El Infanta Cristina pasa a llamarse Hospital Universitario de Badajoz

La Junta de Extremadura cambiará el nombre del hospital Infanta Cristina por el de Hospital Universitario de Badajoz, según ha informado hoy el Ejecutivo autonómico.

El Consejo de Gobierno, en su reunión del próximo martes, abordará el informe del cambio de nombre. Según ha indicado en una nota, el Servicio Extremeño de Salud (SES) mantendrá todos los materiales y la ropa con el nombre anterior hasta que se agoten.

El hospital Infanta Cristina comenzó a construirse en 1979 y la obra concluyó en 1984, pero su apertura no se produjo hasta 1987. Según la información disponible, en aquella época Extremadura no contaba con las transferencias en materia de Sanidad y la actuación dependía del Insalud, quien quería levantar un hospital clínico en Badajoz que descongestionara la Residencia del Perpetuo Socorro. El director provincial de la época, Joaquín Jociles, fue quien decidió impulsar este nombre, para lo que solicitó al rey Juan Carlos si aceptaba esta denominación dado que la otra infanta, Elena, y el príncipe de Asturias, Felipe, ya contaban con centros hospitalarios a su nombre en España.

Aceptada la oferta por la Casa Real, pasó a denominarse de esta manera, y luego todo el complejo hospitalario de Badajoz adquirió este nombre con las transferencias sanitarias ya realizadas al SES en el año 2002. Así ha seguido todos estos años, a pesar de que en la pasada legislatura, el diputado autonómico de Izquierda Unida, Víctor Casco, lanzó una propuesta de cambio de denominación en la Asamblea de Extremadura. La infanta Cristina acababa de ser imputada en el caso Nóos. La iniciativa finalmente no prosperó. Fue una propuesta de impulso debatida en la Comisión de Salud y Política Sociosanitaria celebrada en el Parlamento de Extremadura, y fue rechazada con los siete votos en contra del PP y de los regionalistas de Prex-Crex, y cinco abstenciones del PSOE.

Cabe recordar que la sentencia del caso Nóos condenó a la infanta Cristina a devolver 136.950 euros como responsable civil a título lucrativo de los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración por los que fue condenado su marido, Iñaki Urdangarin. Se anuló, eso sí, su responsabilidad por los delitos fiscales. La sentencia fue firme el pasado mes de junio después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma.