El salón de plenos del ayuntamiento acogió un largo e intenso debate sobre el contrato de servicios energéticos, mantenimiento de las instalaciones de los edificios municipales y de alumbrado público y mejora de la eficiencia energética aprobado el 30 de junio y que ha sido centro de atención durante el último mes por la participación en él de la empresa Cofely, afectada por un supuesto escándalo de corrupción.
Unas 150 personas llenaron el salón de actos y conocieron la postura de los grupos políticos. El pleno contenía la solicitud del grupo socialista del debate sobre dicho contrato, la renuncia del mismo y la creación de una comisión de investigación. No se aprobó ninguno de los temas propuestos con los votos por mayoría del grupo popular.
El equipo de gobierno sostiene que el contrato de eficiencia energética supondrá un importante ahorro para los ciudadanos. El primer teniente de alcalde, Luis Alfonso Merino, volvió a explicar que actualmente se supera el gasto anual en esta materia con respecto a lo que supondría con la firma del nuevo contrato. Con la nueva gestión dicho gasto se fijaría en torno a 1.450.000 euros, mientras que en la actualidad el gasto supera los 1.800.000 euros. De hecho, Merino ofreció datos de las partidas energéticas que mostraban que, a día de hoy, ese gasto en 2014 ya ha rebasado los 1.700.000 euros. Asimismo, Merino criticó a la secretaria del PSOE, Piedad Alvarez, por acusar al equipo de gobierno de llevar este proceso de licitación con "intereses particulares ilícitos". Que yo sepa no hay procedimiento penal ni contra el alcalde, ni contra ningún concejal ni tan siquiera contra el proceso de contratación del servicio", dijo. Además, Merino exhibió un documento firmado por un técnico municipal donde detallaba una larga lista de procesos que necesitaban mejoras urgentes en esta materia una vez llegados al consistorio. Entre ellos destacaba la no legalización de las infraestructuras eléctricas en los colegios públicos.
SIN ESTUDIO DE COSTES Por su parte, Piedad Alvarez criticó que no existiera un estudio de costes del servicio en los pliegos. Ofreció cifras estudiadas por su equipo de trabajo donde detallaba que en 2012 el gasto en esta materia era de 1.061.500 euros; en 2013, de 1.193.000 euros; y en lo que va de 2014, 896.000 euros. "Ninguna de las tres cantidades están en la órbita de la propuesta de ahorro de este contrato".
Santiago Fernández, portavoz de IU, se mostró contrario una vez más a la privatización y subrayó que le hubiera gustado que el PSOE le hubiera llamado para pedir el pleno de manera conjunta. También replicó lo mismo el concejal no adscrito, Marceliano Martín, quien apostilló que habría que renunciar a este pliego hasta que no se pronuncie la Audiencia Nacional.
