La Diputación de Badajoz ha ejecutado más del 86 por ciento de sus presupuestos generales de 2017, con un superávit el ejercicio pasado de algo más de 29 millones de euros y no mantiene ninguna deuda, un dato "histórico" ya que nunca había pasado en la institución provincial.
Así lo ha asegurado el diputado delegado de Economía, Manuel Borrego, quien ha presentado la liquidación del presupuesto de la Diputación de Badajoz correspondiente a 2017.
Borrego ha destacado que el estado de salud económico y financiero de la institución provincial es "óptimo", con unas cuentas saneadas fruto de una "excelente" gestión, gracias a "la eficacia, eficiencia y transparencia".
Ha confirmado que a finales del pasado año cancelaron la deuda que tenía la diputación pacense y que cuando empezaron la legislatura en junio de 2015, ascendía a 18 millones de euros.
Ejecución del presupuesto
En cuanto al grado de ejecución presupuestaria, ha detallado que ha sido del 86,20 por ciento, una ejecución casi "plena" de los recursos económicos que hubiera sido mayor si no estuviera limitado por el techo de gasto, que impide invertir el montante sobrante.
Respecto al periodo de pago medio a proveedores, se ha pasado de los 20 días que había al comienzo de la legislatura a cero días, es decir que "desde que dan el visto bueno a las facturas hasta que pagan pasan cero días".
Ha recalcado que la Diputación de Badajoz cumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, motivo por el que el superávit de 2017 es de 29.026.708 euros, disponibles para reinvertirlos en los municipios de la provincia.
Asimismo, el remanente líquido de tesorería de la institución pacense y de sus organismos autónomos asciende a 73.839.178 euros.
En este sentido, el diputado ha exigido al Gobierno español que elimine las limitaciones del techo de gasto, ya que el decreto ley aprobado en marzo para que las administraciones locales pudieran hacer uso del superávit "no atiende a las verdaderas necesidades de los ayuntamientos".
Según ha manifestado, este decreto ley restringe la utilización del dinero a inversiones financieras sostenibles que el Gobierno detalla en seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación de centros de enseñanzas, bibliotecas o archivos, entre otros.
En este sentido, ha declarado que en 2017 de los 5.000 millones de euros de superávit que tenían las administraciones locales a nivel nacional "solo se utilizó un 15 por ciento".
