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CONFLICTO ENQUISTADO

Nueva huelga de examinadores de tráfico los jueves y viernes de este mes

Estas convocatorias se sumarían a las establecidas para todos los lunes, martes y miércoles de septiembre

EL PERIÓDICO
14/09/2017

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado a los examinadores de tráfico a cuatro nuevas jornadas de huelga para los jueves y viernes de lo que queda de septiembre (tanto para los días 21 y 22 como 28 y 29), con el objetivo de que "haga reaccionar a la DGT" y se solucione el conflicto.

"Entendemos que es una especial situación, y deseamos que con esta convocatoria de huelga, CSIF haga reaccionar a la DGT y conlleve una salida definitiva a un conflicto que no debe continuar más allá de este presente septiembre, pues los únicos perjudicados ante la insensibilidad de esta Administración son los ciudadanos, las empresas dependientes de la actividad pública de la DGT y sus trabajadores, los examinadores de la DGT", ha indicado el sindicato en un comunicado.

Estas nuevas convocatorias de huelga convocadas por CSIF se sumarían a las actuales convocadas por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) para todos los lunes, martes y miércoles de septiembre --misma fórmula que ya se utilizó en julio--.

Servicios mínimos
El sindicato ha decidido convocar al colectivo para estas nuevas jornadas como "apoyo activo" al colectivo en unas reivindicaciones que el sindicato considera "justas y reconocidas", así como por la "coacción" que ha supuesto por parte de la DGT la amenaza de servicios mínimos a una huelga en un servicio que, según indica CSIF, la propia Administración estima como no esencial.

Esta nueva convocatoria se produce en plena negociación salarial de los empleados públicos en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Precisamente, el motivo por el que se halla en huelga el colectivo examinador es la petición del complemento específico, de 250 euros.

"Entendemos estéril y contraproducente el alargamiento del conflicto y exigimos una respuesta de la DGT", reclama CSIF, que considera que los administradores públicos "no deben consentir tal deterioro de los servicios públicos", por lo que han exigido al organismo de Tráfico una solución de las demandas de estos funcionarios.