El oficial mayor del Colegio de Médicos de Badajoz no irá a la cárcel por abuso sexual de tres trabajadoras

Los 9 años que pedía la Fiscalía y los 17 de la acusación particular se han reducido a 3. El oficial mayor del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, Javier Rayo Madrid, no tendrá que pasar por la cárcel por abusar sexualmente de tres trabajadoras. Las tres partes (fiscal, defensa y acusación particular) han llegado a un acuerdo, que todavía no se ha traducido en sentencia. El que fuera oficial mayor durante más de 30 años será condenado a 3 años de cárcel (un año por cada delito de abuso sexual) y a indemnizar a las tres víctimas con 36.000 euros en total. Inicialmente fueron cinco las trabajadoras del Colegio de Médicos las que denunciaron, pero solo tres siguieron adelante con el proceso. Por cada abuso sexual podría ser condenado de 1 a 3 años y en el acuerdo se ha fijado la pena mínima.

El juicio oral estaba previsto para el próximo lunes y ha sido suspendido tras alcanzarse este acuerdo en el que, implícitamente, el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz queda libre de cualquier responsabilidad sobre lo sucedido. En el proceso se declaraba la responsabilidad civil subsidiaria de la institución colegial, lo que impidió que el colegio se personase como acusación particular, que el juzgado de instrucción número 4 de Badajoz no admitió.

En el fallo oral, pendiente de comunicación escrita, se condena penal y civilmente solamente al oficial mayor, que ha reconocido los abusos sexuales, según destaca el letrado que representa al colegio, de lo que se desprende que no hay responsabilidad alguna del colegio, cuya "impecable actuación" subraya su presidente, Pedro Hidalgo, en declaraciones a este diario, tras conocer el acuerdo alcanzado, que deja fuera a la institución que representa.

Hidalgo recuerda que el trabajador fue despedido de manera "fulminante" a los 20 días "cumpliendo todos los procedimientos". Un despido sin indemnización por causa grave que fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Pedro Hidalgo ha querido asimismo expresar el apoyo del colegio a las víctimas.

De las tres denunciantes, una de ellas sigue trabajando en el colegio, otra se encuentra de baja laboral y la tercera pertenece a una empresa externa que realiza labores de limpieza en el edificio del colegio, a la que continúa vinculada.

La Fiscalía llegó a pedir una pena para el acusado de 9 años por tres delitos continuados de abusos sexuales con la agravante de género contra tres compañeras de trabajo. La acusación particular solicitó un total de 17 años de prisión, ya que añadió otros 3 años de acoso laboral continuado y un delito de amenazas.

Desde el primer momento que se conocieron los hechos, cuando el acusado declaró en el juzgado defendió su inocencia. Negó los abusos de los que le acusan las compañeras de trabajo y no reconoció que sucedieran en los términos que las víctimas describían.

Javier Rojo Madrid fue apartado de su puesto de trabajo en el Colegio de Médicos cuando se conocieron los hechos en enero de 2022 por decisión de la junta directiva. Trabajaba como oficial segundo y en el transcurso ascendió a oficial mayor o jefe de oficina del colegio. Según el relato del fiscal en su escrito de calificación inicial, esta antigüedad y su relación de «fuerte amistad y confianza» con la directiva del colegio, «determinaba que tuviera una importante ascendencia sobre los empleados».

Este mismo relato recogía que las tres mujeres que denunciaron fueron objeto de abusos por parte del acusado, que reiteradamente las buscaba, las manoseaba, rozaba sus glúteos o sus pechos e incluso las besaba en la boca. Por citar alguno de los episodios, el escrito contiene lo ocurrido a una de las mujeres denunciantes, cuando el acusado «persistiendo en su ánimo libidinoso», volvió a dar un beso a la trabajadora y al marcharse insistió en abrazarla por detrás cuando ella se encontraba archivando documentación. En esta ocasión, la mujer, «cansada y angustiada por la conducta del acusado», le dijo que cesara o de lo contrario informaría al secretario, respondiéndole el acusado que el presidente del colegio estaba de su lado y que a ella nadie la iba a creer, sino que, muy al contrario, acabarían despidiéndola.

Como consecuencia de este comportamiento, las trabajadoras han llegado a sufrir trastorno de ansiedad o depresión con tratamiento psicofarmacológico.