La jueza procesa al hermano de Sánchez "por usar su influencia en beneficio propio" y a Gallardo

La jueza Beatriz Biedma ha concluido su instrucción sobre la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. En un auto de 71 folios al que ha tenido acceso LA CRÓNICA DE BADAJOZ acuerda su procesamiento por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Significa el paso previo para que haya juicio oral. Y supone, igualmente, que no se archiva el caso en la citada fase de instrucción. El proceso abierto continúa.

De este modo, en la resolución, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense también encuentra indicios para sentar en el banquillo, por los mismos delitos, al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y al que fuera exasesor de Moncloa, Luis Carrero; y a otras ocho personas, trabajadoras en la Institución provincial.

La investigación se ha centrado en la designación de Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz tras conseguir el puesto de Coordinación de Conservatorios de música, si bien en la última fase de las investigaciones la jueza también ha indagado en la contratación de Carrero, quien desde principios de 2024 ocupa igualmente una plaza en la Diputación de Badajoz como coordinador de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. La magistrada concluye que su fichaje ha podido servir para dar cobertura de legalidad a la "satisfacción" de las "preferencias personales" de David Sánchez una vez llegó a un puesto que habría sido creado expresamente para él en el órgano provincial.

Descarta fraude a Hacienda

La jueza descarta la existencia de delitos contra la Hacienda Pública y de enriquecimiento ilícito por los que también fue inicialmente investigado David Sánchez. En su resolución, explica que el informe de Hacienda ratificado por los inspectores en sede judicial -tras haberse presentado sin el membrete oficial y sin firmas- concluyó que el músico es residente fiscal en Portugal, y que dicha circunstancia no es incompatible con la condición de empleado público de la administración española.

Añadía Hacienda que sus ingresos están regulados por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y no por el IRPF. "Y lo que es más importante, que aún en el caso de que hubiese sido residente en España, del diferencial de ingresos que resultaría si fuese residente, respecto de los datos declarados como no residente, no se deduciría a existencia de un delito", dice ahora la jueza, porque el supuesto fraude no llegaría a los 120.000 euros anuales.

Con respecto a un enriquecimiento ilícito, el auto subraya que el único incremento en el patrimonio de Sánchez superior a 250.000 euros se encuentra justificado por una donación a su favor por parte de su padre, donación declarada a Hacienda y cuyo pago del correspondiente impuesto también consta. Sobre este punto Biedma también señala que ya se explicó por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el correspondiente atestado que dicho aumento provenía de un error de cálculo, donde se confundió el número de acciones con el valor en euros de las mismas, "dato que fue confirmado por la información aportada por la correspondiente entidad bancaria".