Visto para sentencia el juicio contra los cuatro policías acusados de entrar en un piso sin autorización y agredir a sus ocupantes

La fiscalía rebaja a 18 años y medio la pena para el oficial de la Policía Local de Badajoz

El ministerio público, que inicialmente solicitaba 23 años de cárcel, retira los cargos por denuncia falsa y falso testimonio

Las acusaciones particulares se adhieren a petición del fiscal y la defensa solicita su absolución 

Los acusados, tres sentados y uno de pie, durante el turno de la última palabra, al que han renunciado, este viernes en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Los acusados, tres sentados y uno de pie, durante el turno de la última palabra, al que han renunciado, este viernes en la Audiencia Provincial de Badajoz. / LA CRÓNICA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Visto para sentencia. Así ha quedado este viernes en la Audiencia Provincial el juicio contra cuatro policías locales de Badajoz acusados de entrar sin consentimiento en un piso la madrugada del 30 de mayo de 2020, agredir a sus ocupantes, detener ilegalmente a dos de ellos y mentir sobre los hechos al redactar el atestado policial. Tres de los imputados pactaron antes de la vista oral con la fiscalía y las acusaciones particulares una pena de prisión de 5 años y dos años de inhabilitación para ejercer su profesión, pero el cuarto, el oficial al mando de la intervención, no aceptó el acuerdo y el procedimiento ha proseguido para él. Ninguno de los cuatro agentes quiso hacer uso de su derecho a la última palabra.

Inicialmente, la fiscalía solicitaba para el oficial 23 años de cárcel. Tras la práctica de la prueba, retiró los cargos por denuncia falsa y falso testimonio y rebajó la pena interesada a 18 años y 6 meses. Así, pide para él 6 años por dos delitos de detención ilegal; 2 años y 6 meses por allanamiento de morada; 4 años por falsedad en documento oficial por funcionario público; 3 años por un delito contra la integridad moral; y otros 3 años más por tres delitos de lesiones (1 año por cada uno). Además, solicita que se le impongan 2 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros por dos delitos leves de lesiones.

El ministerio fiscal también plantea en sus conclusiones definitivas su inhabilitación absoluta para el ejercicio de funciones públicas o de seguridad por un periodo de 20 años por los primeros dos delitos y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 7 años por los de falsedad en documento oficial y contra la integridad moral. 

Las acusaciones particulares, en manos de José Antonio Romero Porro, Eduardo Gil y Natalia Sánchez se adhirieron a la petición de la fiscalía. 

Mientras, la defensa, ejercida por Juan Antonio Frago, reclamó la absolución de su representado, así como las costas procesales por temeridad o mala fe. «Por la actuación conjunta del fiscal, alejada de la figura de garante neutral, y el contubernio entre las acusaciones y las defensas para que los agentes conformados realizaran una declaración «mendaz» y dejar a mi cliente a los pies de los caballos», justificó. 

«No hay ningún contubernio ni estoy en ninguna alianza ni ahora ni nunca», le replicó en su turno de palabra Juan José Torres, abogado de uno de los policías que han pactado la pena.

Para «dar una lección»

La fiscalía mantuvo que durante la vista no ha quedado probado que, como defiende el oficial, que irrumpiera en el piso de la plaza Francisco Vera de Valdepasillas porque escucharon voces de una mujer pidiendo auxilio y creyeran que se estaba produciendo un caso de violencia de género, sino que esa es la «coartada» para ocultar que su "verdadero afán": por un lado, «dar una lección» a los agentes que acudieron por primera vez al domicilio sin lograr que el inquilino se identificara, y por otro, aplicar «una suerte de correctivo» a este ciudadano «por listo».

El ministerio público tampoco considera que existiera la desobediencia grave, la resistencia y el atentado a la autoridad con las que se justificaron la detención de la pareja y mantiene que el oficial sabía que estaba cometiendo una «extralimitación clara de sus funciones» y arrastró a sus compañeros a actuar bajo «la equívoca idea» de que él ya había consultado con un mando superior.

La fiscalía afeó que se quiera «criminalizar a la víctima», a la que se degradó y humilló trasladándola completamente desnuda y se preguntó qué habría pasado si no hubieran grabado la entrada al piso de los policías. «No estaríamos aquí sin ese vídeo», aseguró.

En la misma línea se pronunció José Antonio Romero Porro, abogado de la pareja de inquilinos. «No se ha acreditado ninguna justificación para la patada en la puerta, ni para una agresión con una porra extensible en una detención absolutamente violenta, que duró mucho tiempo».

«No se ha acreditado ninguna justificación para la patada en la puerta, ni para una agresión con una porra extensible en una detención absolutamente violenta, que duró mucho tiempo»

José Antonio Romero Porro

— Acusación particular

El letrado insistió en que se cometió «una brutalidad, un abuso policial sin precedentes y una extralimitación de funciones intolerable», en una actuación «inadmisible» en se creían protegidos por la presunción de veracidad que les otorga su condición de policías locales. «Pero no contaban con el vídeo, que deja claro que (su cliente) no dio un portazo a la policía, que fue educado y que los gritos de auxilio se escucharon después de que los agentes estuvieran allí».

La lectura que hace la defensa tras el juicio es completamente distinta. Frago rechazó que el oficial «arrastrara» a sus compañeros, si no que lo siguieron espontáneamente al interior de la vivienda, como reflejan el atestado policial y sus declaraciones en la fase de instrucción, aunque ahora digan que siguieron sus órdenes para «llegar al vergonzante acuerdo y rebajar penalidades». «Los tres policías están aceptando una conformidad parcial por miedo», aseguro.

«Los tres policías están aceptando una conformidad parcial por miedo»

Juan Antonio Frago

— Defensa del oficial

«Sin ánimo de humillación»

El abogado del oficial señaló que actuaron ante «la absoluta creencia de que había unos indicios de delito», por lo que no se excedieron en sus funciones, sino que procedieron conforme a la ley. En este sentido, recalcó que dos vecinos corroboraron que los gritos de auxilio de una mujer se escucharon «antes·» de que llegaran los policías. Además, negó que existiera cualquier «tipo de falsedad documental» y ni «ánimo de humillación», pues el denunciante se quedó desnudo «simplemente por el forcejeo». 

Declaraciones, lesiones y peritos

En la última sesión de juicio, se leyeron extractos de las declaraciones que los agentes que han conformado realizaron en la fase de instrucción, coincidentes con la versión que ha mantenido el oficial durante la vista oral, y se escucharon las grabaciones de la llamada que hizo el inquilino a la Policía Nacional mientras los policías locales estaban en su piso, así como las que efectuaron sus amigos al 092, al 091 y al 112, una vez que se marcharon.

Además, declararon el psicólogo que atendió a la pareja detenida, que aseguró que ambos sufrieron estrés postraumático por la situación que vivieron durante este altercado con los policías locales, y dos forenses del Instituto de Medicina Legal, quienes concluyeron que las lesiones psicológicas de las víctimas tenían relación «directa» con este episodio violento.

También compareció un inspector de la Policía Nacional, en calidad de experto en el uso de fuerza y armas en intervenciones policiales, quien afirmó que, al contrario de lo que sostienen los denunciantes, no pudieron utilizar sus defensas extensibles en el interior del piso por el escaso espacio que había y defendió que en esta actuación aplicaron «perfectamente el protocolo».