Solicitan la nulidad de pleno derecho del 'basurazo' de Badajoz por incumplir el plazo de exposición pública

«El expediente del ‘basurazo’ desapareció del tablón de anuncios durante parte de su plazo de exposición», dice José Manuel Núñez, presidente de Facua Extremadura. Ante esta situación reclamó al ayuntamiento y, según él, tras ello se publicó el bando de alcaldía informando de la ampliación del mencionado plazo.

La nueva tarifa del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y asimilados continúa con su tramitación y se prevé que en abril se comience a cobrar a todos los hogares pacenses. La ordenanza se publicó el día 27 de ese mismo mes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y a partir de ese momento se debía someter a exposición pública durante 30 días hábiles para posibles alegaciones. Este plazo finalizaba el 15 de enero. Durante este tiempo, José Manuel Núñez apreció que ese expediente no estaba en el tablón de anuncios virtual en la sede electrónica. «Fue a finales de año cuando dejó de estar expuesto. Ni los informáticos lo encontraron», asegura. Por este motivo, hicieron «un escrito solicitando información sobre el lugar en el que se alojaba este expediente». A ninguna de las peticiones de información Facua ha recibido respuesta del ayuntamiento. 

Ampliación del plazo

Ante esta situación, el consistorio intentó solventar este problema con la ampliación del plazo de exposición pública. En el bando de alcaldía que se publicó el día 16 de este mismo mes, indican que tras constatar que se ha producido «una incidencia técnica en la exposición pública» de esta ordenanza durante el periodo entre el «día 1 de enero de 2025 hasta el día 10 de enero» se procede a la ampliación del plazo «hasta el día 27 de enero».

Desde la asociación de consumidores denuncian que no se les ha informado de estas acciones para solventar el error, «siendo nosotros quienes hemos reclamado», dicen. Asimismo, recuerdan que «para ampliar el plazo no solo lo tiene que determinar el alcalde, sino que tiene que publicarlo en el BOP, en el periódico de mayor tirada en la provincia y exponerlo 30 días», dice Núñez. Por este motivo, pide la retroacción del proceso y comenzar de nuevo con la exposición pública. Esto significa el reinicio de este plazo para presentar alegaciones y que comience a contarse desde cero los 30 días correspondientes.

«¿Ataque informático?»

Desde esta asociación, cuestionan que «ese fallo informático» haya ocurrido. Dicen que «habría que investigar la desaparición de un anuncio de una sede electrónica. ¿Ha habido un ataque informático?». Por ello, explica que todos los documentos oficiales que se suben a una plataforma como la mencionada sede tienen un número de registro y una identificación alfanumérica.

Esta recibe el nombre de hash y es, haciendo un símil con el mundo de la automoción, como el número de bastidor, que desde que se asigna el número permanece imperturbable. «Si analizas el hash del documento del anuncio del 22 de noviembre no coincide con el número que aparece en el subido el 10 de enero. Aparece con otro diferente», dice José Manuel Núñez. 

Desapariciones reincidentes

Esta no es la primera vez que ocurre algo similar en la tramitación de una ordenanza controvertida según detalla Núñez. «Con el ‘tarifazo del agua’ acudí al tablón de anuncios físico del ayuntamiento con un notario y comprobó que no estaba expuesto», afirma con rotundidad. De este modo, insta a investigar ambas desapariciones, ya que asegura que «si sucediera en Madrid u otro sitio sería motivo de escándalo». 

Al mismo tiempo, reclama la atención del resto de grupos políticos de la corporación: «Deberían decir algo, si no lo hacen ahora tendrán que dar una respuesta más adelante, porque esto no es un mero fallo informático», dice el presidente de Facua. 

Desde esta asociación de consumidores, instan al alcalde «que tenga talante conciliador y se reúna con nosotros. Creemos que la tasa debería calcularse conforme al número de habitantes de cada vivienda. Es lo más justo», dice.

Respuesta municipal

Desde el ayuntamiento afirman que se ha debido a «una incidencia informática». Como detallan «la página se ‘ha caído’ durante un periodo que es el correspondiente a la ampliación del plazo. Por tanto, se va a cumplir con el tiempo de exposición» establecido, zanjan.

Las claves para entender la nueva tasa

A partir de abril de 2025 los ayuntamientos españoles están obligados a cobrar una tasa por la gestión de los residuos. Viene recogido en la Ley 7/2022, del 8 de abril. En ella se plasma que tanto consistorios como entidades privadas tienen que imponer una tasa específica y no deficitaria para cubrir el coste que se genera de esta gestión.

Hasta ahora, los pacenses no pagan específicamente por la basura que generan, pues este servicio estaba incluido en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde 1992. Cuando en el consistorio se empezó a hablar de la incorporación de esta nueva tasa se anunció el estudio de la rebaja del IBI.

Los pacenses pagarán una media de 90,30 euros al año por la nueva tasa de basura. Esta cantidad se calcula a través de una cuota fija, valorada en 61,44 euros más otra variable en función de la superficie de la vivienda. La parte variable se bonificará al 50% para las familias numerosas. Según informó Javier Gijón, concejal de Economía, la cuantía total irá desde un mínimo de 69,68 euros hasta 106,79 euros al año por vivienda.

El día 22 de noviembre de 2024 se aprobó de manera provisional en un pleno extraordinario. Tras ello se publicó el 27 de noviembre el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Según marca la ley, esta ordenanza tiene que estar expuesta al público durante 30 días. El plazo hubiera terminado el 15 de enero, pero con los contratiempos informáticos permanece en este periodo hasta el próximo día 27 de enero.