El domingo, 14 de octubre, se cumplió un mes desde que el Ayuntamiento de Badajoz recibió el auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que le obligaba a presentar en este periodo de tiempo el proyecto de derribo de las obras de la Facultad de Biblioteconomía y de la Biblioteca Regional, para restituir el edificio a la situación previa a la ejecución de las obras.

Como el domingo era festivo, el plazo legalmente concluía el lunes y ayer por la mañana, sin falta, según confirmó el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, el ayuntamiento remitió a la Sala de lo Contencioso Administrativo del citado tribunal, que fue la que emitió la sentencia y posterior auto de ejecución, el proyecto de demolición.

Como ya aclaró la semana pasada el concejal, se trata de un "proyecto básico", ya que para elaborar un "proyecto de ejecución de esta envergadura" no sería suficiente con un mes, sino que se necesitarían al menos ocho meses. El estudio enviado ha sido elaborado por el Gabinete de Proyectos del ayuntamiento, en concreto por el jefe de servicio, Luis Monfort, que ha tenido que viajar a Mérida al menos en dos ocasiones para revisar el proyecto de construcción y los planos antiguos del Hospital Militar.

Celestino Rodolfo se negó a entrar en detalles sobre el contenido del proyecto, por "una cuestión de cortesía y de método" y en espera de que el tribunal lo conozca primero, antes de hacerlo público a través de los medios de comunicación. Por este mismo motivo, el concejal tampoco informó sobre la cuantía que ha calculado el ayuntamiento sobre el coste de las obras de derribo y si con los trabajos de demolición se podría devolver la alcazaba a su estado original. Tampoco quiso concretar si el coste calculado sería mayor que el de la construcción de la facultad.

DECISION FINAL Al margen de la presentación del proyecto de demolición, la asesoría jurídica del ayuntamiento pacense está estudiando otras vías legales para evitar la ejecución de la sentencia. De cualquier modo, el concejal de Urbanismo insistió ayer en que en este tema "el ayuntamiento se plegará a la decisión que finalmente adopte la sala, es decir, nosotros hemos sido respetuosísimos con la sentencia que se ha dictado y será la sala la que decida"; aunque "en uso de nuestro derecho", ahora el ayuntamiento intente agotar los cauces legales, "pero la sala será la que tenga la última palabra". Una vez que el consistorio pacense ya ha remitido al TSJEx el proyecto de demolición, el concejal dijo desconocer cuáles serán los siguientes plazos a la hora de ejecutar la decisión judicial. "Tendrá que ser la sala la que marque las pautas", recalcó.

El consistorio presentó un recurso de suplicación para que sea la Junta de Extremadura, como propietaria de los edificios, la que acometa la demolición. De este recurso, que se presentó la semana pasada, no ha habido respuesta.

Pero independientemente de que el ayuntamiento esté estudiando todos las vías legales para evitar la ejecución de la sentencia, Celestino Rodolfo entiende que "esto seguirá su cauce, porque a mí no me consta que este tipo de recursos tenga efectos suspensivos, es decir, creo que la ley no contempla que se paralice el trámite de ejecución de la sentencia".