El sindicato CCOO «aplaude el cambio de actitud y actuación ejercida desde el consistorio ante las agresiones físicas y verbales sufridas por empleadas y empleados públicos de este ayuntamiento», dice en un comunicado. «Y --añade-- la inmediata reacción del alcalde tras la grave agresión a un trabajador de la Oficina de Turismo, condenando y denunciando los hechos ante la ciudadanía».

Dice que los riesgos de empleadas y empleados públicos, como consecuencia de su trabajo, «no son solo caídas, golpes, cortes, intoxicaciones, etc., sino también los derivados de su relación con los usuarios y usuarias en los distintos servicios». Y que estas situaciones deben de ser «analizadas, protocolizadas y siempre que sea posible, evitadas».

Durante años, señala la central, y agravado por «la crisis socioeconómica en la que nos encontramos, el riesgo de agresiones verbales y físicas hacia los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento ha aumentado considerablemente». mantiene que «a pesar de las diversas denuncias de CCOO al respecto, el Ayuntamiento de Badajoz no ha querido aprobar, hasta la fecha, ningún protocolo de actuación ante estas situaciones».

Cita como ejemplos la agresión a una trabajadora de Servicios Sociales del IMSS «que ha recibido graves insultos y se encuentra amenazada de muerte por un usuario que se abalanzó sobre ella, teniendo que ser auxiliada por dos compañeros que pudieron bloquear la agresión, aún a riesgo de su integridad física».

EN EL SERVICIO DE VIVIENDA / En el Servicio de Vivienda, dice CCOO, la plantilla ha sufrido «amenazas continuas de personas conflictivas durante el proceso de adjudicación de viviendas sociales». Dice que en Policía Local «son habituales las amenazas e intentos de agresiones». También en Recursos Humanos «se producen estas situaciones como consecuencia de la adjudicación de contratos de trabajo».

Recuerda el sindicato que «la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad y salud de los trabajadores» y en aplicación de este principio se promulgó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), que incluye expresamente a las Administraciones Públicas. «Obviando este mandato, el Ayuntamiento de Badajoz no ha dispuesto ningún tipo de medida ni de coordinación protocolizada para paliar las situaciones de violencia que pueden sufrir los empleados y empleadas públicos» de esta administración.

CCOO, además «de sumarnos a las manifestaciones públicas de repulsa», insta, «nuevamente al ayuntamiento a establecer un protocolo y acometer las medidas de prevención que establece la norma, para abordar realmente esta problemática y evitar que los trabajadores y trabajadoras municipales continúen desprotegidos ante estas situaciones violentas».