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Debate monográfico en la Asamblea de Extremadura

La Junta apuesta por un sistema de financiación basada en las personas, no en los territorios

EFE
01/02/2018

 

La vicepresidenta extremeña, Pilar Blanco-Morales, ha dicho hoy que el nuevo sistema de financiación autonómica debe definir "un reparto equitativo y suficiente de los fondos públicos" que permita a las comunidades prestar, "con una amplitud y una calidad equiparables, los servicios que les atañen".

La vicepresidenta y consejera de Hacienda, que ha abierto el debate monográfico dedicado a la financiación autonómica en la Asamblea, ha abogado por un modelo "en el que las diferencias no sea una excusa para la insolidaridad", en el que "se garantice el bienestar" y en el que las necesidades de los ciudadanos "sean justamente ponderadas y adecuadamente atendidas".

Tras remarcar que el principio vertebrador de dicho modelo deben ser "las personas y no los territorios", la consejera ha apuntado que la reforma del sistema de financiación "debería abordarse, no como una pugna entre comunidades o entre éstas y el Estado, como una tarea común dirigida a mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar".

"Extremadura va a defender que son los ciudadanos y no las regiones los sujetos pasivos de los tributos y los beneficiarios de las prestaciones que con ellos se costean", ha subrayado.

A su juicio, "ninguna región subvenciona a otra, ninguna comunidad autónoma paga los servicios y políticas que otra presta a sus ciudadanos, y quien sostenga esto no es ni veraz ni leal".

En este marco, la consejera ha agregado que "el sistema de financiación autonómica no establece trasvases de fondos entre regiones sino entre personas".

Al inicio de su intervención, ha subrayado que el propósito del Gobierno regional es lograr de los grupos políticos "el mayor respaldo posible" para la postura con que la Junta afrontará la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, por lo que ha pedido "las aportaciones" de todos ellos.

Por ello, ha dicho que sería bueno fijar un cuerpo básico de consideraciones, principios y criterios en torno a los que debería articular la posición de Extremadura en esta materia.

La vicepresidenta, quien considera que ya "es hora" de que el Gobierno central concrete su propuesta en esta materia, ha dicho que el sistema de financiación no radica en "distinguir entre regiones caritativas y menesterosas, entre los que dan y los que reciben".

"No tributan las regiones sino las personas que viven y trabajan en ellas", ha aseverado, para añadir posteriormente que, "por ese camino, el de fingir agravios inexistentes sobre la base de interpretaciones sesgadas, se llega a la reclamación de privilegios injustificables".

Por ello, según ha expuesto, Extremadura se debe oponer a la inclusión de mecanismos que, fijando límites al principio de solidaridad, tiendan a garantizar que una región mantenga su lugar en el ránking de riqueza, una vez se haya producido la redistribución territorial de los recursos.

A ello se suma "la insuficiencia de los recursos suministrados por el actual sistema de financiación autonómica", de ahí que Extremadura reclame un modelo que aporte fondos adicionales, corrija deficiencias y permita a las comunidades cumplir con sus obligaciones".

En este sentido, y en tono crítico, ha recordado que la Comisión de Expertos considera que el sistema de financiación sería equitativo si lograse garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

A juicio de la consejera, un sistema de financiación autonómica que sólo se proponga la nivelación parcial, la de los servicios públicos fundamentales, y desvincule la capacidad fiscal de las comunidades autónomas de la financiación de todas las necesidades de gasto, "conduce sin remedio a la desigualdad".

De ahí que, según ha expuesto, Extremadura abogue por un sistema que se sostenga "no en la capacidad tributaria de las regiones, sino en la valoración de sus necesidades de gasto".

Blanco-Morales ha apuntado que el incremento de la autonomía financiera de las comunidades, tanto en términos de una mayor participación en la recaudación tributaria como de competencia normativa, por encima de un cierto grado, "pondría en riesgo la capacidad de algunas regiones para prestar todos los servicios que les competen a un nivel equivalente".

Es más, "diluiría la función redistribuidora del Gobierno central y reforzaría la sensación de que unas comunidades financian a otras", y si hubiera una competencia en el diseño de los impuestos, se generaría "una carrera absurda para ver quien baja más los impuestos" y "nos abocaría a la quiebra del Estado de las Autonomías".

Con esta propuesta, ha añadido, Extremadura no puede aceptar la propuesta del Grupo de Expertos de que a ciertas regiones se le condone un porcentaje mayor de deuda que a otras, en atención a supuestas insuficiencias de financiación.

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