La Diputación de Badajoz celebró ayer un pleno extraordinario y urgente para pagar a los ayuntamientos de Badajoz y de Guadiana las subvenciones denegadas de los planes Dinamiza del 2018, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) anulase parte de la bases por vincular las ayudas al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Los dos ayuntamientos han conseguido lo que reclamaban tras acudir a los tribunales y el proceso de abono se ha acelerado con un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, en el pleno ambas partes siguieron marcando distancias. El PP pidió a los socialistas que deberían pedir disculpas a los dos ayuntamientos afectados. Pero lejos de achantarse, en el PSOE no se sienten culpables. Al contrario, el presidente, Miguel Ángel Gallardo defendió que se sienten «orgullosos de limpiar calles y plazas de los nombres de quienes hicieron que una parte de los españoles viviesen subyugados». «Hemos perdido un pleito pero hemos ganado en libertad y democracia en la provincia», recalcó.

El expediente de modificación de crédito aprobado permite abonar 1 millón de euros a Badajoz, más otros 101.244 euros a su pedanía de Villafranco y 167.800 euros para Guadiana. Según manifestó el diputado de Economía, José Carlos Contreras, los técnicos de la diputación «han tenido que buscar mucho» para sacar adelante la modificación para dotar estos fondos. Para el diputado de Ciudadanos, Ignacio Gragera, en su doble condición de concejal de Badajoz, «es una buena noticia» que se haya resuelto el litigio, pero pidió a la diputación «que no vuelva a caer en los mismos errores». Por su parte, el portavoz popular, Juan Antonio Barrios, lamentó que la diputación conculcase la ley al no respetar la autonomía local, según las sentencia del TSJEx, pues recordó que hubo ayuntamientos como el suyo (Fuente del Maestre) que tuvieron que acatar el dictamen del comité de expertos sobre la existencia de vestigios para no perder las subvenciones.

La portavoz socialista, Virginia Borrallo, negó que hayan intentado imponer nada, sino cumplir la Ley de Memoria Histórica, y defendió que «rectificar es de sabios». A lo que Gragera contestó que sí se conculcó la ley, que el TSJEx dice que las bases son ilegales y que «la rectificación no es voluntaria sino obligada», pues si la diputación no ha acudido al Supremo es porque los servicios jurídicos no lo aconsejaron.

Durante el debate, se produjo un desencuentro entre el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, presente como diputado, y Gallardo, a cuenta de una conversación mantenida entre ambos sobre la vinculación de las ayudas al proceso judicial abierto. Fragoso reiteró que pidió zanjar el tema tras la sentencia del primer juzgado, pero Gallardo le respondió que de no haber acudido al TSJEx, se habrían anulado todas las bases y habrían tenido que abonar las costas.