Sin éxito
Horus Desokupa intenta mediar de nuevo en las dos vivienda con inquilinos ilegales del Casco Antiguo
La empresa regresó este lunes a los domicilios de la calle San Pedro de Alcántara, donde permanecen un hombre y una mujer desde hace meses
El propietario asegura sentirse "desamparado" por la justicia y "sin apoyo institucional"

La Crónica de Badajoz

La empresa Horus Desokupas, que intervino el pasado 18 de septiembre en una vivienda de la calle San Pedro de Alcántara, en el Casco Antiguo de Badajoz, ha regresado este lunes al inmueble. Allí continúan dos personas que, según el propietario, Jesús Gutiérrez, llevan varios meses sin pagar alquiler, luz ni agua.
Los ocupantes —una mujer y un hombre, ambos de nacionalidad ucraniana según fuentes consultadas— no fueron desalojados en la primera intervención, ya que la empresa no ejecuta desalojos forzosos, sino mediaciones extrajudiciales. Tras la nueva tentativa de este lunes, aseguran que siguen intentando alcanzar un acuerdo que permita la salida voluntaria de los inquilinos mientras continúa el proceso judicial.
El propietario, visiblemente cansado, sigue reclamando responsabilidades. En declaraciones a este medio relata el calvario que dice llevar viviendo desde hace meses. Todo comenzó hace un tiempo, cuando según narra, Cruz Roja contactó con él para alquilar dos viviendas situadas en el mismo bloque. La organización, asegura, le garantizó que se haría cargo si surgía algún problema. Según Gutiérrez, esos compromisos no se cumplieron. “Cruz Roja se desentendió totalmente del asunto”, afirma.
El propietario aegura que los dos inquilinos dejaron de pagar el alquiler a los pocos meses de entrar. “Él lleva año y algo, y ella puede llevar nueve o diez meses sin pagar”, explica. Añade que también dejaron de abonar la luz y el agua desde el año pasado, y que, afirma, ambos reciben el ingreso mínimo vital, una ayuda estatal destinada a garantizar recursos básicos a personas o familias sin ingresos suficientes. Según Gutiérrez, incluso el marido de la mujer, que reside en Ucrania, le envía dinero en ocasiones. Dice que los inquilinos le mostraron esas ayudas para poder firmar el contrato de arrendamiento, por lo que considera que sí contaban -y cuentan- con medios para afrontar el alquiler.

251020EXT_Andrés Rod (225763768).jpg / Andrés Rodríguez
Acuden cada dos días
Desde la empresa de Horus Desokupas, uno de sus responsables, Juan Carlos González, explica que actúan “dentro de la legalidad” y que su trabajo se basa en la mediación. Detalla que las intervenciones comienzan con llamadas a la puerta y que, si no hay respuesta, pueden volver cada 25 minutos para intentar un nuevo contacto. En el caso de estos dos inquilinos, los mediadores vienen "prácticamente cada dos días, porque es parte del trabajo de presión”, asegura.
La empresa no puede tirar la puerta abajo ni entrar por la fuerza. "Todo lo que hacemos se enmarca dentro de la ley", dice González. Aun así, este mediador reconoce que los ocupantes se mantienen cerrados en banda y que ponen “todo tipo de excusas para no marcharse”:que no tienen recursos, que no entienden el idioma o que necesitan más tiempo, pero, según él, “mientras tanto siguen viviendo gratis”.
Desde Horus afirman que se les han ofrecido medidas y ayudas de todo tipo —incluidas compensaciones económicas y plazos flexibles por parte del propietario—, aunque todas las propuestas, aseguran, han sido rechazadas. Al negarse los inquilinos a aceptar, pierden esas oportunidades cuando el proceso judicial avanza. Porque, como señalan desde la empresa, “tarde o temprano saldrán, ya sea dentro de unos meses o de un año, cuando haya un alzamiento judicial y tengan que irse por la fuerza con la Policía Nacional si hace falta”.
Por su parte, el propietario Jesús Gutiérrez respalda el trabajo de la empresa y lamenta la lentitud del proceso. Asegura sentirse “sin apoyo institucional” y sostiene que los inquilinos “utilizan las ayudas sociales sin cumplir con sus obligaciones”.
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