«El organismo Restaura ha venido a cubrir un vacío en muchos municipios pequeños, al dotarles de seguridad jurídica»

La Diputación de Badajoz carece de competencias en materia de vivienda, aunque sí gestiona las ayudas a pequeños ayuntamientos. ¿Qué papel juega entonces la Diputación en este ámbito?

Efectivamente, la Diputación de Badajoz no tiene competencias directas en materia de vivienda, que son propias de la Junta de Extremadura. Pero eso no significa que permanezcamos ajenos a uno de los grandes retos de nuestro mundo rural: garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente en los pequeños municipios.

Nuestro papel es claro: somos el gran aliado de los ayuntamientos de la provincia, sobre todo de aquellos que disponen de menos medios técnicos y humanos. A través del Servicio de Vivienda y Asistencia Municipal (SVAM), gestionamos y acercamos las ayudas a la ciudadanía, facilitando que las políticas públicas en materia de vivienda no se queden en los papeles, sino que lleguen a quien realmente las necesita.

Durante el último año, hemos tramitado cerca de 500 solicitudes de ayudas para la mejora de la accesibilidad en viviendas, con un presupuesto de 2,2 millones de euros, y más de 2.200 expedientes de ayudas al alquiler, tanto en régimen general como en programas específicos para personas vulnerables. Además, colaboramos en el registro de demandantes de vivienda protegida, siempre desde un modelo cercano, accesible y adaptado a cada realidad local.

En definitiva, aunque no tenemos la competencia directa, sí ejercemos una labor imprescindible de acompañamiento y apoyo a los ayuntamientos y a sus vecinos y vecinas.

El pasado año se puso en marcha el Organismo Autónomo RESTAURA, que vela por la legalidad urbanística. ¿Qué balance hace tras sus primeros 15 meses de funcionamiento?

El balance que hacemos de RESTAURA es tremendamente positivo. No solo porque era un organismo absolutamente necesario en una provincia como la nuestra, con más de 130 pequeños municipios adheridos, sino porque en apenas 15 meses ha demostrado ser una herramienta útil, eficaz y cercana.

RESTAURA nació con una vocación muy clara: garantizar la protección de la legalidad urbanística, no para sancionar, sino para asesorar, acompañar y ayudar a los ayuntamientos y a la ciudadanía a regularizar situaciones y a gestionar mejor su suelo y su patrimonio.

En este tiempo, se han tramitado ya más de 380 expedientes urbanísticos y se ha consolidado una estructura técnica con 19 profesionales especializados que trabajan desde diferentes puntos de la provincia: Badajoz, Mérida, Guareña, Cabeza del Buey y Monesterio.

Pero, además, RESTAURA ha sido pionero en firmar convenios de colaboración con la Guardia Civil, la Fiscalía o el Colegio de Registradores, lo que refuerza su papel como organismo de referencia en esta materia.

Creo sinceramente que RESTAURA ha venido a cubrir un vacío que existía en muchos municipios pequeños, dotándolos de seguridad jurídica, de asesoramiento especializado y de herramientas para garantizar un desarrollo urbanístico ordenado y sostenible. Y ese, sin duda, es un paso fundamental para que nuestros pueblos sigan teniendo futuro.

¿Qué factores sociales y económicos han motivado la presentación de una nueva Ley de Vivienda en Extremadura por parte del PSOE?

Extremadura tiene un problema de vivienda y el gobierno de Guardiola es incapaz de poner encima de la mesa soluciones. Hay muchos motivos, en nuestra tierra no se aplica la Ley Estatal de Vivienda y no se declaran zonas tensionadas, se eliminan impuestos a los propietarios de cinco o más vivienda o se aplican rebajas fiscales solo para quienes ya pueden comprarse una casa. Todo eso lo único que hace es disparar la especulación y agrava el problema. El PSOE es un partido responsable y de gobierno y, ante la inacción del gobierno del PP, estamos en la obligación de presentar esta ley.

¿Qué objetivo se persigue al declarar la vivienda como el «quinto pilar del Estado del Bienestar»?

Ni más ni menos que cumplir con la Constitución que consagra que todos los españoles y españolas tenemos derecho a una vivienda digna. Ese derecho está en peligro ahora en Extremadura. Guardiola pone viviendas en manos del mercado y eso perjudica a los extremeños y extremeñas. En nuestra tierra se da una paradoja: hay gente sin casas y casas sin gente. Eso no puede ser.

¿Qué medidas plantea la ley para aumentar el parque de vivienda pública en la región?

El objetivo de nuestra ley es garantizar el acceso a la vivienda para personas con más dificultades y ahí juega un papel fundamental la vivienda protegida. Proponemos aumentar la inversión de la Junta con dinero público para construir vivienda pública en suelo dotacional. Pero lo más importante es blindar la vivienda protegida.

¿Cómo se pretende limitar la especulación con las viviendas protegidas?

Blindando la calificación como vivienda pública, que no caduque, que sea permanente. Dicho de otra forma, en nuestra ley reclamamos que se blinde la vivienda pública, que no se pueda especular con ella como otro tipo de vivienda cuando pase determinado periodo de tiempo. Solo así podremos acabar con la especulación que se da también en este tipo de inmuebles.

¿Qué significa que se puedan declarar ‘zonas tensionadas’ en Extremadura y qué implicaciones tiene?

Son áreas en las que el precio de la vivienda ha subido de forma desproporcionada con respecto al coste de la vida, es decir, hay una disfunción. Por ejemplo, es lo que sucede en Cáceres, donde a principios de abril los estudiantes hicieron huelga y los vecinos salieron a la calle. Lo que pedían es muy sencillo: que Guardiola aplique la Ley de Vivienda y declare la zona como tensionada. Es lo que podría hacer el PP para facilitar el acceso a una vivienda digna por que así se podría limitar los precios del alquiler e incentivar la oferta de vivienda asequible.

¿Qué papel juega la rehabilitación de los cascos antiguos en esta propuesta legislativa? Badajoz es uno de ellos…

Una de las medidas que recoge nuestra propuesta de ley es, precisamente, recuperar los cascos urbanos de nuestros pueblos, sobre todo. Lo que proponemos es que las viviendas cerradas que hay en esas zonas, que son cada vez más, se puedan ceder a la administración durante un tiempo prolongado para que se rehabiliten y se destinen a alquiler de vivienda pública. Es una forma de cooperar con una urbanización sostenible de nuestros pueblos.

¿Qué tipo de fiscalidad plantea para grandes tenedores de viviendas cerradas?

Lo primero que hizo Guardiola cuando llegó a la Junta de la mano de Vox fue eliminar el impuesto que tenían los propietarios de más de cinco viviendas cerradas. Es lo de siempre, cada medida que adopta el PP beneficia a los más ricos, a los que más tienen, y perjudica a las clases medias y trabajadoras, a los que más dificultades tienen para acceder a una vivienda. En nuestra ley proponemos recuperar ese impuesto, solo así se incentiva que esas viviendas cerradas acaben teniendo inquilinos o propietarios y se frene la especulación del mercado inmobiliario para que salgan ganando los de arriba, para que ganen los de siempre.

¿Cuál es el vínculo entre esta ley y la Ley de Reto Demográfico aprobada la legislatura anterior?

Nuestra ley aspira a ser un apoyo al desarrollo de esa ley. Por ejemplo, cuando se recoge como medida la recuperación de los cascos urbanos de nuestros pueblos, lo que se está haciendo es desarrollar la Ley de Reto Demográfico. Este texto, que impulsó el PSOE en la pasada legislativa, es una herramienta perfecta para facilitar el acceso a una vivienda digna, rehabilitar inmuebles vacíos, establecer instrumentos financieros y de ayudas económicas en municipios menores de 3.000 habitantes.

¿Qué respuesta ha dado el Gobierno regional de coalición PP-Vox a esta propuesta de ley?

Como siempre, la callada por respuesta. Al final, PP y Vox gobiernan para una inmensa minoría privilegiada que no representa a la mayoría social de Extremadura. Esa mayoría social pide respuesta al problema de la vivienda y, casi dos años después de gobierno de la derecha y la ultra derecha, la única respuesta han sido privilegios para los más ricos y una indisciplina legislativa con la ley nacional.

¿Por qué considera inviable el plan de construir 3.000 viviendas en dos años propuesto por la Junta?

Es que no lo digo yo ni lo dice el PSOE. A la señora Guardiola le ha dicho que es un plan inviable todo el sector de la construcción al unísono. Desgraciadamente ni hay suelo, ni hay mano de obra ni hay voluntad política real. Es una burla a los ciudadanos decir que se van a construir 3.000 viviendas en solo dos años cuando en el mismo tiempo, en lo que llevamos de legislatura, no se ha construido ni una. Ya le avanzo lo único que va a hacer Guardiola, construir viviendas públicas, pero con los fondos que le van a llegar del Gobierno de España. Si hay vivienda de protección en esta legislatura en Extremadura será gracias a Pedro Sánchez y no a Guardiola.

¿Qué alternativas propone para hacer más asequible la vivienda a los jóvenes?

Ya hemos impulsado iniciativas que, por cierto, han recibido el no del PP de Guardiola. En esta legislatura, el PSOE ha registrado acciones en la Asamblea para que la Junta cree un registro de viviendas y habitaciones asequibles para estudiantes, incentivos también para este colectivo en ciudades con campus universitarios y la promoción de viviendas y residencias asequibles orientadas a los estudiantes. Pues bueno, a todo esto, Guardiola ha votado no. Cuando hay problema, Guardiola siempre demuestra que no es de fiar, y de su gobierno nunca se pueden esperar soluciones para mejorar la vida de los extremeños y extremeñas.

¿Cómo aborda la ley las necesidades específicas de vivienda de estudiantes universitarios en Cáceres y Badajoz?

Esas dos ciudades, las más habitadas de Extremadura, son un ejemplo claro de cómo declarar zonas tensionadas ayudaría a bajar los precios y aumentar la oferta. Supondría un freno a la especulación. Lo que no puede ser es que el PP esté diciendo que la Ley Estatal de Vivienda es mala, cuando ni siquiera se ha aplicado en Extremadura y no se ha dado la oportunidad a demostrar si es válida o no.

¿Cuál es su posición respecto a las medidas fiscales impulsadas por la Junta en materia de vivienda?

Al problema de la vivienda en Extremadura se le suma el problema de la política fiscal de Guardiola. Su objetivo es ayudar a los que más tienen, a los más ricos, a los privilegiados. Eso, indirectamente, castiga a la mayoría social de nuestra tierra. Las medidas de Guardiola solo ayudan a quienes ya tienen muchas viviendas, algunas vacías facilitando la especulación, o a quienes tienen ya el dinero necesario para comprarse una vivienda. En ningún momento, esas medidas fiscales son un impulso para consolidar la vivienda como un derecho irrenunciable o para que se convierta en el quinto pilar del Estado del Bienestar. Es todo un despropósito.

¿Cómo se coordinaría esta ley autonómica con la Ley Estatal de Vivienda?

Primero habría que preguntar al PP y a sus socios de la ultra derecha qué van a votar a esta ley. Mira, estamos ante dos modelos totalmente diferentes. Para el PSOE, la vivienda es un derecho irrenunciable y con el que no se puede negociar. Para el PP y Vox, la vivienda es un negocio, el mercado es el que establece las normas y, cuando eso pasa, pierden los ciudadanos y ciudadanas. Lo que nosotros defendemos es que una familia jamás tenga que destinar más del 30% d ellos ingresos de una casa a pagar la vivienda y los suministros vitales. La diferencia es abismal.

¿Qué rol tendrían los ayuntamientos extremeños en la aplicación de la nueva normativa?

Los ayuntamientos son socios preferentes en la puesta en marcha de esta ley. Estamos hablando del acceso a la vivienda, pero, a la vez, de urbanismo, de diseñar cómo queremos que sean los pueblos y ciudades de Extremadura en los próximos 50 años. Se trata de rehabilitar los cascos urbanos, volverlos a llenar de vida, se trata de impulsar un crecimiento sostenible y ahí los ayuntamientos tienen mucho que decir.

¿Qué calendario legislativo y político se espera para la tramitación de esta ley en la Asamblea de Extremadura?

El pasado 1 de abril fue calificada por la Mesa de la Asamblea de Extremadura y enviada al gobierno de la Junta de Extremadura solicitando conformidad a la tramitación. Ahora, la Junta tiene hasta el 1 de mayo para manifestar su conformidad, basado en si supone un incremento del gasto en el presente ejercicio, y le solicita la emisión de informes de impacto por razón de género, y de impacto por razón de orientación sexual e identidad o expresión de género. Tras ello, y siempre si el gobierno da la conformidad, en el primer pleno hábil de mayo se producirá el debate de totalidad. Y será ahí cuando se vea el interés real de Guardiola en solucionar el problema de la vivienda. Tiene el trabajo que ella no ha hecho: una propuesta de ley completa y concreta elaborada por el PSOE para impulsar un texto que la sociedad extremeña está esperando.