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La Crónica de Badajoz | Jueves, 20 de septiembre de 2018

Vara: «No permitiré que se cierre Almaraz si no hay una alternativa para la zona»

Niega que el Gobierno de Sánchez quiera cerrarla, pero Monago habla de «moción» a Extremadura. La Ley de Sociedades Cooperativas continúa su tramitación al no recibir enmiendas a la totalidad

P. CABECERA region@extremadura.elperiodico.com MÉRIDA
22/06/2018

 

No voy a permitir que se cierre la central nuclear de Almaraz si no hay una alternativa» para la creación de empleo y actividad económica que genera esta instalación en la comarca de Campo Arañuelo. Así de tajante se mostró ayer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ante una pregunta del líder de los populares extremeños, José Antonio Monago, en el Pleno de la Asamblea sobre qué piensa hacer el Ejecutivo regional ante «la confirmación del nuevo Gobierno de España de cerrar las centrales nucleares que cumplan 40 años de vida», y después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «recoge en su programa electoral el no a la energía nuclear». Según Fernández Vara, «eso no lo ha dicho el Gobierno de España», aunque reconoció que «algún día cerrará Almaraz, obviamente, pero no será ahora, porque yo no lo voy a permitir si no hay alternativa». Además, recalcó que la central nuclear «tiene dueños que tienen que pedir la continuidad o no de la planta», por lo que su cierre dependerá de lo que digan los dueños de la empresa, el Consejo de Seguridad Nuclear y la ley de cambio climático.

Sin embargo, Monago insistió en que el presidente extremeño «lleva tres años de siesta en este tema, no ha hecho nada» cuando «la central se va a cerrar porque cumple los 40 años de vida, y Sánchez ha dicho que a los 40 años se cierran las centrales nucleares». A su juicio, el Gobierno central «va a hacer una moción de censura al Campo Arañuelo y al norte de Cáceres, una moción de censura en definitiva a nuestra tierra y a los trabajadores de la planta».

Por otro lado, cuestionado por Ciudadanos sobre la situación del sector del olivar destinado a la aceituna mesa, afectado por las decisiones que está tomando el Gobierno de EE.UU. en materia arancelaria, Fernández Vara aseguró que se trata de un problema complejo frente al que la Junta debe estar al lado del Gobierno de España para apoyar todas las medidas que desde la Unión Europea se adopten, y defenderá los derechos del sector en la región.

Ya en materia legislativa, el proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura continuará su trámite parlamentario tras no presentarse ninguna enmienda a la totalidad en su debate en el Pleno de ayer; en el caso del PP porque argumenta que «el ochenta por ciento de la normativa se basa en el borrador que dejó el anterior Ejecutivo regional» y ahora hará propuestas vía enmiendas parciales, algo que reconoció el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, que negó que la Junta quiera el «protagonismo sobre la paternidad» de esta ley, aunque sí destacó que el texto anterior «ha sido mejorado con propuestas en esta legislatura».

El objetivo es conseguir una normativa que impulse un modelo cooperativo «competitivo, rentable, profesionalizado, integrado y cooperador, generador de más valor añadido y con unas estructuras organizativas más eficientes, frente a unos mercados globales que cada día ponen más exigencias», explicó el titular extremeño de Economía.

Al margen de estos asuntos, en la sesión plenaria de ayer también salió adelante por unanimidad una propuesta del Grupo Socialista para instar al Gobierno central a paralizar de forma inmediata la tributación de las costas judiciales derivadas de las reclamaciones y pleitos llevados a cabo por los afectados por cláusulas suelo, o a proceder a regularizarlas, en el supuesto de haber tributado ya por ellas.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA // La iniciativa propone que se actúe de igual manera con la tributación de las costas derivadas de las reclamaciones y pleitos llevados a cabo por los afectados por las preferentes y las subordinadas, como ya acordó la Asamblea en una propuesta aún sin cumplir. Además, insta a modificar de forma urgente la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para que no haya diferentes interpretaciones y se recoja la no consideración de las costas judiciales derivadas de estas situaciones, o de similar naturaleza, como ganancias patrimoniales.

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