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La Crónica de Badajoz | Jueves, 20 de septiembre de 2018

La jueza Lamela archiva la querella contra los ministros responsables del Castor

L'Observatori del Deute en la Globalizació se querelló contra Clos, Sebastián, Soria, Álvarez y Espinosa La magistrada no aprecia en la actuación de los ministros los delitos imputados a los exministros del PP y el PSOE

ANGELES VÁZQUEZ
21/06/2018

 

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha archivado la querella interpuesta por L'Observatori del Deute en la Globalizació por malversación, prevaricación y fraude a la Administración por el proyecto Castor contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa, así como el presidente de ACS, Florentino Pérez, y otros empresarios.

En un auto, la magistrada hace suyo el informe de la fiscalía que había instado el rechazo de la querella y concluye que la construcción de las instalaciones "no responde a una idea aislada ni peregrina, sino que fue acorde con una política desarrollada en la explotación y suministro de gas, previamente planeada (desde el año 2002), antes incluso de que los querellados accedieran a sus cargos expresados en la querella, que con los años se comprobó deficitaria".

 
Actuación razonada y documentada
Añade que la querella no expone que las resoluciones adoptadas por los ministros del PSOE y del PP en las distintas fases del procedimiento se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido. “Tampoco parece que la actuación de los querellados estuviera guiada por un afán de perjudicar los intereses de la Administración adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley. Por el contrario, su actuación fue razonada y documentada”, dice la juez.

 

Tal actuación, señala Lamela, puede ser discutida jurídicamente, tal y como sucedió, si bien, añade, tal discrepancia ha sido resulta a través de diversos procedimientos en la vía contencioso-administrativa. La jueza examina las distintas resoluciones recaídas, “no desprendiéndose de ninguna de ellas que la actuación de los querellados fuera arbitraria”.

Lejos de ellos, indica, en algunos casos resultó amparada la actuación llevada a cabo desde la Administración, mientras que en otros la estimación tuvo lugar por motivos formales, no de fondo. Y en otros, explica, lo que se puso de manifiesto fue la complejidad del problema y la falta de doctrina jurisprudencial. ”Pero en ningún caso se puso de manifiesto que la resolución impugnada adoleciera de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, estos es, que fuera manifiestamente arbitraria”.

Ante ello, señala Lamela, no puede estimarse cometido el delito de prevaricación, ya que conforme a la jurisprudencia se comete cuando se adopta en un asunto administrativo una resolución que sea injusta, no en el sentido meramente ilegal o contraria a Derecho, sino patente y clamorosamente opuesta al ordenamiento jurídico, y que el agente del hecho obre con clara conciencia de la arbitrariedad, algo que “conforme a lo expuesto, no acontece en el supuesto examinado”.

“Ello lleva igualmente a la consideración de que no pueden estimarse cometidos los delitos de malversación y fraude a la Administración, al no desprenderse del relato de hechos que se efectúa en la querella y documentos con ella acompañados, que los querellados hayan incurrido en quebrantamiento de los deberes especiales que les incumbían en el ejercicio de su cargo, quebrantando una especial confianza, ni que los caudales públicos hayan sido desviados torticeramente de su destino. Tales circunstancias tampoco han sido apreciadas en las distintas resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional”, concluye la juez.

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