El secretario general de Población y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Manuel Mejías, estuvo presente en la asamblea general de la Comunidad de Regantes que se ha celebrado esta semana para informar a los comuneros de los pasos que está dando el proyecto de transformación de más de 15.000 hectáreas en regadío en 12 municipios de la comarca de Tierra de Barros. En ese encuentro, Mejías habló del tema que más preocupación suscita ahora a los agricultores: el de las expropiaciones. En este sentido, pidió tranquilidad a los regantes afectados «porque la Junta dará las mismas certezas a las expropiaciones que a este proyecto siguiendo la normativa». Dijo que para instalar balsas y tuberías tiene que haber expropiaciones y aseguró que los afectados tendrán un «precio justo» para las mismas.

Ésta fue una de las grandes reivindicaciones impulsadas por la Comunidad de Labradores de Almendralejo, que emitió previamente un comunicado para que Manuel Mejías arrojara certezas. «No entro en valoraciones de comunicados. Lo único que pido es que este proyecto necesita declaraciones con altura de miras y las certezas se dan en el Diario Oficial de Extremadura». Mejías hizo referencia al «largo camino» recorrido por el proyecto para llegar al punto de las expropiaciones. «Es un proyecto que, a lo largo de seis años, ha recibido muchas críticas, pero nunca una alternativa a los trabajos realizados por la Consejería de Agricultura y la Comunidad de Regantes porque el trabajo que marca la ley agraria es el que hemos seguido».

Plazos

Manuel Mejías avanzó que dentro de la hoja de ruta que siguen desde la Junta y la Comunidad de Regantes se pretende que el proyecto esté licitado en el año 2022 para que las obras comiencen en 2023. Recuerda que se han conseguido muchos hitos como la declaración de impacto medioambiental, las concesiones de agua y el proyecto de obras.

Agua

Con respecto a la existencia de agua para el proyecto, Mejías recuerda que Extremadura es la comunidad autónoma con mayor capacidad de embalse de todo el país. «Es una oportunidad única para crecer en materia de regadío». Ha detallado que el proyecto de Tierra de Barros toma 36 hectómetros cúbicos del pantano de Alange, lo que representa un 4-5% de su capacidad. Con este dato sale al paso de las declaraciones realizadas por la portavoz de Unidad por Extremadura, Irene de Miguel, en las que se mostraba contraria al regadío por las restricciones de agua que podría suponer.

La concesión de agua para la comunidad de regantes se ha otorgado para un plazo de 50 años, prorrogables otros 25 años más. «No creo que porque hubiera un año de sequía hidrológica tuviéramos que destruir los regadíos», dice Mejías.

Isidro Hurtado, presidente de la Comunidad de Regantes, se ha mostrado muy satisfecho por todas las cosas que el proyecto ha conseguido en estos seis años. «Sabemos que se están haciendo bien las cosas y hemos avanzado. Estamos hoy dónde no pensábamos hace algunos meses».

Otro caballo de batalla es el de la financiación. La Junta asegura que aportará los fondos acordados «sin descartar alguna otra vía», aunque Manuel Mejías dijo que podría haber noticias en materia de financiación en próximos días.