se ha quedado sin presupuesto. «De nada sirve aumentar la pena para los culpables», apostilló.

Por parte del PSOE, la diputada Ascensión Godoy se lamentó de que el PP «use cortinas de humo» creando este debate por ser «incapaz de afrontar el principal problema de la ciudadanía, el paro».

El presidente de la Junta, Guillermo Férnandez Vara, también se pronunció ayer sobre esta máxima pena privativa de libertad: «La prisión debe ser algo de lo que se pueda salir, porque eso está en el propio espíritu de lo que representan las condenas de cárcel». «La reinserción -continuó- no se le puede negar a nadie, por muy grave que sea lo que haya cometido. Yo que he tenido, por mi profesión, la posibilidad de entrar en contacto con muchos presos, creo que 30 son muchos años de cárcel. Hay parte de los problemas que no se arreglan solo ampliando la condena».

Monago quiso contestar a estas palabras: «La experiencia que cuenta no es la suya como forense, sino la de las familias de las víctimas».

Ciudadanos no intervino en la discusión del pleno, pero su portavoz extremeña, María Victoria Domínguez, asegura que la ideología de su partido es que «se garantice el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas en los crímenes de especial gravedad».

Y justifica la abstención a nivel nacional alegando que la medida ya estaba recurrida ante el Tribunal Constitucional «debido a que, como ya advirtieron numerosos juristas, y expertos penalistas, podría ser contraria al principio de reinserción consagrado en el artículo 25 de la Constitución».

EN OTROS PAÍSES / Desde el PP también se ha argumentado que este ordenamiento jurídico existe en otros países europeos, pero en muchos la primera revisión para poner en libertad al preso se hace antes: en Alemania, Austria y Bélgica, a los 15 años; en Dinamarca, Finlandia y Reino Unido, a los 12; y en Francia, a los 18.

Con las posturas y criterios sobre la mesa, la abogada penalista pacense insiste en que no se puede eliminar el principio de reinserción, pero no obvia los fallos del sistema judicial: «¿El cumplimento de las penas en este país? Depende de qué personaje sea. Si es público o no. O de los recursos económicos de que disponga para tener un buen abogado. Hay presos comunes que con un delito mínimo no salen en tres o cuatro años, y otros con asuntos más graves que a los seis meses obtienen ya el tercer grado».

Como trasfondo social, la confianza o no en la capacidad de recuperación de quien ha cometido un crimen muy grave. O la duda de si debe tener ese derecho.

Y la dificultad crece cuando son casos considerados extremos.

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