La subida de la tasa municipal del agua, alcantarillado y depuradora y el nuevo convenio que firmará el ayuntamiento con la empresa concesionaria de la gestión del servicio del agua, Urbaser, fueron aprobados ayer en el pleno sin el apoyo de los dos partidos de la oposición, PSOE e IU, que votaron en contra tras solicitar al equipo de gobierno que estos puntos se dejaran encima de la mesa con el objetivo de poder estudiarlos mejor, cambiar algunos aspectos y llevarlos a pleno próximamente.

Cuatro de los nueve puntos del orden del día del pleno de diciembre estaban relacionados con los cambios que se llevarán a cabo en la gestión del agua. Primero se dio cuenta del convenio finalizador de un proceso de negociación firmado por Urbaser y el ayuntamiento en mayo del 2011. Este documento es al que se están refiriendo el PP y PSOE desde la semana pasada y en el que dicen se reconoce un desequilibrio económico y financiero de la concesión. Posteriormente se trató la modificación del contrato con Urbaser, la actualización de la tasa y la reforma del convenio con el Organismo Autónomo de Recaudación porque será la empresa Urbaser la que cobre los recibos del agua, y no el OAR como hasta ahora, si jurídicamente es viable.

De esta forma, se acordó subir el recibo del agua en un 16,70%, cobrar cada dos meses la tasa, ampliar el contrato con Urbaser otros cinco años y recibir por ello cinco millones de euros, cambiar el plan de inversiones valorado en tres millones de euros, modificar el modo de facturación del servicio pasando directamente a la empresa y cambiar cláusulas como el pago del arreglo de las acometidas .

El equipo de gobierno justificó todos estas modificaciones en el desequilibrio económico y financiero de la concesión y la "necesidad y obligación" de aplicar medidas correctoras para que los próximos años no se sigan produciendo.

Por su parte, los grupos de la oposición criticaron que se les diera toda la información en la comisión de Hacienda del lunes por la noche, sin tener el tiempo suficiente para poder estudiarlo. Por ello, ambos partidos coincidieron en dejar sobre la mesa todos estos puntos para debatirlos mejor antes de aprobarlos.

LA POSTURA DE LA OPOSICION El portavoz del grupo PSOE-regionalista, José María Ramírez, explicó que para modificar un contrato tiene que haber un "interés público y justificado" y en este caso hay un interés privado porque se da a Urbaser "todo lo que ha pedido". Cree también que con esta modificación se están "regalando" siete millones de euros a la empresa en estos 20 años. Dijeron que con el cambio del plan de inversiones se quedan 3,5 millones "olvidados" que están pendientes de ejecutar de los siete que había pactado y que con el cobro directo de las tasas también se beneficia a Urbaser porque también se queda con el 2% de la recaudación que actualmente va para el OAR y esto supone 1,3 millones de euros. Por último, señalaron que la actualización de la tasa se hace por un punto más de lo que indica el INE y eso supone otro millón de euros más en 20 años. El otro millón procede de la reducción de dos trabajadores menos en la plantilla. Además, los socialistas aseguraron que si se sigue la regla de tres del dinero que recibieron por conceder el servicio en 20 años, por ampliarlo en cinco más el ayuntamiento debería recibir 6,5 millones y no cinco.

Además, los socialistas consideraron que realmente la subida de la tasa será del 20% y que los ciudadanos se darán cuenta cuando ya hayan pagado dos recibos bimestrales. Por todo ello, propusieron dejar todos estos temas encima de la mesa y que fuese el Consejo Consultivo de Extremadura el que revise estas modificaciones. Ante la negativa del equipo de gobierno, Ramírez anunció que impugnarán la actualización de la tasa y el nuevo contrato con la firma porque es un "auténtico despropósito".

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida, Santiago Fernández Nieto, coincidió en dejar el tema sobre la mesa y acusó al equipo de gobierno de hacer estos cambios porque hace falta dinero. El edil consideró que esta concesión no ha sido beneficiosa para los ciudadanos en estos cinco años y que durante los veinte próximos tampoco lo será.

Además, pidió que se diga públicamente qué harán con los tres millones que se reciban tras firmar el nuevo contrato.