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PROCESO JUDICIAL

Un juez considera delito de odio unos tuits sobre el crimen de dos guardias civiles

Los mensajes se publicaron casi de forma inmediata al asesinato de los dos agentes en Teruel

EL PERIÓDICO
28/01/2018

 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel que investiga los tuits ofensivos contra los dos guardias civiles asesinados el 14 de diciembre del año pasado en Andorra (Teruel) ve indicios de delito de odio e injurias en los mensajes, según ha informado la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). Por el crimen permanece en la cárcel Norbert Feher, conocido por Igor el Ruso. 

La asociación ha explicado que el juez ha levantado esta semana el secreto del sumario, lo que no quiere decir que no se vaya a continuar con la instrucción, porque esta sigue adelante "al constatarse la existencia de claros indicios de delitos de odio e injurias graves a funcionarios públicos que están tipificados en el Código Penal".

La entidad ha asegurado que se trata de unos tuits y comentarios vertidos en las redes sociales "casi de forma inmediata a su asesinato", cuyo contenido injurioso mostraba "su alegría por el fallecimiento en acto de servicio de los dos agentes de la guardia civil (no del ganadero) en los sucesos de Andorra".

Laboriosa investigación
"De la instrucción llevada por el juez hasta el momento se desprende la profesional y laboriosa actuación de la Guardia Civil que de nada más producirse los 'tuits' ofensivos, las distintas unidades de información y policía judicial del instituto armado realizaron todas las indagaciones necesarias, monitorizando los mensajes objeto de delito y localizaron a las personas implicadas, llegando incluso a producirse detenciones para su inmediata puesta a disposición del juzgado instructor al cargo", ha afirmado.

AEGC, que lleva la acusación particular en nombre de la viuda de uno de los agentes, ha señalado que continuará participando de forma activa en las sucesivas pruebas que se practiquen y propondrán todas aquellas que se estimen oportunas con el objeto de lograr un pronunciamiento judicial que logre el castigo penal merecido y el máximo resarcimiento para la familia. "Un castigo que también contribuya a salvaguardar los derechos de todas las mujeres y hombres integrantes de la guardia civil en otros posibles casos de ataque de odio a su legítima condición profesional".

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