Jornada de violencia vicaria en Badajoz: solo el 0'23% de los hijos de las víctimas de violencia de género tienen protección especial

Las jornadas sobre violencia vicaria que se celebran en Badajoz ponen el foco en una de las formas "más crueles y menos visibles de la violencia de género", una violencia que "ataca directamente al vínculo más profundo de las personas" y que, como se subrayó desde el primer momento, "solo puede erradicarse si los sistemas de justicia y salud trabajan de manera coordinada y no aislada", aseguraba Ana María González Ortiz, presidenta de la asociación Mujeres Libres, Mujeres en Paz.

Esta entidad nació en Extremadura y se ha convertido en referente estatal en la lucha contra la violencia vicaria. "Nos incorporamos a la problemática de la violencia vicaria por un caso gravísimo que nos derivaron", explica. Desde ese momento su trabajo que antes se basaba en la educación de mujeres a través de la cooperación se centró también en este tipo de violencia hacia la mujer y su familia.

"Ámbito jurídico y sanitario de la mano"

González Ortiz recuerda que desde hace años entendieron la importancia de "que el ámbito jurídico y el ámbito sanitario fueran de la mano", ya que si "funcionan de forma paralela, no vamos a erradicar nunca esta violencia", asevera.

Desde su experiencia como trabajadora social del ámbito de la salud, subrayó que "el sistema sanitario es el sistema más robusto de protección que tenemos para la infancia y para las mujeres víctimas de violencia". Y ha destacado la importancia que tienen los "protocolos de detección" en los ámbitos locales porque es el "primer lugar donde proteger" a quienes sufren esta situación. Además, la presidenta de Mujeres Libres, Mujeres en Paz, ha denunciado una fractura en el proceso: "Cuando la problemática entra en el procedimiento judicial, el sistema de salud deja de operar y las secuelas de las víctimas dejan de atenderse, cuando es un derecho de los niños y niñas ser atendidos desde el primer momento".

"Datos escalofriantes"

González Ortiz ha insistido en que la violencia vicaria "no tiene una sola víctima". "Siempre son las mujeres, porque es una forma de violencia de género, pero siempre hay otras víctimas y, desgraciadamente, las mayoritarias son las niñas y los niños", recordó. "Desde 2015 la legislación española establece claramente que todos los menores que viven en contextos de violencia de género son víctimas, y, sin embargo, no se les está protegiendo como tales".

Los datos, señaló, son "escalofriantes", ha definido. Lo dice en base a unos datos del Consejo General del Poder Judicial, destacaba que "de los casos más graves de violencia con hijos e hijas, solo en el 0,23% se adopta una medida cautelar de protección para esos niños". Algo que vulnera la "legislación vigente", según ella.

Ana María González Ortiz asegura que este tipo de violencia es "sutil e invisibilizada" y se extiende a muchos ámbitos de la vida de las familias: "No llevar a los niños al médico, impedirles tratamiento psicológico, descuidar su higiene o su ropa, o negarles atención sanitaria sabiendo que un profesional va a detectar la violencia", son algunas de las formas que la presidenta enumera.

Asimismo, recuerda que en el caso que dio origen a la asociación, en el que "la víctima fue condenada". Esta mujer estuvo dos años y 114 días sin ver a sus hijas. "Los arrancamientos son una realidad en este país y causan un daño irreparable a los niños", afirma, citando el último informe del Defensor del Pueblo. Y expone la necesidad de actuar: "Tenemos el marco jurídico más avanzado del mundo, pero algo está fallando a la hora de aplicarlo".

"Tratamiento conjunto del ámbito jurídico y sanitario"

Una visión que ha compartido la fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, María Eugenia Prendes, quien califica las jornadas como "muy necesarias y muy complementarias" y que ha añadido la imprescindible del "tratamiento conjunto del ámbito jurídico y sanitario es un acierto imprescindible". "Tenemos leyes muy buenas, pero con una aplicación deficiente y, en ocasiones, con una dotación económica insuficiente".

Prendes ha reconocido que existen "resistencias, mentalidades y estereotipos", pero ha defendido que la clave está en aplicar las leyes y en la formación. "Desde la Fiscalía General del Estado hay un compromiso muy fuerte con la formación en programas de género, y a partir de este año será obligatoria para los fiscales que lleven estos asuntos", explica.

La fiscal subraya la necesidad de un enfoque integral: "No vale poner parches. Considerar a los menores víctimas está bien, pero hay que abordarlo de forma global". En ese sentido, destaca el papel de los sistemas sanitario y educativo como "primer contacto para dar la voz de alarma". "La obligación de proteger a un menor incumbe a todo el mundo", afirma.

La falta de denuncias

Sobre la infradenuncia, Prendes es clara: "Si las mujeres ven que acuden a un juzgado y que allí se les escucha, se les protege y se adoptan medidas ágiles, denunciarán más". Pero advierte: "En ocasiones el sistema se retuerce y lo que parece un avance se convierte perversamente en algo que va en contra de las mujeres". Por ello insiste en que "el derecho penal debe ser la última vía". Así, indica que "todo esto hay que pararlo antes, porque cuando llegamos al derecho penal es porque todo lo anterior ha fallado".

El acto inaugural ha contado con la participación de representantes institucionales que coincidieron en que la violencia vicaria "implica a todos los sectores" y que "cada decisión marca la protección o la desprotección". En el acto han participado José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura; Ara Sánchez, secretaria general de Igualdad y Conciliación; José Luis Alonso Tejuca, Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz; Inocencia Cabezas, Fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Extremadura; Ildefonso Seller, decano del Colegio de Abogados de Badajoz; y Demetrio Pérez, gerente del Área de Salud de Badajoz.

Así, han recordado que desde 2013 hasta 2025 han sido asesinados 65 menores en contextos de violencia de género y que más de 500 niños y niñas han quedado huérfanos. "Los niños no son un daño colateral, son víctimas directas", se ha remarcado.

Las jornadas se desarrollan con un mensaje compartido: "Erradicar la violencia contra las mujeres y proteger a sus hijos solo es posible si justicia y salud trabajan juntas".