Siete investigados por alterar pruebas de la tuberculosis al ganado en una explotación de Badajoz

La Guardia Civil, en colaboración con veterinarios del Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, ha investigado a siete personas por presuntamente alterar pruebas sanitarias al ganado en una explotación de Badajoz. Se les investiga como presuntos autores de delitos contra la salud pública, maltrato animal, intrusismo profesional, estafa y pertenencia a grupo delictivo.

La investigación, según han informado este jueves fuentes de la comandancia, se inició el pasado mes de octubre, cuando se tuvo conocimiento de las pruebas de saneamiento de detección de tuberculosis bovina que se llevaban a cabo por el Servicio de Sanidad Animal de la Junta en estas instalaciones. Con el objetivo de verificar que las pruebas no se estuvieran alterando, los agentes inspeccionaron la explotación dentro de periodo establecido para la detección de la enfermedad, es decir, durante las 72 horas siguientes a la inoculación del antígeno específico, que, en caso de ser positivo, produciría una reacción local inflamatoria inducida.

Pese a que durante este proceso no se puede administrar fármaco alguno a los animales para evitar alteración en los resultados, los agentes sorprendieron a cuatro trabajadores manipulando medicamentos.

Algunas reses se encontraban ya en un corral tras haber pasado por una “manga o cepo”, y otras aún se estaban dentro, donde los operarios reducían su espacio de movilidad, supuestamente para facilitar la observación de la zona previamente inyectada por el antígeno, que, en caso de hallar inflamación, administrarían medicamento para contrarrestarla. De esta manera, según La Guardia Civil, evitarían que en la próxima inspección de los veterinarios fuera detectada la enfermedad. 

Al revisar las reses junto a los veterinarios, detectaron un positivo en tuberculosis e intervinieron una jeringuilla en un contenedor de deshechos que ya había sido utilizada. Una vez analizados los restos de su contenido, se constató que se trataba de un corticosteroide antiinflamatorio con una amplia gama de efectos secundarios. 

También en las instalaciones hallaron numerosos medicamentos de uso veterinario y humano (incluso caducados) con útiles esenciales para su administración, cuya tenencia no se pudo justificar ni acreditar la trazabilidad de algunos de ellos.

La finalidad de esta práctica, según la Benemérita, sería evitar la inmovilización de los animales, que se verían expuestos a un seguimiento riguroso con el objetivo de controlar la propagación de la enfermedad y garantizar la protección de la salud pública, con las pérdidas económicas que esto supone al ganadero.

Ante estos hechos, se inmovilizó el ganado y se investigó a los cuatro trabajadores sorprendidos como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, maltrato animal, intrusismo profesional, estafa y pertenencia a grupo criminal, así como a los tres administradores solidarios de la empresa que gestiona la explotación ganadera por un delito contra la salud pública.

Del caso ya se ha dado traslado a los juzgados de Badajoz.