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Piden que se modifique la ordenanza para que el criterio no sea la superficie de la vivienda

Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva

La organización de consumidores Facua, la Federación de Asociaciones de Vecinos y la Plataforma de NUS ponen a disposición de los ciudadanos el escrito que pueden presentar ante el ayuntamiento

Juan Carlos De Lima, Anselmo Solana y José Manuel Núñez.

Juan Carlos De Lima, Anselmo Solana y José Manuel Núñez. / A. M. R.

Ascensión Martínez Romasanta

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Aunque muchos ciudadanos de Badajoz ya han recibido el recibo para abonar la nueva tasa de basuras y la han pagado, hay quien confía en que no todo está perdido y que aún puede anularse. La Federación de Asociaciones de Vecinos Siglo XXI, la organización de consumidores Facua y la Plataforma de Núcleos Urbanos Secundarios (NUS) han iniciado una campaña para animar a los vecinos a que presenten ante el ayuntamiento recursos de reposición una vez abonado el importe, para que proceda a su reintegro. Piden además que modifique la ordenanza para que el criterio del cálculo de este gravamen no se base en la superficie de las viviendas o locales, sino en otra pauta que consideran más justa, como pudiera ser el número personas empadronadas.

El modelo de recurso está a disposición de los ciudadanos de Badajoz en las sedes de las asociaciones de vecinos, en la plataforma de Facua, redes sociales y el próximo domingo instalarán una mesa informativa en el mercadillo de El Nevero, donde también se repartirán. Los recursos se tienen que presentar con la copia de la liquidación en el ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que llega el recibo al domicilio. Es un trámite gratuito. La campaña se desarrollará durante todo el mes de noviembre.

‘Quien contamina paga’

El escrito se basa en la directiva europea (de la que emana la ley nacional) que establece que esta tasa para cubrir el gasto de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos, debe regirse por el principio de ‘quien contamina paga’. En Badajoz tiene una parte fija y otra variable, que se determina según la superficie de la vivienda o del local. «Sin embargo, el hecho de que una vivienda tenga una superficie más amplia no implica necesariamente una producción superior de residuos, ya que esta depende fundamentalmente del número de personas que la habitan y de sus hábitos de consumo». «Por tanto - continúa el recurso, el método de cálculo de la cuota de la tasa no se ajusta al principio mencionado, cuyo objetivo es que soporte una mayor carga quien más contamina». Esta reclamación se sustenta además en el artículo 31 de la Constitución (según el cual, todos los contribuyentes contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo).

325 alegaciones

Anselmo Solana, presidente de la federación vecinal, recordó que estas tres organizaciones iniciaron una campaña para manifestar su posición en contra de los criterios de la ordenanza que regula «el basurazo», que en Badajoz entró en vigor el 1 de abril y que ha provocado quejas entre ciudadanos y empresas. Se presentaron 325 alegaciones. El ayuntamiento solo admitió 2, de dos vecinos que no hacen uso del servicio de recogida porque sus viviendas no tienen ningún punto cercano de contenedores. La ordenanza se aprobó y entró en vigor.

En estos momentos se están recibiendo liquidaciones en distintos barrios. No han llegado a todos. Según Solana, hay contribuyentes que se quejan de que se calcule sobre la superficie construida en lugar de los metros útiles.

Quejas está habiendo en otros municipios. Existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León que ha echado para atrás la ordenanza de León, pero ha sido por un defecto de forma, pues no se cumplieron los 30 días de exposición pública (solo 29). Según Solana, se están presentando recursos de reposición en otras ciudades y hay alcaldes «que se están replanteando» introducir cambios en la ordenanza, que es lo que piden en Badajoz. Es el caso de Madrid, donde el ayuntamiento (del PP) tendrá en cuenta el número de empadronados, como también la bajada del IBI, a la que el equipo de gobierno municipal en Badajoz se niega.

Como representante de los NUS, De Lima razonó que no es justo pagar dos recibos por la primera y la segunda vivienda, pues no se vive en ambas al mismo tiempo, por lo que lo lógico es hacerlo donde se está empadronado. Apuntó además que debería haber incentivos para fomentar la cultura del reciclaje. «Nadie se opone a pagar, porque el servicio se tiene que prestar, pero es razonable que si yo reciclo, debo recibir una contraprestación».

Por su parte, el presidente de Facua explicó que tienen una plataforma nacional y han empezado en Madrid y Badajoz. Núñez hizo un llamamiento: «no nos podemos quedar en un comentario en las redes sociales, la forma de decir al ayuntamiento que no estamos de acuerdo es presentar miles de recursos».

La OCU ha presentado una denuncia en Europa

El movimiento contra la nueva tasa es nacional. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) venía alertando de la irregularidad de este nuevo gravamen y ahora lo ha denunciado ante la Comisión Europea, porque no respeta el principio de quien contamina paga de la directiva europea de residuos. En España la transposición de la directiva se realizó con la aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que establecía la obligación para municipios de más de 5.000 habitantes de establecer una tasa de gestión de los residuos que reflejara el coste real de la gestión aplicando el citado principio. A pesar de esta obligación, «la aplicación de la citada tasa no se ha hecho de forma correcta», según esta organización. Los estudios de OCU ponen de manifiesto que ayuntamientos como los de Badajoz, los de Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y Zamora, aplican una tarifa fija todos los contribuyentes. En su denuncia a la Comisión Europea, la OCU pide que «se evalúe si la transposición realizada por los todos municipios de España se ajusta al contenido y al espíritu de la directiva mencionada y que en caso de detectar incumplimiento, se insta a iniciar el procedimiento correspondiente.

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