El juicio contra diez okupas del viejo estadio José Pache de Badajoz se celebra este miércoles

Diez okupas del estadio de fútbol José Pache de Badajoz están citados este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 2 para ser enjuiciados por residir de forma ilegal en estas antiguas instalaciones deportivas. Todo están acusados de un delito leve de usurpación, por el que, además de a ser desahuciados de manera forzosa, se enfrentan a penas de entre 3 y 6 de multa.

La Junta de Extremadura, propietaria del campo de fútbol, presentó una denuncia penal contra ellos por ocupación ilegal hace casi 2 años (el 23 de diciembre de 2023), en la que alegó que este recinto no es apto para ser habitado, al no contar con agua ni electricidad y por el riesgo que existe de que los muros y construcciones se vengan abajo.

El Gobierno regional, en su denuncia, expuso que había tratado que estas personas se marcharan del viejo estadio de forma voluntaria, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a otras alternativas habitacionales, sin que hubieran aceptado.

Este juicio ya se suspendió el pasado mes de marzo porque los denunciados no tenían abogados, por lo que se les han designado letrados del turno de oficio.

El antiguo estadio José Pache, ubicado junto al cementerio de San Juan, lleva sin uso desde hace 11 años, casi los mismos que ha venido siendo utilizado por distintas personas para vivir.

La Junta anunció su derribo y en enero de 2023 se iniciaron las primeras demoliciones. Se derribó parte del muro perimetral, pero los trabajos se paralizaron a la espera de encontrar una solución para realojar a los okupas.

A principios de diciembre de ese mismo año, dos de ellos resultaron gravemente heridos tras un incendio intencionado que provocó otro compañero, que ha sido condenado recientemente por asesinato en grado de tentativa. Entonces, los bomberos realizaron un informe demoledor sobre el estado de las instalaciones, que concluía que debían ser desalojadas y clausuradas de «inmediato».

Las personas que residían entonces en el José Pache se negaron a marcharse de manera voluntaria y la Junta de Extremadura acudió a los juzgados para solicitar una orden de desahucio. Además, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda retiró las cubiertas de uralita con amianto en zonas distintas a las dependencias okupadas, que están en la parte superior del recinto y en un habitáculo de la baja.

Los planes de la Junta de Extremadura son demoler por completo las instalaciones una vez que se desalojen, para lo que habrá que esperar a la decisión del juez.