Suspendido un juicio a un manijero por reclutar temporeros sin darles de alta en Azuaga

El juicio contra un manijero acusado de reclutar temporeros para la recolección de ajos en Azuaga a sabiendas de que no iban a estar dados de alta se tuvo que suspender este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz por la incomparecencia del investigado. Su defensa, la abogada Elena Caro, solicitó el aplazamiento de la vista para garantizar el derecho de defensa de su cliente, que se encuentra en paradero desconocido y no se tiene constancia de que haya recibido la citación del juicio. Aunque su domicilio figuraba en la localidad pacense, todo apunta a que ha podido regresar a su país de origen, Rumanía. 

La fiscalía pidió que se le declarara en rebeldía, ya que era la segunda incomparecencia del investigado, los que acreditaba su ánimo a sustraerse de la actuación de la justicia. El tribunal atendió su petición y dictó contra él una orden de busca y captura y su ingreso en prisión hasta la celebración del juicio.

Los hechos que se le imputan se remontan al 9 de junio de 2020, cuando la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constató cómo en una finca del término municipal de Azuaga se encontraban recolectando ajos un numeroso grupo de trabajadores sin estar dados de alta. La finca estaba dividida en dos parcelas y los agentes visitaron ambas con unos minutos de diferencia. En una de las parcelas, la plantilla que estaba trabajando en la recolección de los ajos era de 14 personas, de las que 10 (seis de ellas originarias de Rumaría) estaban contratados de forma irregular. Mientras, en la segunda, se identificó a 15 trabajadores adultos, junto a los que estaban también dos menores de nacionalidad rumana, de 13 y 14 años, que se dedicaban a las mismas tareas agrícolas y tampoco estaban dados de alta en la Seguridad Social.

El matrimonio propietario de la finca y del negocio ya fue juzgado por estos hechos el pasado mes de enero y se les condenó a un año y medio de prisión por los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social y por actividad laboral ilegal de menores, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía y la Tesorería de la Seguridad Social, personada en la causa. 

Para el manijero, el ministerio público solicita 3 años de prisión y una multa de 10 meses con cuota diaria de 12 euros al considerarlo como cooperador necesario para la comisión de los delitos, pues era «conocedor» de las condiciones laborales ilícitas en las que se encontraban sus compatriotas adultos y menores de edad. El investigado era el que se encargaba de hacer de intermediario en el reclutamiento de las cuadrillas de trabajadores y además era empleado de la empresa. 

Según su abogada, su cliente niega las acusaciones que se le imputan. Su versión es que las parcelas son muy grandes y no están cercadas, por lo que puede acceder cualquiera, y, en el caso de los menores, que eran hijos de los temporeros que «s e habían escondido en el coche» para viajar a España y que se habían puesto a recolectar los ajos por su cuenta porque se cobra por cajas.