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SECRETARIO NACIONAL DE FSP-UGT

Julio Lacuerda: "Esta reforma laboral persigue aligerar el déficit a través del empleo público"

A. FERNANDEZ 17/02/2012

NACIMIENTO VALENCIA, 1954

TRAYECTORIA INICIO SU ANDADURA SINDICAL EN 1972 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. EN 1986 FUE NOMBRADO SECRETARIO DE ADMINISTRACION LOCAL DE LA FEDERACION DE SERVICIOS PUBLICOS (FSP) DE UGT Y DESDE 1996 ES SU SECRETARIO GENERAL.

Con el lema Lo público es por ti, es para ti , la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT trata de poner en valor, en estos días de recortes y reformas, la importancia de los servicios públicos para la sociedad. Julio Lacuerda, su secretario general, recorre el país para explicar a funcionarios y representantes del sindicato. Ayer estuvo en Badajoz, donde calificó la última reforma laboral como un nuevo paso para que el sector privado haga negocio a costa de lo público.

 

--La nueva reforma laboral permitirá a las administraciones públicas realizar despidos colectivos (EREs) alegando únicamente insuficiencia presupuestaria en 9 meses seguidos. ¿Qué pretende el Gobierno?

--Amortizar el déficit a costa del empleo público. Esa es la verdadera filosofía de esta reforma en el ámbito público, puesto que no va a crear empleo y le pone en bandeja a los empresarios todas las posibilidades de despido. Un Gobierno que aligera el déficit a costa del empleo y del capítulo de personal, olvidándose del despilfarro y la mala gestión que se ha producido en nuestro país, deja pocas dudas sobre su verdadera intención: dejar el camino expedito a la entrada de la iniciativa privada en los servicios públicos.

--¿Y no será que sobra empleo público en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en la Administración del Estado?

--No. Ponen la excusa de la sobredimensión del sector público, cuando España es el país que menos empleados públicos tiene por cada 1.000 habitantes de la Unión Europea de los 15 y donde menos pesa sobre el Producto Interior Bruto. Los empleados públicos son depositarios de la confianza ciudadana para prestar, con los impuestos de todos, servicios a la gente. Lo que quiere el Gobierno es que eso desaparezca, aminorar las administraciones para que pueda crecer el negocio privado y entrear la gestión del pastel de la educación, la sanidad, las políticas asistenciales...

 

--¿Cómo puede afectar al ciudadano, a la prestación de los servicios básicos?

--Para conseguir su objetivo están tratando de desacreditar lo público: hablan de privilegios, de salarios, de absentismo, de horarios... de todo lo que signifique justificar la entrada de iniciativa privada. Están creando el camino para desmantelar, para comprar y para que los servicios públicos sean un negocio más. La atención al ciudadano se deteriorará hasta hacerla desaparecer o tan poco valorada como para privatizarla a bajo precio.

 

--¿Le preocupa hoy la situación de algún servicio público?

--El sector de gestión privada (saneamiento urbano, dependencias, residencias geriátricas) tiene muy malos augurios porque la reforma puede ayudar a aligerar personal. Y en los servicios universales ya se aprecia un gran deterioro: cierre de quirófanos, falta de material y personal, aumento de listas de espera...

 

--¿Puede hacer algo el ciudadano para defender lo público?

--Entender la naturaleza de esos servicios: por qué los tiene, quién los paga y qué representa para su vida y la de su familia. Estos servicios garantizan al ciudadano muchas cosas que, por ingresos o situación profesional, no se le puede proporcionar de ninguna otra manera. Hay que valorar, por ejemplo, que tenemos una sanidad de una calidad comparable con cualquiera de las mejores del mundo.

 

--Volviendo a la reforma laboral. Solo permite EREs extintivos en las administraciones públicas; ni reducciones de jornada ni suspensiones temporales.

--Es una prueba más. Una discriminación. Demuestra que solo pretenden agilizar el adelgazamiento rápido y a bajo coste de los servicios públicos para poder retomar cuanto antes esas prestaciones a través de la iniciativa privada. En un país como éste donde está tan instalada la corrupción, a algunos gestores públicos no les preocupa que se pueda perjudicar al ciudadano, ni su futuro, ni su nivel de vida, ni la calidad del empleo ni la de los servicios. Solo buscan márgenes comerciales para ganar dinero.

--Ustedes consideran que la reforma laboral puede ser inconstitucional. ¿Por qué?

--Hay motivos evidentes y otros que estamos estudiando. Entre otras cosas, atenta contra la filosofía del empleo público dictada por la Constitución, contra el derecho del trabajo e incluso crea dudas de naturaleza de rango legal, porque un decreto ley no puede ser contrario a una normativa superior.

 

--¿Llegarán al Constitucional?

--La vía más rápida sería que 50 diputados o senadores promuevan el recurso de inconstitucionalidad. Creo, por la posición de los partidos en el arco parlamentario, que se puede lograr.

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