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el anteproyecto está en exposición pública y aún debe someterse al trámite parlamentario

La reforma de la ley de la dehesa no convence al sector agrario extremeño

Las organizaciones profesionales piden «diálogo» y que se ponga el foco en la rentabilidad en el futuro. Prevé incentivarla, crea dos órganos de gestión y define planes de conservación y un sello de calidad

R. CANTERO region@extremadura.elperiodico.com CÁCERES
28/04/2018

 

Si durante 30 años no se ha tocado la ley de la dehesa, no pasa nada por abordar su reforma ahora de forma sosegada si con eso se garantiza diálogo, participación de todas las partes implicadas y un texto que garantice el futuro de la dehesa y de los que se ocupan de ella. Es lo que vienen a decir las organizaciones agrarias sobre el debate que abre la publicación hace pocos días del anteproyecto de la Ley de la Dehesa de Extremadura. No les gusta el borrador del texto y tampoco que se haya abordado su reforma sin contar con las organizaciones que representan a los agricultores y los ganaderos, y que no se contemple su participación en la toma de decisiones en el nuevo marco normativo. Además, inciden en que el futuro de la dehesa pasa por su rentabilidad para evitar el abandono y que en eso tiene que poner el foco la reforma. «Los poderes públicos tienen que legislar para hacerla rentable porque de otra forma va a terminar en manos de personas que la tienen como fincas de recreo y no como un sistema ganadero y productivo», advierte Pía Sánchez, presidenta de la Federación Española de la Dehesa (Fedehesa) que comparte con las opas el margen para la mejora en el texto.

La Ley de la Dehesa de Extremadura en vigor se aprobó en 1986 aunque en la práctica nunca se ha llegado a aplicar. El año pasado la Junta de Extremadura planteó una actualización de calado en el texto, en teoría para favorecer el encaje de este sistema productivo en la Política Agraria Comunitaria (PAC), donde nunca ha tenido reconocimiento su idiosincrasia y los aprovechamientos agrícolas, ganaderos, forestales y de servicios que la sustentan. «Y va a servir para poco en cuanto al encaje de la dehesa en la PAC porque va a contribuir poco para catalogar el coeficiente de admisibilidad de pastos, que parece ser que era el principal objetivo de la reforma», destaca Juan Metidieri, responsable de Apag Extremadura Asaja, tras una primera lectura al texto para el que ya anuncia alegaciones.

El nuevo texto va más allá de las cargas ganaderas en las que se centraba la ley aprobada hace tres décadas y plantea, por ejemplo, que la Junta elaborará un Plan General de las Dehesas de Extremadura que servirá «de instrumento básico para la planificación estratégica a largo plazo de la dehesa» y que todas las dehesas, públicas y privadas, deberán redactar instrumentos de gestión sostenible con planes propios de conservación y mejora de la dehesa.

Al amparo de esta ley se crean además dos órganos que serán los responsables de la gestión y la toma de decisiones. Por un lado el Comité Técnico de la Dehesa y por otro el Consejo de la Dehesa, integrados por personal técnico de la Junta y de la Universidad de Extremadura.

más burocracia/ «Toca una ley nueva por la antigüedad de la anterior, pero se ha hecho con vistas a obviar a los que estamos en la dehesa, porque no estamos representados en los órganos en los que se tomarán las decisiones y nos relegan al CAEX (Consejo Asesor Agrícola de Extremadura) que es meramente consultivo», critica Metidieri. También lamenta que «más que favorecer las labores de la dehesa en Extremadura, la nueva ley las va a dificultar, porque va a burocratizar aún más el campo, con más permisos para cada tarea del día a día», y confía en que el trámite parlamentario que queda por delante logre «un cambio sustancial de la norma».

El secretario general de UPA-UCE en Extremadura, Ignacio Huertas, considera que se está precipitando la tramitación de esta ley y lamenta la falta de interlocución hasta el momento. «Se debería ir más despacio a través de un diálogo con los agentes del sector», dice. Sostiene que la nueva ley parece pretender «encorsetar todo y limitar la actividad, con documentos como los planes de gestión, que lo que van a generar es más burocracia, que afectará a la actividad en la dehesa»; y además recuerda que para que se mantenga el ecosistema hay que mantener la actividad y para eso la actividad en la dehesa debe ser rentable. «Y si ponemos muchas cortapisas estaremos afectando a la rentabilidad y al ecosistema».

Para Huertas, el texto se extralimita abordando cuestiones como la sanidad animal y los incendios («tienen su propia legislación y solo contribuye a hacer la ley más compleja», dice) y las sanciones que se contemplan son «excesivas», con multas de hasta 1,2 millones.

Por otro lado considera que hay aspectos positivos, como las medidas de fomento de la actividad, la creación de una marca de calidad de los productos de la dehesa y un código de buenas prácticas para los productores.

presupuesto/ Por su parte desde Fedehesa, Pía Sánchez, lamenta que el planteamiento del anteproyecto sea «muy medioambientalista», en cuanto a que «olvida que la dehesa debe ser y es una empresa productiva». A juicio de esta organización, que agrupa a productores de la dehesa, el texto debe abordar cinco problemas: la falta de rentabilidad («hay un déficit estructural de entre 100 y 200 euros por hectárea por la falta de ayudas de la PAC», dice), la sanidad animal y vegetal, la biodiversidad y el cambio climático. «Si no se atajan esos cinco problemas con medidas eficaces y con dotación presupuestaria, no habremos hecho nada», recuerda Sánchez.

Este diario pregunto sobre este anteproyecto a la Consejería de Agricultura, que emplazó al momento en el que el texto supere la fase de exposición pública para hablar de la reforma que plantea.

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