Las agresiones a trabajadores públicos aumentan un 44 % en Extremadura

Las agresiones a trabajadores públicos en Extremadura siguen creciendo. En 2024 se registraron 78 casos frente a los 54 del año anterior, un incremento del 44% según los datos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta. La mayoría ocurrieron en residencias, centros sociosanitarios y de educación especial, donde el personal trabaja directamente con usuarios que requieren atención constante.

Ante esta situación, la Unión Sindical Obrera ha presentado este martes en Badajoz su campaña “Agredirme no es la solución. Respetarme, sí”, con la que busca visibilizar la violencia que sufren los empleados públicos y reclamar medidas de protección reales.

“Lo que pedimos es respeto para quienes atienden los servicios públicos”, ha señalado Ana Avilés, secretaria de Prevención y Salud Laboral de USO, quien ha recordado que en 2024 se notificaron más de 17.000 agresiones a empleados públicos en toda España y que este año dos trabajadoras murieron, una de ellas en un centro de la capital pacense.

El sindicato considera que las agresiones no son hechos aislados, sino el reflejo de "un sistema preventivo débil". Según USO, en muchos centros las evaluaciones de riesgos se hicieron entre 2009 y 2012 y nunca se han revisado. Esa desactualización se suma a "la falta de personal y de formación, la ausencia de protocolos eficaces y la infradotación del propio Servicio de Prevención de la Junta". “Queremos que la ciudadanía entienda que detrás de cada uniforme hay una persona que merece volver a casa sin miedo”, ha insistido Avilés.

El 90% son mujeres

El secretario general de USO Extremadura, Luis Manuel Gil, ha añadido que el 90% de las víctimas son mujeres y más del 70% tiene contratos temporales. A su juicio, esta precariedad agrava la sensación de desprotección de quienes sostienen este tipo de servicios. Gil ha explicado que muchas agresiones ni siquiera se registran de manera oficial. “Los trabajadores las anotan en los libros de incidencias, pero no llegan a las estadísticas. Así parece que el problema no existe”, ha señalado.

Según el sindicato, los datos de las memorias del Servicio de Prevención confirman esa preocupación. La mayoría de estos incidentes se produjeron en centros del SEPAD y unidades con usuarios con trastornos cognitivos. Casi el 85% ocurrieron en residencias y centros sociosanitarios, y más de uno de cada diez provocó una baja laboral. Las agresiones fueron principalmente físicas o verbales, con empujones, mordeduras, arañazos y amenazas durante tareas de atención directa.

USO advierte de que el problema se ve agravado por la falta de medios en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En 2024 la Inspección de Trabajo emitió un requerimiento formal a la Junta tras las denuncias del sindicato. En él se constata un déficit estructural en la gestión preventiva y se reclama la incorporación inmediata de 21 técnicos especialistas y tres técnicos de salud laboral, la presencia de psicólogos para atender los riesgos psicosociales, la convocatoria de los comités de seguridad y salud y la actualización de los protocolos frente a agresiones. “El requerimiento está ahí, pero no se ha cumplido. Solo hay un psicólogo para más de 15.000 empleados públicos”, señaló Gil, quien acusa a la Administración de mirar hacia otro lado. La Inspección también advirtió de que el incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones graves según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

La organización ha puesto sobre la mesa una serie de medidas para revertir esta situación. Reclama la actualización inmediata de todas las evaluaciones de riesgos, la aprobación de un reglamento de funcionamiento común para los centros de atención continuada, la fijación de ratios mínimas de personal y la cobertura automática de bajas, además de un protocolo de apoyo psicológico y jurídico inmediato a las víctimas de agresiones. También exige que todas las incidencias se registren de forma obligatoria y transparente, con la creación de registros públicos y observatorios que permitan conocer la magnitud del problema. “Lo que no se nombra no se protege”, recalcó Avilés.

USO ha comenzado ya a visitar centros de la región dentro de la campaña “Agredirme no es la solución. Respetarme, sí”. Los delegados explican cómo comunicar una agresión, qué pasos seguir y qué apoyo deben exigir. Según el sindicato, alrededor del treinta por ciento de los centros autonómicos —unos 42— ya han sido visitados, lo que representa a más de 3.500 trabajadores. “Queremos que cada trabajador sepa cómo actuar y reciba apoyo real”, destacó Gil.