Juicio visto para sentencia en la Audiencia
El acusado de llevar 240 kilos de 'coca' en un camión de empanadillas congeladas en Badajoz : "Lo cogí ya cargado"
La fiscalía pide para él 9 años de cárcel y 33 millones de multa por un delito de tráfico de drogas y 9 meses por conducir «por octava vez» sin carné
La defensa, que ha impugnado el volcado de los móviles y el peritaje de las sustancias intervenidas, alega "falta de garantías" en el proceso

El acusado, en el centro, este martes durante el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz. / LA CRÓNICA

«Yo estaba tranquilo de que no llevaba nada y luego me llevé la sorpresa». Es lo que declaró este miércoles ante el tribunal el camionero acusado de transportar 240 kilos de cocaína de gran pureza en un camión frigorífico con cajas de empanadillas congeladas, que fue detenido, en noviembre de 2024, en un control rutinario de la Policía Nacional de Badajoz en la A-5, a la altura de la salida a Cáceres. «Yo cogí el camión cargado, solo para echar gasoil y salir pitando», aseguró.
Además de la droga, que fue localizada en un portapalets por un perro de la Unidad de Guías Caninos, en el camión se hallaron 82.000 euros en metálico y tres teléfonos móviles. El camionero fue detenido y el juzgado decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza hasta la celebración del juicio, que quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz.
El acusado, que solo respondió a las preguntas de su abogado, José Duarte, señaló que su ruta de trabajo habitual era Madrid-Valencia, pero que la empresa para la que trabajaba le había pedido que recogiera una carga en Portugal porque había fallado otro camionero, a lo que accedió, desconociendo «absolutamente» que llevara droga, porque por ley los camioneros tienen «totalmente prohibido» cargar y descargar la mercancía que transportan.
Sobre los 82.000 euros intervenidos explicó que eran para pagar una deuda de la casa de la madre de sus hijas, porque las iban a «echar». Además, negó que dos de los teléfonos móviles requisados fueran suyos, sino que pertenecían a la empresa y los utilizaban otros compañeros, lo mismo que el camión, y aseguró que en todo momento había colaborado con la Policía Nacional durante el registro, porque no tenía temor a que encontraran nada.
«De la impresión que le causó, se sentó en el suelo», relató uno de los agentes sobre la reacción del inculpado cuando encontraron el alijo. No obstante, todos los policías coincidieron en que fue su actitud nerviosa cuando le dieron el alto lo que despertó las sospechas y dio pie al registro del vehículo.
El investigado sí reconoció que conducía con el carné retirado, pero no porque «lo hubieran pillado borracho o drogado», sino trabajando y que, aunque reconocía que estaba «mal hecho», lo hizo porque tenía que mantener a dos familias.
En cuanto al uso de la tarjeta de transporte de un tercero, contó que la usaba, con permiso de su titular, para poder circular durante más horas. Este último, sin embargo, en su declaración dijo que se la había olvidado en un camión y que no se había vuelto a acordar.
Su 'modus vivendi'
Para la fiscalía, sin embargo, ha quedado «plenamente acreditado» que sabía que transportaba los 240 kilos de cocaína en el camión, pues, según argumentó, el acusado ha hecho del tráfico de drogas su ‘modus vivendi’, como, a su juicio, demuestran los vídeos, audios y fotografías de los teléfonos móviles que llevaba y el haber sido condenado en Italia, donde también se ha detenido «a un chófer o socio» suyo por hechos similares. Para el ministerio público, su versión está plagada de «teorías absurdas», porque «nadie deja un producto ilícito de tal valor a un desconocido», afirmó.
La droga hubiera alcanzado un valor en el mercado de más de 8 millones de euros vendida en kilos; de 25 millones en gramos y de 61 millones en dosis.
Mover 12 kilos de droga era "calderilla"
Los agentes de la Policía Nacional que ayer declararon en el juicio contra el camionero acusado de transportar 240 kilos de cocaína explicaron que del contenido -fotografías, audios y vídeos- de los dos de los tres teléfonos que se le intervinieron se desprende que «estaba muy implicado en el tráfico de drogas». Así, según relataron, habría realizado viajes por distintos países de Europa, con dos conductores más, que serían sus colaboradores o socios, para transportar «todo tipo de sustancias estupefacientes»: cocaína, hachís, pastillas de MDA, éxtasis y marihuana, aunque esta última la menos. Los investigadores aseguraron que en conversaciones con terceros asegura que el transporta «toneladas» de droga en sus camiones y que mover 12 kilos es «calderilla». De hecho, según señalaron, algunos contactos le llegan a recriminar que envíe fotografías y vídeos con los estupefacientes y dinero y le instan a que tenga «cuidado».
La fiscalía dio por acreditado que el investigado es la persona que aparece en los vídeos, al contrario que la defensa, que se preguntó dónde están las imágenes en las que se ve a su representado e insistió en que esa prueba está impugnada por esta parte. El abogado del procesado, José Duarte, cuestionó que se señalara a su cliente como una persona que traficaba con «toneladas» de droga, cuando ni siquiera se le estaba siguiendo, sino que se le detuvo en un control rutinario y defendió que las pruebas se practican en el juicio oral, lo que no se ha permitido.
El ministerio público solicita para él 9 años de prisión -el máximo castigo- y una multa de 33 millones de euros por un delito de tráfico de drogas, con la agravante de reincidencia, así como 9 meses de cárcel por conducir «por octava vez» con el carné retirado y otros 21 meses por utilizar la tarjeta de transporte de un tercero «con la maldad intrínseca» de que si se tenía que dar a la fuga si era descubierto, investigarían a la persona que figuraba en la documentación y no a él.
"Ni una sola huella"
La defensa reclama su absolución. Según Duarte, en los 240 paquetes de cocaína no se halló «ni una sola huella de su defendido» y en la obtención de las otras pruebas, como el volcado de los teléfonos móviles y el peritaje de la droga -que ha impugnado-, ha habido «falta de garantías».
En este sentido, argumentó que no se le avisó para estar presente en la extracción de datos de los teléfonos, pese a que un auto judicial así lo ordenaba, y que el muestreo y análisis de las sustancias intervenidas fue exiguo, pues de 240 kilos se remitieron 39 muestras a Toxicología de apenas 40 gramos y que no se ha permitido el contra análisis que solicitó por parte de otros peritos estatales y, por lo tanto, no de parte.
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