María Ángeles Carretero colgó el teléfono a su marido a las 9.20 horas el 2 de mayo de 1982. La había llamado desde el País Vasco para felicitarla porque era el Día de la Madre. Fue la última vez que escuchó su voz. Un pistolero de ETA lo mató de tres disparos apenas 25 minutos después a Pablo Fernández Rico, guardia civil del puesto de Ondárroa (Bilbao), a donde había sido destinado para refuerzo de la vigilancia durante un año. Tenía 29 años recién cumplidos y dos hijos, uno de 3 años y otro de 6 meses. «El dolor no desaparece nunca, eso no se olvida en la vida. Ellos están en la calle (por los etarras) y mis hijos no han conocido a su padre», contó ayer la viuda del guardia civil asesinado, natural de Villar del Rey.
Fue una de las personas que asistió al acto de homenaje organizado en la rotonda de los Corazones de Badajoz, en el avenida Sinforiano Madroñero, con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora cada 11 de marzo, fecha en la que se cometió el mayor atentando terrorista en España, el de Madrid, del que se cumplen 18 años. Junto a ella, otras víctimas volvieron a desplegar la pancarta que cada año las acompaña este día para seguir reclamando «verdad, memoria, dignidad y justicia».
Antes de depositar un ramo de flores con una banda con los colores de la bandera española en el lugar dedicado al recuerdo de las víctimas, tomaron la palabra el alcalde, Ignacio Gragera, y la delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Extremadura, María José Expósito. Esta última, fue la encargada de leer un manifiesto a través del que criticó con dureza los pactos de gobierno alcanzados por el presidente español, Pedro Sánchez, con Bildu y la política de acercamiento de presos a cárceles del País Vasco, que, a su juicio, significa una «revictimización» de quienes viven con el dolor que ha dejado tras de sí la barbarie terrorista.
Las víctimas, según denunció Expósito, se sienten «engañadas» por el Gobierno e «ignoradas» por Sánchez, a quién acusó de «pactar y codearse con los asesinos de nuestros muertos», dijo. En este sentido, mostró su rechazo a la derogación de la política de dispersión de presos, que «nos provoca la sensación de que el asesino de nuestros seres más queridos tienen más derechos que nosotros mismos». Para la AVT, se ha demostrado que los acercamientos son más que un simple cambio de cárcel: «son la antesala de la progresiones de grados, los permisos penitenciarios, la libertad provisional o incluso indultos». «El final del terrorismo no puede ser sinónimo de impunidad», advirtió Expósito.
Las víctimas volvieron a reclamar justicia y derecho a la verdad que, según reivindicó la delegada de la AVT, «ni prescribe ni se amnistía ni se indulta».
Su intervención fue aplaudida por los representantes políticos del PP, Ciudadanos, policías Local y Nacional, Guardia Civil y Ejército, pero no por el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza (PSOE), ni los concejales socialistas que asistieron al acto
Por su parte, el alcalde destacó la importancia de simbolizar cada 11 de marzo que no se olvida a las víctimas del terrorismo ni la «lucha y la pelea porque la memoria de sus familiares y porque la historia compartida de nuestro país no se pierda». Además, Gragera señaló que este era un día de homenaje a todas ellas, pero también para recordar que solo con «unidad» y estando al lado de las víctimas se puede conseguir convivir en una sociedad «próspera y que mire al futuro con optimismo».
