Dos de los acusados de regentar 'narcopuntos' en el Cerro de Reyes y La Uva pactan la condena

Dos de los tres acusados de regentar dos ‘narcopuntos’ en las barriadas del Cerro de Reyes y La Uva en Badajoz han aceptado condenas de 2 años y 9 meses de prisión y multas de 1.000 euros para cada uno, tras alcanzar un pacto con la fiscalía. La Audiencia Provincial ha dictado sentencia de conformidad para ellos dos, mientras que el tercer procesado, que ha negado los hechos, afrontará el juicio en solitario.

La sentencia recoge, además, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, el decomiso de los efectos intervenidos y el abono de un tercio de las costas procesales. Los dos acusados que se han conformado están representados por los letrados Rosa Dorado y Raúl Montaño, mientras que el tercero está asistido por José Duarte.

Antes de retirarse, ambos han respondido a preguntas de la defensa del acusado para el que sigue el juicio, afirmando que no lo habían visto traficar con droga. Para este procesado, la fiscalía mantiene la petición inicial de cinco años de prisión y multa de 1.000 euros por un presunto delito contra la salud pública.

Contexto del caso

Según el ministerio público, los tres acusados gestionaban dos viviendas presuntamente habilitadas como puntos de venta de cocaína y heroína, con habitáculos bunkerizados, planchas metálicas, desagües para eliminar droga y sistemas de videovigilancia.

En los registros practicados en diciembre de 2022 en estos dos inmuebles, en uno de ellos se localizó a consumidores en el interior, libretas de anotaciones, balanzas de precisión, dinero escondido y un circuito de cámaras, mientras que en el otro apenas se hallaron restos de droga y una bañera impregnada de amoniaco que, según la investigación, habría servido para deshacerse de sustancias. El valor total de lo incautado se cifró en algo más de 500 euros.

Renuncia de testigos

El ministerio público ha renunciado a la declaración de 47 de 69 testigos citados entre este lunes y hoy, al considerar que ya no son necesarios tras las conformidades. Solo ha comparecido un testigo, quien ha reiterado en sala lo que ya había manifestado en fase de instrucción: que fue presionado por agentes policiales para identificar al tercer procesado como uno de los implicados, bajo la amenaza de perder la custodia de su hijo. La defensa ha pedido que se escuchara también al resto de testigos descartados, para determinar si han sido presionados o por los agentes, pero la sala lo ha rechazado.

Por otra parte, el tribunal ha aceptado que el acusado que mantiene el procedimiento declare en último lugar, tras la práctica de todas las pruebas. Según su abogado, esta decisión refuerza su derecho de defensa, al permitirle contestar a lo que se desprenda de las declaraciones testificales y periciales.

Próximas sesiones

El juicio se celebra con refuerzo de seguridad en el edificio de la Audiencia Provincial debido al número de personas que había citadas, más de un centenar entre policías, testigos y peritos. La vista está señalada hasta el viernes, con la previsión de que en los próximos días declaren los 22 testigos restantes y varios agentes de Policía Nacional y Local. Para el final de la semana está programada la intervención de los peritos del Instituto de Toxicología, responsables del análisis y la tasación de las sustancias incautadas.