El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado que la Fiscalía no haya apreciado delito de prevaricación administrativa por la exigencia de cumplir con la Ley de Memoria Histórica para acceder a las subvenciones de la institución provincial.
Según ha manifestado Miguel Ángel Gallardo, la decisión de la Fiscalía tras estudiar la querella del alcalde de la pedanía pacense de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, era "algo esperado".
El presidente provincial ha declarado que cuando se anunció la querella ya alegó que se trataba de "una patada al aire, fundamentalmente porque las cuestiones que resuelve la Diputación de Badajoz siempre tienen que ver con la legalidad".
"Lo que pasa es que la legalidad a veces molesta al alcalde de Guadiana", ha incidido.
En este sentido, Gallardo ha manifestado que su intención es que se cumpla la Ley de Memoria Histórica, que a día de hoy no está derogada, "algo que parece molestar al alcalde de Guadiana".
Como ha explicado el responsable de la institución provincial, la diputación contribuirá a la defensa de la memoria histórica y a la reconciliación de la ciudadanía, y en ese sentido cumplirá las leyes.
"Como la potestad de dar subvenciones por parte de la Diputación de Badajoz la tiene la propia institución, quien no cumpla con la ley lógicamente no podrá acceder a ellas, y en el caso de que acceda tendrá que reintegrarla si no cumple con lo que se especifica en la base de subvenciones".
Para Miguel Ángel Gallardo, la satisfacción por el anuncio de la Fiscalía es lógica porque se "demuestra" que la decisión, tomada con el respaldo de asesores jurídicos y técnicos de la institución provincial, estaba bien hecha.
"Había seguridad plena de que no se incurría en ningún tipo de ilegalidad, -ha incidido- lo ilegal es no cumplir la ley, que es lo que debe hacer Antonio Pozo, y gobernar para los ciudadanos y olvidarse de las obsesiones con el presidente de la Diputación de Badajoz".
