En el domicilio de Pedro, que vive con su mujer y sus cuatro hijos en Las Ochocientas, no hay agua corriente desde hace más de un mes porque el poco dinero que entraba en el hogar no era suficiente y dejaron de pagar el recibo de Aqualia. No puede acceder a la tarifa social que oferta el Ayuntamiento de Badajoz a familias de renta baja porque el contrato no está su nombre, como tampoco la vivienda social donde residen, sino al de su abuelo, que murió hace años.

Este hombre se dedicaba a la construcción, pero está en paro desde el 2008 y su mujer no trabaja. En estos momentos, en esta familia no entra ingreso alguno y su situación es "dramática", según describió ayer el afectado. Pedro dejó de percibir en diciembre los 426 euros del Gobierno y está a la espera de que le concedan la ayuda de emergencia social de la Junta de Extremadura, pero no le han dado seguridad de que llegue a recibirla, a pesar de que sí tiene que estar ya siguiendo un curso de formación, requisito imprescindible para poder recibir esta ayuda. Pedro hizo ayer un llamamiento a "los organismos, para que estudien mi caso y me echen una mano".

Otro caso

En La Uva vive también con sus tres hijos Emilio, en una casa alquilada por la que paga 90 euros al mes. Su situación es de incertidumbre. De momento, está cobrando los 426 euros, que recibirá otros cinco meses, pero lleva diez en paro "y cuando se me acabe esto ¿por dónde tiro?", es su pregunta. Su respuesta: "Me echarán de casa, me cortarán la luz, me cortarán el agua y me cortarán todo".

Para el portavoz municipal de IU, Manuel Sosa, la situación de estas dos familias forma parte del "Badajoz real" y no del "oficial" que se debate en el ayuntamiento. Su grupo ya reclamó hace una semana un plan de emergencia social en la zona del Gurugú, El Progreso y La Uva, barrios de "trabajadores normales y corrientes en riesgo de exclusión social y en situaciones verdaderamente dramáticas" y denunció el retraso de las ayudas de emergencia, que la Junta negó, como también la concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, descartó que en Badajoz hubiese familias que pasen hambre.

Pedro y Emilio quisieron ayer por propia iniciativa comparecer ante los medios de comunicación para demostrar que sí hay familias en Badajoz que sufre penurias.

Sosa acompañó su comparecencia y criticó que la Administración funcione "como un elefante, con un aparato burocrático tremendo que pasa por encima de las personas". Y defendió la necesidad de un plan de emergencia social que dé cobertura a casos particulares, como el de Pedro, al que se le podría conceder la tarifa social de agua aun no siendo propietario, sino inquilino. "Habría que ser un poco flexible y no lanzar la Administración contra la gente más desfavorecida".