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OPERACIÓN PITIUSA

La fiscalía pide prisión para guardia civiles y funcionarios por la venta de datos privados

La acusación pública reclama para una mujer que actuó como intermediaria 595 años de cárcel

J. G. ALBALAT
11/01/2017

 

Guardias civiles, funcionarios de diversos organismos públicos, detectives e intermediarios. Una “red estructurada” a nivel estatal dedicada a la obtención de base de datos oficiales de información reservada de carácter personal para después comercializarla, según sostiene la fiscalía en un reciente escrito de acusación de la llamada policialmente Operación Pitiusa. La fiscala anticorrupción Teresa Duerto reclama prisión para 11 personas. Hasta 595 años de cárcel solicita para una mujer pensionista que actuó de intermediaria por 119 delitos de revelación de secretos (cinco años de prisión por cada uno de ellos). La petición de condena más leve es de cinco años de reclusión.

En mayo del 2012, la Policía Nacional desarticuló esta red que se dedicaba a la venta de información confidencial. La organización operó, cuando menos, desde junio del 2006. Un juzgado de Barcelona acumula miles de folios en relación con la Operación Pitiusa. La causa se dividió en piezas separadas y la fiscalía ha presentado, al menos, tres escritos de acusación contra distintas personas investigadas. Y ahora le ha llegado el turno a dos guardias civiles (es la primera vez que se acusa a miembros de este cuerpo en este proceso) y a funcionarios de la Agencia Tributaria, del Servicio de Vigilancia Aduanera y del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya, así como a intermediarios y detectives privados.

EL CEREBRO DE LA TRAMA

La fiscalía apunta como el principal instigador de la trama a Juan Antonio R., que falleció en enero del 2014, que “se había consolidado como el receptor de una elevadísima petición de datos de carácter reservado”, como números de DNI, domicilios, información tributaria, titularidades de vehículos o propiedades o cuentas bancarias. Esta persona era quien “canalizaba” las solicitudes, dependiendo del tipo de consulta, hacia sus contactos, en su gran mayoría funcionarios. Estos empleados públicos accedían a bases de datos oficiales para obtener “de manera ilícita” la información y pasarla, a cambio de una cantidad de dinero, a los intermediarios y a detectives. La red operó, cuando menos, desde junio del 2006 hasta mayo del 2012, cuando la policía la desarticuló.

Al funcionario de la Agencia Tributaria en Madrid, la fiscalía le imputa haber “abusado” de su condición de empleado público para consultar base de datos de este organismo para obtener información reservada y entregársela a un detective privado. Este, a su vez, se la daba al presunto cerebro de la trama a cambio de una cantidad de dinero. Un caso parecido es el del funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera. Los dos guardias civiles investigados, uno destinado en Álava y otro en El Prat de Llobregat, también está acusados de ofrecer la titularidad de vehículos o sus matrículas.

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