El Servicio Extremeño de Salud (SES) va a tener que pagar al Ayuntamiento de Badajoz más de 5,2 millones de euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de varios ejercicios pendientes correspondientes a los edificios de carácter sanitario que funcionan en la ciudad. El consistorio pacense hará valer esta deuda, que la Junta de Extremadura ha venido negando, con el aval de un informe de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, que confirma que el gobierno regional no tiene capacidad para eximirse del pago de este impuesto, como así hizo con una ley que aprobó en el 2008.
El camino está iniciado, aunque aún faltan trámites. La Comisión Municipal de Economía, Hacienda y Patrimonio dio ayer el primer paso al acordar la revisión de oficio de la resolución de la tesorera del ayuntamiento que aceptó (el 14 de noviembre del 2010) un recurso del SES sobre la exención del IBI a los hospitales, los centros de salud y el edificio de la avenida de Huelva.
EDUCATIVOS
El SES estimaba que todos sus inmuebles no estaban sujetos al pago de este impuesto en virtud de la ley autonómica 2/2008 de Patrimonio de la Junta de Extremadura, en la que excluía estos edificios por considerar que eran de contenido "educativo" en su totalidad.
En la disposición adicional décimo segunda se establecía este tipo de exención sin ninguna contraprestación para el ayuntamiento que, sin embargo, defendía que aunque puede que en una parte de estos edificios se destinasen a la formación, primordialmente están dedicados a la asistencia sanitaria, no educativa.
La resolución de la tesorera municipal afectó a las liquidaciones del IBI de los ejercicios del 2009 y el 2010 y la principal cuantía es la referida a los hospitales Infanta Cristina, Materno Infantil y Perpetuo Socorro, que suman anualmente 1,2 millones de euros por este concepto.
Pero el consistorio no se conformó. Según explicó ayer tras la reunión de la comisión, el concejal de Hacienda, Alberto Astorga, debido al "quebranto" que esta ley autonómica causaba en las arcas municipales, se solicitó a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) un informe a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, que lo emitió el 2 de marzo pasado pero no se lo comunicó al ayuntamiento hasta después de las elecciones.
Este informe avala los argumentos que el gobierno pacense había venido defendiendo, según los cuales, la exención impuesta por la ley de Patrimonio de la Junta de Extremadura "vulnera la Constitución" en cuanto a que la potestad originaria para establecer los tributos y su posterior modificación corresponde exclusivamente al Estado mediante ley estatal. Las comunidades autónomas pueden aprobar sus impuestos conforme a las leyes y la Constitución y la del IBI es estatal. Además, todo el beneficio fiscal referido a tributos debe regularse por normativas estatales, "y en ningún caso autonómicas".
SIN COMPENSACIONES
Además, según Astorga, el mismo informe establece que se vulneraba la Ley General Tributaria y, "a nuestro entender", la Ley Reguladora de Haciendas Locales que establece esta exención para edificios de seguridad ciudadana y los educativos con unas compensaciones, que la normativa autonómica ni siquiera plantea.
Por tanto, en base a este informe, el concejal señala que "la ley autonómica supone una intromisión en las competencias del Estado y es una violación de los principios de suficiencia financiera y autonomía municipal pues modifica la financiación de las entidades locales".
Con la revisión de oficio acordada ayer, que será ratificada por el pleno el próximo lunes, se inicia el procedimiento para anular la revisión de la tesorera municipal, para lo cual se requiere el dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura.
Una vez que se anule la resolución citada, los centros sanitarios de la ciudad tendrán que pagar IBI en el porcentaje que se calcule que no es educativo. El IBI del 2011 ya se va a reclamar con un recibo normal del ayuntamiento en su padrón.
